La privatización del Hospital Clínic de Barcelona, que desde mediados de septiembre ha recibido un polémico impulso con el anuncio del cierre de 74 camas y el recorte en tres meses de 17,5 millones de euros, se empezó a gestar el año 2009, cuando el centro hospitalario firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Capio Hospital General de Catalunya (actual IDC Salud), según denuncia la CUP en su página web. La formación también denuncia que el consejero delegado del Hospital Clínic en el momento de firmar el acuerdo era Raimon Belenes, quien meses después de ser destituido en 2011 pasó a ocupar el cargo de director general de Innovación del grupo Capio. Según la formación independentista, este hecho demuestra que la “cohabitación pública y privada da pie a situaciones de puertas giratorias como vía directa para la corrupción”.
Toda esta información ha llegado a manos de la CUP (y del resto de formaciones parlamentarias) gracias a la documentación aportada durante la Comisión de Investigación sobre la Gestión en el Ámbito Sanitario y las relaciones entre Sector Público Sanitario y las Empresas, que se celebró en el Parlamento el pasado mes de mayo. Según fija el reglamento interno del Parlamento, hay algunas informaciones extraídas de las comisiones de investigación que no se pueden hacer públicas, pero los abogados de la CUP consideran que no es el caso. Además, la diputada Isabel Vallet, en declaraciones a Catalunya Plural, ha recordado que el compromiso de la CUP es hacer pública “toda la información que demuestre un derroche de los recursos públicos”.
La diputada Vallet denuncia el escándalo que supone que después de que los recortes de la Generalitat en sanidad obliguen al Hospital Clínic a externalizar parte de su servicio (el más rentable) al Hospital del Sagrado Corazón, gestionado por IDC Salud, se sepa que existen acuerdos de colaboración entre los dos centros desde 2009. “Es una práctica éticamente reprobable y un presunto delito de trato de influencias”, ha criticado la diputada, que ha confirmado que el viernes lo pondrán en manos de la fiscalía. Según Vallet, entre las altas esferas de la sanidad, “existen unas 40 personas que van rotando entre la pública y la privada”. Como ejemplos, Vallet ha recordado el escándalo del Hospital de Sant Pau, Innova y el del Consorcio Hospitalario de la Selva y el Maresme. “Desde que Boi Ruiz es consejero de Sanidad, este es el patrón que se está siguiendo”, ha lamentado.
El gran beneficiado de los recortes
El gran beneficiado de los recortesIDC Salud, antes Capio, es el principal beneficiado de los recortes y privatizaciones de la sanidad pública que se están aplicando en todo el Estado, pero en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Las administraciones cierran camas de hospitales públicos y pagan a los privados para que atiendan a los pacientes. Y IDC Salud es quien ha sacado más provecho de ello. En muy poco tiempo, el grupo se ha convertido en un gigante dentro del sector y también en el blanco de los colectivos opositores a los recortes en sanidad. La empresa facturó a la Generalitat 127 millones de euros durante el año pasado, el doble que durante el 2010, el año en que Boi Ruiz fue nombrado consejero de Sanidadfacturó a la Generalitat.
Un caso más a la lista
Un caso más a la listaLa denuncia de la CUP levanta nuevamente muchas sospechas en la relación entre la sanidad pública y las empresas privadas que están aumentando mucho su volumen de negocio gracias a las privatizaciones. El consejero de Sanidad, Boi Ruiz, conoce muy bien las dos realidades, ya que antes de jurar el cargo era el presidente de la patronal sanitaria concertada Unión Catalana de Hospitales. El consejero fue a declarar durante la comisión parlamentaria que investigaba la relación entre el sector público y el privado y criticó “el mito las puertas giratorias”, así como cualquier otra sospecha de irregularidades. Aun así, las constantes denuncias, que van desde el escándalo del Hospital de Sant Pau hasta el informe Crespo, de Lloret de Mar, parecen indicar más bien todo lo contrario. La Oficina Antifraude ha pedido máxima atención en este sistema de colaboraciones y cada vez aumenta la sospecha de que, aprovechando los recortes en sanidad y las constantes privatizaciones, se están cometiendo muchas irregularidades.