“¡Divarian me va hacer un alquiler social por 7 años!”. Divarian es una sociedad inmobiliaria del BBVA y del fondo buitre Cerberus. Con esa frase empezaba este lunes 28 de febrero una de las más de 50 asambleas locales de la PAH en Catalunya, cuatro días después de haber aprobado la nueva Ley antidesahucios en el Parlament, impulsada por las entidades sociales.
Vendrán más. Ya son varias las familias que han notado una diferencia de trato con su entidad financiera o gran propietario, y es que allí donde había una negativa o un silencio aterrador, ahora hay una petición de documentación para firmar alquileres sociales. Y en todo el territorio, porque –por desgracia– amenazas de desahucio a familias vulnerables las hay en todos los pueblos y ciudades, desde Terres de l’Ebre o Tarragona o Girona, pasando por el Vallès y el área metropolitana de Barcelona y llegando a Lleida o el Pallars.
¿Por qué no se firmaban antes? Porque por lo general no entra en los planes de los grandes propietarios tener en cuenta el derecho a la vivienda de las familias. Además, desde que el 6 de febrero de 2021 el Tribunal Constitucional anuló, tras un recurso del PP, las medidas antidesahucios de ampliación de la Ley catalana contra los desahucios conseguidas con el Decreto Ley 17/2019 de vivienda, quedaron desamparadas –como mínimo– más de 4.000 familias. Estaban esperando sus alquileres sociales y la anulación de las medidas de alquiler social obligatorio las condenó a sufrir un posible desahucio.
Desde entonces, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 –esa es su numeración y apellido– ha trabajado sin descanso para recuperar los “alquileres sociales antidesahucios”. En febrero, miles de personas expresaron su rechazo al nuevo ataque del PP y la banca contra las medidas antidesahucios en una manifestación multitudinaria. En junio del mismo año se presentó y registró una nueva proposición de ley con el apoyo de ERC, Junts x Cat, CUP y En Comú Podem, con el compromiso de aprobarla urgentemente. Posteriormente, el grupo parlamentario de Junts presentó varias enmiendas que la debilitaban, quedando bloqueada. Pero finalmente y gracias a la presión social, se logró salvar la situación y llegar de nuevo a un acuerdo, al que se sumó también el PSC.
¿Y qué ha cambiado ahora? Pues que el pasado miércoles 23 de febrero se aprobó por una mayoría muy amplia una nueva ley, recuperando herramientas clave para frenar los más de 60 desahucios que se producen cada día en Catalunya, gracias a la fuerza y tesón del movimiento por la vivienda de la PAH, de los colectivos en defensa por el derecho a la vivienda y de la ciudadanía organizada. Hoy mismo se ha publicado la ley, así que mañana ya estará vigente.
Las medidas que se han recuperado para las personas en exclusión residencial son tres. En primer lugar, recuperamos las renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes propietarios firmados en 2015 que llegaban a su fin, medida imprescindible para evitar una nueva ola de lanzamientos. En segundo lugar, se restituyen los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalización de contratos de alquiler, evitando los desahucios invisibles de familias que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato con un gran tenedor y que estos buitres utilizaban para esquivar la obligación –que nunca anularon– de detener con la misma fórmula los desahucios de impago de alquiler.
Por último, y no menos importante, reactivamos los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título, imprescindible para las familias que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de bancos o buitres y que estén viviendo en esa vivienda antes del 1 de junio 2021, o porque después de una ejecución hipotecaria o desahucio de hipoteca se han quedado en el mismo piso –que ya no es suyo–, situaciones que son causa de miles de desahucios anuales y a las que, por fin, se da una respuesta valiente por parte del Parlament de Catalunya.
Además, la nueva ley incluye mejoras como son la ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora empresas de más de 10 viviendas, protegiendo a más gente (manteniéndose en 15 en personas físicas). El control de ofertas de alquiler social obligatorio y las multas por no hacerlas se asumirá por parte de la Generalitat y no solo de los Ayuntamientos, marcando además el límite de un mes por parte del gran tenedor para realizar la oferta, evitando así fintas y demoras en la firma de miles de alquileres sociales. También se amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y buitres, permitiendo movilizar durante más tiempo pisos vacíos provenientes de desahucios. Se elaborará un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas para facilitar el cumplimiento de la ley y la sanción correspondiente si se esquiva. Y por último se introduce una medida de fomento para evitar desahucios, a cambio de no poner demanda de desahucio o si lo detienen, sólo para grandes tenedores no vinculados a bancos y buitres, que podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial, quedándose estas como inquilinas con alquiler social de la Administración. Y si no no se acogen a esta medida se mantiene el alquiler social obligatorio, con sanciones si se incumple.
Sonia, Xesca, Aïcha, Rafa o Tania, y miles de personas más, anónimas, que no participan en ningún colectivo de vivienda, se podrán acoger a esta medida y verán por fin con miles de alquileres sociales una salida a su calvario que no acabe en desahucio y con los sueños de su vida.
¡Bienvenidos sean! Miles de alquileres sociales contra los desahucios. Ahora toca exprimir la nueva Ley antidesahucios al máximo, seguir en la calle reivindicando el derecho a la vivienda y poder celebrar que tantas personas podrán rehacer sus vidas gracias a la lucha colectiva.