En julio de 2011, la pequeña localidad de Moià, situada en el Bages (Barcelona), atrajo la atención de todos los medios de comunicación. Con una deuda de 21 millones de euros para un pueblo de sólo 5.700 habitantes -lo que representaba el 400% de su presupuesto anual-, Moià alcanzaba el triste récord del municipio más endeudado de Catalunya. El nuevo alcalde Dionís Guiteras (ERC), elegido en mayo del 2011 después de 28 años de gestión de ediles pertenecientes a CiU, se encontró con esta herencia catastrófica y anunció que su administración estaba en una situación de quiebra de facto. Ahora, dos años después de la salida del anterior alcalde, la situación ha mejorado aunque el endeudamiento todavía representa el 240%. Pero esta evolución positiva ha tenido un precio: el 40% de los empleados municipales han sido despedidos, los concejales se han recortado el sueldo y la escuela de música ha cerrado.
¿Era evitable esta espiral de deudas? Así lo cree la Asociación vecinal de afectados por la deuda municipal de Moià (ADMM), que ha puesto en marcha el Observatorio Ciudadano Municipal (OCM). Este colectivo trabaja con una herramienta online, programada en código libre, que recoge la información más detallada posible de las cuentas del ayuntamiento y la pone a disposición de los ciudadanos de Moià a través de gráficos que facilitan la comprensión. También se podrán encontrar los detalles del cierre de cuentas que permiten saber cómo se gastó realmente el dinero. Los responsables del Observatorio se comprometen a transmitir al gobierno municipal cualquier aclaración que pidan los ciudadanos a través del buzón de la web.
El caso de Moià es extremo pero la subida del endeudamiento es un fenómeno generalizado en los municipios catalanes en los últimos años: de 4.049 millones de euros en 2008, se ha incrementado hasta los 5.512 millones de euros en 2012, lo que representa una subida del 36%. Es en este contexto que han aparecido los observatorios ciudadanos municipales gracias a la herramienta concebida por la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y que puede ser fácilmente adoptada por otros colectivos. Actualmente hay observatorios ciudadanos en cuatro municipios catalanes (así como en la ciudad de Burgos) pero la PACD prevé que más de una decena de OCM se abran durante los próximos meses.
Exigencia de transparencia
La idea de los impulsores es acostumbrar a la gente a fiscalizar sus gobiernos. “Las facturas del supermercado son a menudo más detalladas que las cuentas municipales”, critica Enric Pons, miembro de la PACD. “Nos hemos encontrado con municipios con un presupuesto de 200 millones de euros que dividen las cuentas en sólo 12 partidas, sin que sea posible conocer más detalles”, añade. La exhaustividad de los datos presentados por estos observatorios ciudadanos dependerá de la buena voluntad de los gobiernos municipales. Esto no preocupa a los impulsores de la iniciativa: “los gobiernos que no den información se pondrán en evidencia”, opina Dídac Rinoldi, portavoz de la ADMM.
El Observatorio de Moià es un paso más de la asociación en su lucha por lograr una mayor transparencia por parte del Ayuntamiento. El alcalde actual ha accedido a involucrar a la población y organiza reuniones públicas cada seis meses en las que explica la situación financiera del consistorio. La ADMM también inició acciones legales contra el anterior alcalde. En concreto, denunció posibles irregularidades producidas en el seno de la empresa municipal MoiàFutur y en otras obras públicas. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas sólo está acusando al exalcalde y dos personas de irregularidades por un valor de 74.000 euros, aunque la ADMM estimaba el importe a 4,4 millones de euros.
Ilegitimidad de la deuda
Antes de la campaña para difundir los observatorios municipales, la PACD promovió mociones que declaran como ilegítima parte de la deuda municipal, en concreto los intereses pagados en el marco del plan de pago de proveedores impulsado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ocho municipios han adoptado esta moción, entre ellos algunos importantes, como Badalona - tercera ciudad de Cataluña - Girona, Sabadell o Cerdanyola del Vallés.
Estas mociones critican que los ayuntamientos tengan que pagar intereses de cerca del 6% a unos bancos que se han financiado al 1% a través del Banco Central Europeo y en algunos casos, instan a los gobiernos municipales a emprender acciones legales para conseguir la nulidad de esta deuda. De momento, sin embargo, estas mociones no han podido ser más que resoluciones simbólicas, puesto que ningún gobierno municipal ha puesto en marcha las disposiciones previstas. La ciudad de Badalona - gobernada por el PP - fue la primera ciudad en tomar esta iniciativa en junio de 2013. “Sabíamos que el alcalde no haría nada”, explica el concejal de ICV-EUiA Alex Mañas. “De nuestro lado, hemos encargado informes a abogados y economistas y los estamos esperando para saber qué acciones podemos emprender”.
El pleno del ayuntamiento de Molins de Rei adoptó el pasado julio una moción que tenía la particularidad de prever una auditoría ciudadana de la deuda municipal. Hasta ahora, sin embargo, no se ha podido llevar a cabo por la falta de participación de los vecinos. “Queremos que sea una iniciativa ciudadana, que no sea dirigida desde los partidos políticos”, apunta el concejal de la CUP, Roger Castillo. En este sentido, espera que el multireferèndum del 25 de mayo, que incluye una pregunta sobre la legitimidad de la deuda pública, vuelva a despertar el interés de los ciudadanos por esta cuestión.