El déficit de jueces en Catalunya, un problema endémico al margen del procés

¿Por qué faltan jueces en Catalunya? Magistrados y operadores jurídicos llevan tiempo intentando responder a esta pregunta. El déficit de togados en la comunidad llegó a niveles alarmantes a finales del año pasado, hasta el punto de que se vislumbró el riesgo de que se quedaran vacantes sin cubrir. Mientras se analizan las causas de fondo del problema, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido, como tratamiento de choque, un complemento salarial a los jueces que ejercen en la comunidad, que en seis meses no ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Justicia.

Pese a que desde la derecha política y judicial se ha vinculado el déficit de jueces con el proceso soberanista, los datos apuntan a un cóctel de razones más profundas. Por un lado, en la última década, el resultado de los jueces que llegan a Catalunya y los que piden el traslado ha dado siempre cifras negativas, si bien los déficits más acentuados no se dieron en los años más convulsos del procés. En 2017 y 2019 se registraron salidas de nueve jueces, una cifra que se duplicó en 2018 (20), pero triplicó en 2011 (28) y 2012 (31), antes de que empezara el procés. En 2020 la cifra volvió a bajar a ocho magistrados pero en 2021 se multiplicó hasta la cifra nunca vista de 64, lo que activó la alarma en el TSJC.

Ocurre además que Catalunya es tradicionalmente la autonomía donde más vacantes hay y, al mismo tiempo, una de las que menos jueces aporta al tercer poder del Estado, en especial comparado con su población. Si los catalanes son un 16% de la población española, la comunidad aporta, de media, el 8% de los nuevos jueces, según las estadísticas del Poder Judicial de los últimos veinte años recopiladas por elDiario.es

El porcentaje ha sufrido pocas variaciones a lo largo de estas dos décadas: las promociones de togados que más nacidos en Catalunya tuvieron, con porcentajes de alrededor del 13%, fueron la 69, la 61 y la 57, cuyos miembros empezaron a ejercer en 2020, 2011 y 2007 respectivamente. El suelo se halla en las promociones, que finalizaron su paso por la Escuela Judicial en 2022 y 2015: solo un 3% de sus integrantes había nacido en Catalunya, y un 5% residía en la comunidad al ingresar en la carrera.

Los porcentajes se intercambian en el caso de Castilla y León, autonomía que ha aportado, de media, un 17% de los nuevos jueces en los últimos veinte años cuando, a nivel de población, representa el 5,5% del conjunto de España. Andalucía y Madrid presentan proporciones más equilibradas, aunque también aportan más jueces a las promociones que su peso en población.

Para la magistrada y miembro de la sala de gobierno del TSJC, Montserrat Comas d'Argemir, estos datos corroboran la causa nuclear de la falta de jueces en Catalunya: la falta de vocación opositora en la comunidad, que la jueza atribuye a una tradición y a una cultura jurídica más tendiente a la abogacía que a la judicatura. “No hay una mentalidad opositora”, resume.

La falta de jueces nacidos en Catalunya provoca que la comunidad sea un destino de paso para la mayoría de togados que ingresan en la carrera. A la que se les abre la opción de pedir el traslado a un juzgado más cercano a su lugar de origen, muchos optan por volver a su tierra natal, lo que cronifica el déficit de plantilla judicial. Muestra de ello es que Catalunya compite históricamente con Andalucía como primer destino de los nuevos jueces.

En su visita a Catalunya de hace unos meses, la ministra de Justicia, Pilar Llop, evitó anunciar la adopción del plus propuesto por el TSJC y el CGPJ. En cambio, encargó al presidente del TSCJ, Jesús María Barrientos, que analice las causas de la “fuga de talento judicial en Catalunya”, aunque consideró que el complemento para jueces destinados esta comunidad podría ser una “solución”.

La sala de gobierno del TSJC ya había apuntado algunas cosas cuando aprobó por unanimidad pedir al Ministerio de Justicia un complemento para los jueces que ejerzan en la comunidad. La solicitud responde a motivos acuciantes pero también a un problema “endémico”. El TSJC atribuyó el déficit de togados a tres grandes razones: el elevado coste de la vida en Catalunya, la falta de tradición opositora en la comunidad y la dificultad adicional que puede suponer para jueces procedentes de otras comunidades la lengua y el derecho civil propios. El procés, en cambio, no estaba entre los motivos apuntados por el órgano de gobierno del tribunal superior catalán.

En la presentación de la memoria del TSJC del año pasado, su presidente, Jesús María Barrientos, advirtió de que hay una gran cantidad de plazas cubiertas por sustitutos, y abogó por subir la media estatal mediante el incentivo. La memoria anual del TSJC volvió a tildar de “prioritario” el plus salarial.

Según los cálculos del alto tribunal catalán, se necesitan en los distintos partidos judiciales, audiencias y TSJC 927 profesionales cuando actualmente hay 846 plazas. Además, el TSJC constata que “persisten las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales”, un total de 30 juzgados nuevos y 11 plazas de magistrado en audiencias.

Comas d'Argemir subraya que el plus para los jueces en Catalunya es una solución “coyuntural”, que ve con optimismo porque en Canarias funcionó para estabilizar la plantilla. La magistrada incide en que a largo plazo hace falta aumentar el número de opositores catalanes a la carrera judicial. Para lograrlo Comas d'Argemir ve necesario un esfuerzo de todas las administraciones para acercarse a las universidades y atraer a los estudiantes de Derecho, además de ampliar las becas para que el gasto en preparadores no se convierta en una barrera económica a la judicatura.

La Generalitat ha dado un paso adelante en este sentido y, este mes de septiembre, por primera vez, otorgará 50 becas para opositores a juez y fiscal, con un presupuesto de 600.000 euros. La medida busca, en palabras de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, “estimular vocaciones” en Catalunya y “democratizar el acceso a la función judicial”, además de incrementar el uso del catalán en la Justicia, que se encuentra en niveles minoritarios: solo un 7,44% de las sentencias emitidas en 2020 en la comunidad fueron en catalán, un punto menos que el año anterior.

Lo que tiene claro Comas d'Argemir es que relacionar los traslados de jueces con el procés, como hizo el PP en 2018 al pedir un complemento para los togados, no ayuda a mejorar la visión de Catalunya como destino judicial. “Es muy disuasorio enviar un mensaje de permanente tensión en Catalunya por causas políticas porque no es así. No se pueden generalizar episodios puntuales como los que ocurrieron al magistrado Pablo Llarena. En 35 años de función jurisdiccional en Catalunya nunca he tenido una interferencia o amenaza política”, concluye Comas d'Argemir.