Hacía seis años que José Luís Moscoso no recurría a los servicios sociales. Mientras hace cola junto a más de cien personas para recibir la comida del día en la Estación del Norte, en Barcelona, explica que la poca estabilidad de que gozaba gracias al encadenamiento de varios empleos se quebró el 14 de marzo. “Llevaba unas semanas como ayudante de cocina y me echaron, porque estaba en período de prueba. Ahora no ingreso nada”, reconoce.
A sus 55 años, este colombiano de origen vive en casa de unos amigos que le dejan una habitación, en el barrio de Virrei Amat. Como él, cientos de personas que habían logrado alejarse del circuito social de ayudas han vuelto estos días. Otros acuden a una cola de comida por primera vez en sus vidas, como Bryan Soto y Michelle Laínez, una pareja treintañera hondureña que lleva un año en la ciudad. Con ellos departe José Luís a la espera de que les repartan los tickets de comida.
Ingeniero él, ella profesora, están en trámites de regularizar su situación por asilo político y sobrevivían mientras tanto con empleos esporádicos y en negro. “Llevábamos cinco meses trabajando por días, metiendo publicidad en buzones, pero nos dijeron que no nos volverían a llamar”, lamentan. Su principal preocupación ahora mismo es cómo van a pagar este mes de abril los 450 euros de la habitación en la que viven realquilados. No tienen ahorros.
Las colas para recibir un plato caliente, o un pack de alimentos básicos, proliferan en las grandes ciudades como Barcelona, al tiempo que sus servicios sociales se multiplican para atender la enorme demanda. En la capital catalana, el Ayuntamiento reparte 9.389 comidas diarias en distintos puntos de la ciudad, esto es un 146% más que los 3.810 que se daban en los comedores sociales y en domicilios antes de que estallara la epidemia. A ello hay que añadir 20.000 cestas de lotes alimentarios que hizo llegar el martes a mayores de 70 años dependientes o sin apoyo familiar y a enfermos crónicos.
“El reparto de comida no es nuestro modelo de servicios sociales, pero se ha vuelto necesario”, reconocía este viernes la concejal de Salud de Barcelona, Gemma Tarafa, que advertía que la actual avalancha es solamente la “punta del iceberg” de la emergencia social que vendrá en los próximos meses. Para paliarlo, han más que duplicado también las ayudas económicas directas a familias, un 158% hasta los 1,8 millones de euros, pero piden soluciones a medio plazo, como el ingreso mínimo vital o que se regularice la situación de los migrantes sin papeles.
Los trabajadores sociales no dan abasto
El dispositivo de la Estación del Norte, gestionado por la entidad Fundació Formació i Treball, se abrió con servicio de duchas y consigna para maletas pensando sobre todo en las personas sinhogar o que están ocupando en viviendas muy precarias. Alejandro Belmonte, el coordinador del reparto, explica sin embargo que en las últimas semanas han detectado perfiles de padres y sobre todo madres de familia que acuden en busca de una comida caliente para sus hijos.
Poco antes de las 11 h, más de una hora antes de que se repartan los tickets, forman la cola una cincuentena de personas. Saben que cada día se hacen 100 entregas (dos platos para la comida, dos para la cena, y postre) y no siempre hay para todos. Este jueves se han quedado fuera una decena. “A los que no entran, les damos un folleto con los otros puntos de reparto, pero para muchos de ellos no es fácil interpretar las direcciones”, comenta una trabajadora mientras ordena la fila.
Este viernes un grupo de 20 redes vecinales que se han organizado para dar apoyo a las familias necesitadas de su entorno aseguraba que desde los servicios sociales les están derivando casos porque no dan abasto. No solo en Barcelona, sino en la mayoría de ciudades metropolitanas. También denunciaban el colapso de los teléfonos de los centros de servicios sociales, que en la capital catalana han recibido casi 10.000 llamadas desde el inicio de la crisis.
La concejal Tarafa ha reconocido que se pueden haber dado casos que no hayan llegado hasta los servicios sociales, pero ha negado tajantemente haber derivado usuarios a las organizaciones vecinales. “Hemos atendido a todos los que se han dirigido a nosotros”, ha remarcado en rueda de prensa.
Trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Barcelona consultados por eldiario.es aseguran que en algunas ocasiones colaboran con estos vecinos para detectar personas en riesgo, pero que no les envían usuarios. En el caso de familias con hijos, personas con problemas de salud mental y otros enfermos, comprueban su situación económica y los derivan a los circuitos habituales de servicios sociales. A los demás los dirigen a puntos como Estación del Norte.
Una de las personas que no ha podido contactar con los servicios sociales es Maribel, vecina del barrio del Poble-sec y madre de una adolescente de 15 años. Hasta febrero se dedicaba al cuidado de dos ancianos, pero murieron ambos. “Les he llamado varias veces pero no consigo que me cojan el teléfono”, protesta.
El doble de atenciones diarias
Más allá del despliegue de Barcelona, cuyos servicios sociales han atendido estas semanas 27.000 personas –un tercio de las que suelen asistir en todo un año–, la demanda se ha disparado en muchos otros municipios. Desde consistorios como L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa o Badalona corroboran que son principalmente las peticiones de comida las que se han multiplicado.
Los primeros aseguran haber entregado comidas preparadas a 1.274 familias. También en este municipio, el segundo más grande de Catalunya, entidades como el Sindicato de Inquilinos o el Ateneu la Iaia aseguran que servicios sociales les está derivando a decenas de personas a la red de reparto de alimentos que han montado. “Son las mismas familias las que nos dicen que les han enviado aquí, es desolador”, sostiene Míriam El Kholtei, una de las integrantes del colectivo.
Desde el Ayuntamiento lo niegan, aunque los trabajadores aseguran que sí ha ocurrido en algunas ocasiones. “No estábamos preparados para gestionar esta demanda y, por mucho que queramos, los profesionales no damos abasto”, reconoce Isabel Marcos, delegada sindical de CCOO. En su distrito, el de Santa Eulàlia, antes atendían a unas 18 personas a la semana, con todos sus trámites. “Ahora estamos entre las 8 y las 12 al día”, pone como ejemplo.
Comida y realquileres, la nueva pobreza
Una de las entidades que más comida ha repartido estos días en numerosos municipios, tanto contratada por ayuntamientos como por su cuenta, es Cáritas. En la diócesis de Barcelona, donde atienden a unas 30.000 personas al año, han abierto una línea telefónica a la que han llamado ya 7.000 personas, de las cuales la práctica totalidad nunca había recurrido a la entidad y el 84% pedía comida.
Para Salvador Busquets, director general de la entidad, la demanda repentina de comida supera la de la crisis de 2008. “Entonces la gente perdió su casa, pero podía ir buscando trabajos precarios... Ahora estos han desaparecido y no puede buscarse la vida de ningún modo. La gente tiene hambre”, asegura. Y advierte que el otro gran problema es el de los realquilares, una situación en la que viven más de 4.000 personas en la provincia de Barcelona. A ellos no les afecta el decreto del Gobierno sobre ayudas a la vivienda, con lo que muchos podrían verse en la calle.