Su escudo luce en la fachada, con una pequeña placa, y en forma de mural en una de las paredes laterales. Entre la bandera catalana y la española queda encuadrada la insignia de los 'Hermanos Caballeros Legionarios', una asociación que desde hace una década ocupa una finca ubicada en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, la de los antiguos cuarteles (las Casernes), y que ahora se enfrenta a un proceso de desahucio. La denuncia para que sean expulsados del inmueble ya está en los juzgados.
“Suelen merodear por aquí a cualquier hora del día, pero ya no hacen esos desfiles de antes”, explica Joaquim Cotrina, vecino de la zona. “A mí no es que me molesten, aunque no simpatizo nada con lo que hacen, pero lo que me alucina es que a las familias las desahucien a la mínima y estos llevan aquí tanto tiempo”, reflexiona.
La historia de la Hermandad de Antiguos Legionarios de Barcelona en estos antiguos cuarteles en Sant Andreu va camino de cumplir diez años, si no los desahucian antes, y es una polémica que implica al Ayuntamiento, a las asociaciones de vecinos y sobre todo al Consorcio de la Zona Franca, la propietaria de los terrenos. Fueron ellos quienes en 2013 les cedieron el solar contiguo al inmueble que ya ocupaban, y donde comenzaron a realizar desfiles, fiestas y misas para pasmo de los transeúntes. El Consorcio, un organismo público que cuenta con la participación del Gobierno, la Generalitat y el consistorio, tenía entonces como delegado especial del Estado al político del PP Jordi Cornet.
La cesión fue polémica no solo por quién era el destinatario, una organización de legionarios veteranos, sino por las condiciones. El Consorcio decidió regularizar esa ocupación del local, que ya se venía dando desde años atrás, con la entrega del solar. Un terreno de 5.000 metros cuadrados y un edificio de cuatro plantas para su uso y disfrute sin coste alguno. Según explicó la propiedad, su ocupación terminaría en cuanto se reactivase el proyecto de urbanización de la zona, que por aquel entonces había quedado paralizado por la crisis económica.
“Nos enteramos de la cesión por casualidad”, recuerda hoy Santi Serra, de la Asociación de Vecinos de Sant Andreu. “El concejal de la época [Raimon Blasi, de CiU] lo soltó en una reunión, como sin querer, y desde entonces y durante todos estos años hemos exigido que se tienen que ir de aquí”, explica este activista, que añade que últimamente ya no celebran desfiles y se limitan a usar solo el local.
A las quejas vecinales se unió en 2016 el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, ya en manos de Ada Colau, que instó al Consorcio a poner fin al convenio. “El destino de ese solar no se consultó y generaba un fuerte rechazo vecinal, puesto que se trata de una entidad que hace apología de un militarismo que está fuera de lugar”, sostiene la concejal del distrito y responsable de Vivienda, Lucía Martín.
En 2019, el Consorcio de la Zona Franca, ya con el socialista Pere Navarro como delegado especial del Estado, reclamó a los exlegionarios que dejasen el lugar. Junto a la Hermandad, figuraban en la cesión otras dos asociaciones: la Hermandad de Sargentos Provisionales y la de Caballeros Mutilados. Estas dos últimas aceptaron una indemnización de 9.500 euros y se fueron. Pero la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios la rechazó y pidió más dinero, lo que llevó a la titularidad, el pasado 21 de enero, a enviarles un burofax advirtiéndoles de que tenían quince días para abandonar el inmueble.
Esas dos semanas se convirtieron en dos meses, pero finalmente el Consorcio de la Zona Franca presentó la demanda de desahucio a finales de marzo. La entidad confirmó el trámite, pero rechazó ofrecer más detalles. Por su parte, la hermandad de exlegionarios ha declinado atender a elDiario.es para este reportaje.
La expulsión de los antiguos legionarios, que por ahora no tiene fecha y está pendiente de la resolución que dicte el juez, es uno de los últimos pasos previos para poder demoler estos antiguos cuarteles y llevar a cabo un proyecto que lleva años estancado. Alrededor de esta parcela ya se ha llevado a cabo una transformación que incluye tres promociones de vivienda pública de alquiler, una escuela infantil y el Espai Jove Jaume Oller, así como un parque y una rambla. En el solar hoy ocupado, la previsión es levantar bloques de pisos privados y algunos equipamientos todavía por concretar.
A pesar de que el titular es el Consorcio, el Ayuntamiento ostenta la propiedad fiduciaria, y se encargará de traspasar la parcela a Adif, que deberá desarrollar el proyecto, según la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de 2006.