La CUP exige al Govern más gasto en vivienda y sanidad para darle su apoyo

A nadie podrá cogerle por sorpresa que la CUP encare con escepticismo la negociación de los Presupuestos de la Generalitat porque los anticapitalistas llevan desde el verano avisando de su disgusto con las decisiones del Govern. Esta semana el proyecto será aprobado por el Ejecutivo y será remitido al Parlament, donde comenzará la batalla más dura. Tanto ERC como Junts afirman que desean el apoyo de los anticapitalistas, pero estos llegan a esta fase de la negociación con la sospecha de que los planes del Govern pasan por acabar aprobando las cuentas gracias a la abstención del PSC, que se ofrece para ello.

Por su parte, la CUP deja en manos de sus bases si presenta enmienda a la totalidad a la ley, que decidirán en asambleas el próximo fin de semana. Más allá de esta primera decisión, los anticapitalistas han mantenido conversaciones con el Govern y han remarcado sus prioridades en materia de vivienda, su apuesta por reforzar la atención primaria o su oposición a los grandes proyectos turísticos.

La primera dificultad no es de números ni está en el proyecto de ley, sino en el complicado triángulo de acuerdos y equilibrios entre las tres formaciones independentistas. ERC y la CUP llegaron a un acuerdo de investidura que no vincula a Junts, que sin embargo controla la cartera de Economía y deberá plasmar en las cuentas las políticas pactadas. ERC y Junts tienen, por su parte, un acuerdo de legislatura y un plan de gobierno cercano a la CUP. Sin embargo, los socialistas llevan semanas tendiendo la mano si los anticapitalistas fallan, una opción que sectores de Junts ven con buenos ojos. La negociación deberá avanzar, por tanto, a través de esta madeja de intereses cruzados.

Entrando en los números, el primer aspecto en el que las visiones del Govern y la CUP chocan es en materia de vivienda. Para empezar, los anticapitalistas no localizan por ningún lado los 1.000 millones acordados con ERC para destinar a este ámbito. Si se suman todas las previsiones, la CUP calcula que se está hablando de unos 750 millones de euros en total, de los cuales unos 150 son gastos de funcionamiento de organismos. Pero los anticapitalistas aún recelan más de cómo se gastan los 600 millones restantes, de los que dicen que más de la mitad son transferencias directas al sector privado, bien para la construcción de vivienda de alquiler social, a donde irían unos 230 millones de euros, o bien mediante el programa 'Reallotgem', que se hace cargo de los pagos del alquiler de familias a punto de ser desahuciadas.

La propuesta de la CUP es utilizar el derecho de tanteo y retracto, así como otros mecanismos similares, para que la Generalitat amplíe el parque público de vivienda y la destine al alquiler. Según sus cálculos, se pueden sacar al mercado unas 5.000 sin necesidad de hacer obra nueva, a lo que suma un 30% de vivienda de la Sareb que considera que el Govern debería recuperar. Para todo ello, el partido de la izquierda independentista exige que haya partidas presupuestarias concretas, que harían que el global llegase a los 1.000 millones pactados.

La sanidad es otro de los caballos de batalla de la formación que lidera Dolors Sabater. En el capítulo sanitario las reivindicaciones de la formación para dar luz verde al presupuesto tienen dos partes: las internalizaciones de servicios, como el transporte sanitario o el servicio telefónico del 061, y la mejora de la atención primaria. Sobre lo primero, el conseller Josep Maria Argimon se ha comprometido a estudiar caso por caso qué servicios pueden ofrecerse directamente desde la administración, una respuesta que la CUP considera insuficiente.

Pero más complicado aún es la parte de la sanidad primaria, donde los modelos de Argimon y el que defienden los anticapitalistas son prácticamente opuestos. La prioridad del Departamento es que a los centros de atención primaria lleguen sobre todo especialistas. Precisamente la semana pasada el conseller pronunció una conferencia en la que se marcó como objetivo un sistema más integrado, para lo que apostó por incorporar nuevos perfiles profesionales a la atención primaria.

Esta es una inversión que los anticapitalistas reconocen que está en los presupuestos. Pero no les vale. La CUP exige médicos de cabecera, refuerzos de los actuales sanitarios que trabajan en los ambulatorios, personal que sirva, no para ampliar el catálogo de servicios sino, sobre todo, para descongestionar los actuales. Un refuerzo para los equipos básicos que quieren que sea del 25% de la inversión total en sanidad, cifra a la que ahora, según ellos, no se llega.

Grandes proyectos turísticos: un “síntoma” para la CUP

Más allá de los choques y divergencias en políticas sectoriales, los anticapitalistas están preocupados por el rumbo global de la legislatura. A su parecer, no está habiendo el “giro a la izquierda” por el que apostaron en el acuerdo de investidura. Para explicar esto, los diputados del independentismo más duro se fijan en lo que ellos denominan “grandes proyectos” de la Generalitat, vinculados de una forma u otra al turismo. En este cajón hay cuatro cuestiones: el Circuito de Montmeló, la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno de los Pirineos, el macrocomplejo del BCN World y la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Paso a paso. Montmeló volverá a recibir este año 50 millones de euros públicos, después de la inyección de urgencia de 19 en agosto pasado, y todo ello a la espera de la renegociación del contrato. El Govern sigue apostando por el turismo vinculado al motor que genera este circuito, que es sede de varias competiciones, incluyendo la Fórmula 1. Por su parte, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 ya está lanzada, aunque ahora están presupuestados 800.000 euros en una consulta a los vecinos de la zona para conocer su opinión sobre el proyecto. Esta consulta era reclamada en su momento por la CUP.

Más compleja es la situación del BCN World, que sigue a la espera de una modificación del plan urbanístico para que se produzca la compra de los terrenos, situados en Vila-seca (Tarragona), por parte de Hard Rock, con un generoso aval del Govern. El proyecto, aunque ha sufrido varios altibajos, sigue teniendo el apoyo de la Generalitat para desesperación de la CUP. Finalmente y para redondear la escena, los anticapitalistas consideran que el Ejecutivo no ha acabado de definir su modelo aeroportuario, que además es diferente si se pregunta a ERC o a Junts.

Estos cuatro elementos sumados preocupan a la CUP, que considera que el Govern no es capaz de presentar alternativas al crecimiento turístico, en el que basa todos sus grandes proyectos. La exigencia en este ámbito no es concreta, porque desde el partido hablan de “revertir el modelo”, pero fuentes de los anticapitalistas reconocen que si ERC y Junts dejara caer alguno de estos proyectos, su aval a las cuentas sería más sencillo.