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“Yo de política no sé y no me quiero meter, pero es cierto que algunos discursos no nos ayudan”. Mohammed El Oncre, el nuevo imán de la mezquita de Ripoll, arquea las cejas con resignación cuando se le pregunta por la irrupción de la extrema derecha en el municipio de 11.000 habitantes donde se radicalizaron los ocho jóvenes que en agosto de 2017 acabaron con la vida de 16 personas en Barcelona y Cambrils.
“Aquí no tenemos problemas de convivencia, créeme. Está todo bien”, defiende el imán en la puerta de la mezquita tras el rezo de las dos de la tarde. El Oncre es el sustituto de Abdelbaki Es Satty, el líder religioso que formó la célula que cometió los atentados hace dos años. Su tarea no ha sido sencilla y sabe que todo lo que hace se mira con lupa. Intenta trasladar una imagen de normalidad, pero en sus palabras desliza que en Ripoll algunas personas han comprado un discurso que dificulta la reconciliación.
Dos años después de los atentados del 17A, la ultraderecha se ha hecho fuerte en Ripoll. Los votos a formaciones xenófobas se han multiplicado por cuatro y han pasado del 2,5% en 2015 al 11,5% en 2019. En las últimas municipales, el partido independentista y anti inmigración Front Nacional de Catalunya (FNC) obtuvo un concejal en el municipio y consiguió un altavoz para los discursos más reaccionarios que emanan del nacionalismo catalán. A los votos del FNC hay que sumarle los que obtuvo la candidatura Som Catalans, que tiene un perfil similar y se presentó pidiendo el cierre de todas las mezquitas del pueblo.
De poco sirvió que todos los partidos del pueblo pactaran un cordón sanitario a estas formaciones. Con un discurso en el que se denunciaba la “progresiva y planificada extranjerización” de Ripoll y el “crecimiento frenético y sin control” de la inmigración, un grupo de vecinos logró catalizar la desconfianza hacia los musulmanes que brotó en una parte de la población tras los atentados.
“Han canalizado las inquietudes de algunos vecinos que se asustaron tras los atentados”, opina Jordi Munell, alcalde de Ripoll y diputado en el Parlament por JxCat. “En el pueblo intentamos hacer un esfuerzo y pasar página, pero este tipo de partidos no contribuyen a normalizar la situación”.
Munell recuerda que ya en 2011 el partido xenófobo Plataforma per Catalunya obtuvo un edil en el municipio, pero entonces logró el 5,8% de los votos, la mitad que en la actualidad. “En Ripoll ya había gente con ideas xenófobas”, añade Elisabeth Ortega, directora del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès. “La diferencia es que tal vez no eran tan visibles como ahora”.
Ripoll, con un 11,2% de extranjeros, es uno de los tres municipios de Catalunya donde penetró la extrema derecha en las últimas municipales. Las otras dos localidades en las que consiguió representación, no obstante, tienen una tasa de inmigración mucho mayor. Es el caso de Salt (Girona), con el 61% de extranjeros y donde Vox consiguió tres concejales. En Manlleu (Barcelona), donde los extranjeros son el 27,3% de los residentes, obtuvo representación el partido Som Identitaris, heredero de la formación xenófoba Plataforma per Catalunya.
Liderados por Sílvia Orriols, una vecina de Ripoll sin experiencia en política, el FNC logró atizar el miedo de los vecinos con un mensaje en el que alertaban de la “desnaturalización” y la “difuminación” de la catalanidad. El partido también criticaba la “política tradicional” y el hecho de que se pagara con fondos públicos la asistencia psicológica a los familiares de los terroristas. En los primeros plenos de la nueva legislatura, Orriols ha pedido que los funcionarios solo atiendan en catalán, que se prohíba el velo en edificios públicos y ha cargado duramente contra los menores tutelados. “Al final habrá más menores tutelados en Catalunya que ripolleses”, espetó el pasado 30 de julio.
“Me sorprendió ver a Orriols con un mensaje tan duro contra la inmigración”, dice de ella el alcalde del pueblo, Jordi Munell. En Ripoll explican que la nueva concejal siempre había formado parte del independentismo más duro, pero en ningún momento había tenido un discurso abiertamente xenófobo.
“Es del pueblo de toda la vida, participaba en la agrupación de gigantes y cabezudos”, explica una vecina que pasaba la mañana del martes en el parque cerca de la estación y que prefiere no ser citada. “Nadie esperaba verla diciendo este tipo de cosas”, remacha.
Otros vecinos de la localidad recuerdan que, ya después de los atentados, tuvo sus primeros rifirrafes con miembros de los CDR por su discurso en un acto de protesta contra la detención de activistas. Tanto la comunidad musulmana como varios vecinos del pueblo expresaron su rechazo a Orriols durante el pleno de investidura, en el que se levantaron y mostraron pancartas en las que se podía leer: Totes som ripolleses [Todas somos ripollesas].
A pesar del mensaje contra los partidos tradicionales y su “pugna por el poder y los salarios”, la número dos de la candidatura del FNC era Fina Guix, la concejal de Barrios y Medio Ambiente en el anterior equipo municipal de JxCat. El viraje de Guix –cesada por el alcalde en abril– hacia posiciones xenófobas tras el 17A representa el mismo que ha realizado una parte de los vecinos de Ripoll. “Después de los atentados ya vimos ciertas manifestaciones de ella que nos fueron alejando”, dice el alcalde de su antigua concejal. Este periódico ha intentado recabar sin éxito la versión del FNC y de Sílvia Orriols, que no han respondido a las peticiones.
Ripoll se esfuerza en pasar página y recuperar la normalidad, a pesar de que cada agosto el municipio se convierte en el centro de todas las miradas. Los periodistas vuelven a merodear por el pueblo, las informaciones que abonan teorías conspirativas aparecen en algunos medios y los vecinos ven cómo su rutina se altera de nuevo. “La rutina se rompe cuando aparecen nuevas noticias o cuando empiezan a venir periodistas al pueblo”, explica Munell. “El resto del tiempo es todo muy normal”.
No es sencillo comentar con los habitantes de Ripoll lo que ocurrió hace dos años. La mayoría rechaza hablar y los que lo hacen piden anonimato –“aquí nos conocemos todos” suele ser la respuesta más habitual– y no ofrecen mucha información sobre el sentir de los vecinos.
Algunos cuentan que está todo bien, otros describen un municipio roto en dos mitades en el que cada comunidad va a lo suyo. En el bar Esperanza, frecuentado por la comunidad musulmana, también prefieren no comentar la situación y los parroquianos solo responden que “está todo bien en el pueblo”.
“El comportamiento de los vecinos ha sido ejemplar”, señala Elisabeth Ortega, la directora del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès, que reconoce que en el municipio hubo “cierta brecha social” tras el atentado.
Solo cinco días después del 17-A, Ortega recibió el encargo de estudiar qué falló en el municipio para que ocho chavales que todo el mundo consideraba integrados acabaran perpetrando una matanza de ese tipo. Una “tarea de hormiguita”, según sus palabras, en la que trabaja a diario con jóvenes del pueblo, miembros de la comunidad musulmana, personas del ámbito de la salud, la política, la cultura… “Todos los indicadores que teníamos relacionados con la integración fallaron en 2017”, resume esta pedagoga. “Teníamos un concepto erróneo de lo que significaba la integración y lo estamos redefiniendo”.
En un gesto por recuperar la normalidad, el Ayuntamiento y los representantes de la comunidad musulmana han decidido hacer vacaciones este verano y no realizar ningún acto especial para el 17 de agosto. Tanto el portavoz de la mezquita, Alí Yassine, como el alcalde se encuentran de vacaciones. “Pasar página también significa no celebrar cada mes que pasa tras los atentados”, resume el alcalde en conversación telefónica.
Mohammed El Oncre, el imán de la mezquita, cuenta que la comunidad musulmana también ha intentado abrirse y huir de un hermetismo que tal vez abonaba las sospechas de algunos vecinos. “Nosotros también somos parte de la comunidad y podíamos mejorar”, resumía el imán el pasado martes.
La pedagoga Ortega confirma este giro: “Se dieron cuenta de que ellos también tenían que hacer un esfuerzo de apertura a la ciudadanía”, explica la directora del Consorcio de Bienestar Social. “Ellos son los que están más impactados: al fin y al cabo son sus jóvenes los que cayeron en las garras del terrorismo”.
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