La aprobación 'in extremis' este miércoles de los decretos anticrisis y ómnibus del Gobierno se produjo gracias a un acuerdo con Junts. El partido de Carles Puigdemont, indispensable para asegurar las mayorías del Ejecutivo en el Congreso, pactó con el PSOE, entre otros asuntos, la delegación de competencias a la Generalitat en inmigración. El anuncio de acuerdo no ha traído la concreción de ese traspaso, si bien Junts ya ha empezado a deslizar cuáles serían sus prioridades. Esta es una guía para saber qué se debate:
Qué dice ahora la ley
La Constitución establece, en su artículo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Esto no impide que ya existan algunos mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en carpetas como la acogida e integración de los migrantes.
A grandes rasgos, se trata de la gestión de las expulsiones, los permisos de residencia y trabajo, el derecho de asilo y la acogida. El abogado especialista en extranjería Xavier Muñoz advierte de la “enorme complejidad” de llevar a la práctica el traspaso anunciado dada la variedad de actores nacionales e internacionales implicados y los requisitos legales que reservan a los estados ciertas competencias en inmigración.
Cómo se realizaría el traspaso
Según Junts, la “delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat” se articularía mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas competencias estatales mediante una ley orgánica.
Eso sí, la Carta Magna también deja claro que la ley orgánica que certifique el traspaso preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado para las competencias delegadas.
En suma, ahora empieza un proceso legislativo que durará varios meses hasta concretarse la delegación. Previsiblemente la norma terminará recurrida por parte del PP ante el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la ley.
Las carpetas que implica la “inmigración”
Detrás de la palabra “inmigración” y su eventual traspaso hay un abanico muy amplio de carpetas. Las declaraciones este jueves del secretario general de Junts, Jordi Turull, y la jefa de filas en el Congreso, Míriam Nogueras, muestran que todavía son asuntos pendientes de concretar.
Nogueras ha llegado a decir que Catalunya debe poder decidir, tras el traspaso, los “flujos migratorios”, algo que, ha añadido, se concretará en que la Generalitat pueda conceder los permisos de trabajo y residencia que ahora otorga el Estado. Pero esta es una afirmación que también se tendrá que concretar en la negociación del traspaso, y cómo se encaja la delegación de la competencia con otras leyes orgánicas que regulan la cuestión, como la de extranjería o el Código Penal.
Muñoz pone como ejemplo de la complejidad del traspaso los permisos de residencia: “Legalmente no es posible que Catalunya pueda cambiar los requisitos para obtener la residencia, porque la persona recién llegada pide la residencia al Estado. Lo podrá pedir en una ventanilla de la Generalitat en vez de en la estatal, pero los requisitos serán los mismos”.
El letrado también señala que los trámites para los permisos exigen una comunicación con las delegaciones consulares de los países de origen y una certificación de antecedentes penales que legalmente es difícil que el Estado pueda transferir a una autonomía.
Cabe recordar que la Generalitat ahora está en manos exclusivas de ERC después de la salida de Junts del Govern en 2022. Es decir, Junts ha pactado el traspaso de unas competencias para la Generalitat que a día de hoy ejercería otro partido. Los republicanos, por contra, se habían mostrado reacios a asumir la cartera de migraciones y habían priorizado el traspaso de trenes de Rodalies y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Multirreincidentes
Turull ha enfatizado que, con el eventual traspaso de competencias, Catalunya podrá decidir “si expulsa o no” a los migrantes multirreincidentes. Sin embargo, esta es una cuestión en manos de los jueces que juzgan a los migrantes, que pueden acordar en sus sentencias la expulsión bien como sustitución a parte de la pena de prisión en los delitos de más de un año de cárcel bien cuando hay reincidencia.
Muñoz señala además otra de las dudas del traspaso: la variedad de actores que intervienen en un proceso de expulsión. Además de ordenarla un juez, antes la Policía consulta con las delegaciones diplomáticas de los países a los que se devuelve el expulsado y evalúe las condiciones de seguridad e idoneidad de las expulsiones. Muñoz duda de que legalmente el Estado pueda delegar en la Generalitat las relaciones diplomáticas con los consulados extranjeros. El letrado también recuerda que otro tipo de expulsiones están coordinadas por la agencia europea Frontex, de la que participan los Estados y no las regiones.
¿Y los CIE?
A diferencia de los multirreincidentes, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que gestiona el Ministerio del Interior se encuentran encerrados decenas de migrantes que no han cometido ningún delito, pero que son expulsados de España por no tener papeles. Turull ha asegurado este jueves que Junts está en contra de estas instalaciones porque tratan a la gente “como a ganado”, y ha expresado que mantendrá su posición favorable a cerrar este tipo de instalaciones, tal y como reclaman multitud de entidades de defensa de los Derechos Humanos.