Las consecuencias judiciales del referéndum todavía colean más de tres años después. El conseller de Exteriores de la Generalitat, Bernat Solé, se ha sentado este lunes en el banquillo acusado de desobediencia por haber facilitado la votación cuando era alcalde de Agramunt (Lleida). Solé ha negado haber organizado el referéndum y ha negado que cediera la escuela del municipio para la votación.
En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Solé ha enmarcado su apoyo al 1-O en el plano político, en ningún caso logístico. “La titularidad es municipal, pero yo no cedí la escuela para el 1-O”, ha remarcado. Su actuación el día del referéndum consistió en “preservar la seguridad, el orden público y la integridad de los equipamientos”, ha insistido el republicano.
La Fiscalía pide un año y medio de inhabilitación y una multa de 24.000 euros a Solé por haber mantenido una “activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum” pese a “tener claro y cabal conocimiento” de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC), hasta el punto de esconder las urnas y organizar la votación en una escuela del municipio. Todo lo contrario ha sostenido el conseller, que ha alegado que apoyó la ley del referéndum pero que no dictó “ningún acuerdo” para ceder la escuela municipal para la votación.
“No intervine en la logística ni en el movimiento de urnas ni en la constitución de las mesas”, ha apostillado Solé. La versión del conseller la contradice un reportaje de la revista Sió en el que se describe que Solé sí participó en la organización del 1-O, lideró la escondida de las urnas y propuso acabar las votaciones una hora antes. Solé ha negado el contenido del reportaje de la revista, que ha criticado por falta de “exactitud”.
El día 1 de octubre, ha explicado Solé acudió varias veces al centro de votación ante los “rumores” de que intervendría la Guardia Civil, tal y como había ocurrido en pueblos cercanos a Agramunt. Pidió a los particulares, según la versión del conseller, que organizaban la votación que no hubiera enfrentamientos con los agentes para evitar daños personales y en la escuela. Los tres jubilados autores del artículo en la revista han corroborado esta versión, en contra del reportaje que apareció en la publicación. De hecho, Solé rechazó esconder las urnas en un falso techo del lavabo de la escuela para evitar posibles daños, lo que provocó que se llevaran las urnas a un domicilio cercano.
En contraste con el desmarque de la organización del referéndum que ha realizado Solé en la sala de vistas, frente al Palacio de Justicia de Barcelona varios consellers y dirigentes independentistas han arropado al acusado, al que han descrito como “uno de los alcaldes que hicieron posible votar” el 1-O, en palabras del portavoz de ERC, Sergi Sabrià. “La represión no cesa, el Estado español no tiene freno”, ha lamentado la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.
El juicio contra Solé, que sustituyó a Alfred Bosch en Exteriores, se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su condición de aforado. La causa deriva de la ofensiva que lanzó la Fiscalía General del Estado antes del 1-O para impedir el referéndum y que comportó la apertura de investigaciones contra más de 700 alcaldes soberanistas que apoyaban la consulta.
De todas las diligencias que se abrieron, tres años después permanecen vivas tan solo una decena, y además de la de Solé solo una ha llegado a juicio, la causa que afecta a la alcaldesa de Roses (Girona), Montse Mindan (JxCat). También esperan juicio los alcaldes o exalcaldes de Roquetes y Amposta (Tarragona), Alcarràs (Lleida), Castelló d’Empúries y Figueres (Girona) y Collbató y Molins de Rei (Barcelona).