La Conselleria de Salud está cumpliendo punto por punto el informe “Aproximación a un nuevo Planteamiento estratégico para las empresas públicas y Consorcios de salud de la Generalitat”, elaborado en 2011 por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). En dicho informe aparecen dos líneas básicas de actuación:
1) El desmembramiento, desmantelamiento y fragmentación del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en entidades con autonomía de gestión como primer paso de una posterior privatización.
2) El traspaso de la asistencia sanitaria pública a entes de gestión privada, sobre el papel: más eficientes.
La ejecución de la primera línea de actuación la estamos viendo en estos momentos con los proyectos de concentración de servicios sanitarios que se están poniendo en marcha en Lleida y Girona. El segundo punto, de mayor alcance y complejidad, requiere de algunas líneas más de análisis.
Desde el comienzo de la crisis, los centros sanitarios total o parcialmente públicos, han visto sus presupuestos mermados de forma importante, comprometiendo en algunos casos la propia viabilidad del centro. Por ejemplo, según datos del CatSalut, el presupuesto del Hospital de Bellvitge ha pasado de 322,6 millones de euros en 2010 a 288,9 millones en 2012 (-10.5%). El Consorcio Sanitario de Terrassa, de 100,7 millones en 2010 a 84,6 en 2011 (-16%). El Consorcio Sanitario del Parc Taulí, de 194,2 millones en 2010 a 173,9 en 2012 (-10.5%). Esto ha conllevado: despidos, reducciones de plantilla, cierre de dispositivos y la descapitalización de infraestructuras en centros de la sanidad pública. Como consecuencia nos encontramos con un incremento descontrolado de las listas de espera y el empeoramiento perceptible de la calidad asistencial.
¿Qué ha pasado mientras tanto con los centros privados con ánimo de lucro? Veámoslo con el ejemplo más paradigmático en Cataluña, el grupo IDC (anteriormente Capio Sanidad) que engloba el Hospital General de Cataluña y los antiguos centros de la Alianza (Hospital del Sagrado Corazón y Clínica del Vallés bajo el epígrafe Clínica de Sabadell). Observamos la evolución del grupo IDC con respecto a la contratación de la Generalitat en los mismos años en que se reducían los presupuestos de los consorcios y hospitales públicos. La cantidad abonada por el CatSalut a IDC en concepto de asistencia hospitalaria ha pasado de 71,1 millones de euros en 2010 a 126,9 millones en 2012, un incremento del 78%.
Ahora, con una sanidad pública que ve sus presupuestos y recursos recortados, con camas y quirófanos cerrados y despidos, el aumento de las listas de espera es la niña de los ojos del Conseller, es otro nicho de negocio para la sanidad privada, y es que tenemos conocimiento de que el CatSalut está contactando con los centros de la red sanitaria pública reclamando la gestión directa de la lista de espera. Acompañada con la advertencia de que, de no hacerlo, no podrán cumplir los plazos de las intervenciones con tiempo de espera garantizado por la propia Administración, lo que conllevará una penalización económica y un recorte añadida a los presupuestos. Aunque se trate de una situación verosímil en algunos casos, lo cierto es que en la mayoría es sólo una excusa para derivar miles de pacientes de la lista de espera de los centros públicos hacia centros del grupo IDC. Sólo con la reapertura de las camas y quirófanos hospitalarios cerrados en estos mismos centros se podría secar la lista de pacientes que, según el CatSalut, los dispositivos públicos no son capaces de asumir.
Un par de ejemplos. El Hospital de Terrassa (Consorcio Sanitario de Terrassa) ha pasado de tener 273 camas de agudos 2010 a 217 camas en 2013 (-20%). El Hospital de Mataró (Consorcio Sanitario del Maresme) ha pasado de operar en 2010 4.955 pacientes de 13 de las 14 intervenciones quirúrgicas con tiempo de espera garantizado de seis meses, a operar 3.401 enfermos en 2012 (-31 %). Y no hay factor sorpresa: la mayor parte de estos pacientes se han derivado a centros del grupo IDC.
Salud argumenta que estas derivaciones tienen un coste menor por la Administración que tratar a los pacientes en su propia red de centros. Pero esta afirmación se puede rebatir con cuatro motivos básicos:
1) En la sanidad privada, las ratios de personal para tratar a los pacientes son a menudo inferiores o muy inferiores a las ratios de personal de la sanidad pública. Y esto implica menor margen de maniobra y capacidad de reacción ante complicaciones no previstas.
2) Los costes de personal son muy inferiores a la sanidad privada, sobre todo porque a menudo se nutren del mismo personal que trabaja en la sanidad pública. De esta manera, por medio de contratos de prestación de servicios, la empresa se ahorra buena parte de los costes sociales derivados de la contratación de este personal.
3) Los centros privados suelen “escoger” entre los enfermos que están en las listas de espera aquellos que tienen un riesgo menor de complicaciones, dejando los más complicados para que sean tratados en los centros públicos. Esto hace que los costos de tratamiento de unos enfermos y otros presenten grandes diferencias.
4) Finalmente, la inmensa mayoría de los proyectos de investigación e innovación se hacen en centros públicos, que financian la investigación de sus profesionales para seguir siendo referentes a este nivel. Este concepto ni se plantea en los centros privados de “sanidad low-cost” que tienen como objetivo fundamental tratar el máximo de pacientes, con la menor complejidad posible, a los mismos precios que los pacientes más complejos de la sanidad pública.
El objetivo final de esta política parece claro: estrangular paulatinamente los centros públicos, hacerlos progresivamente más ineficientes y acostumbrar a la población a acudir a centros privados con ánimo de lucro. Posteriormente, cuando ya se identifique público con ineficiente y privado con eficiente, vender los centros públicos (vía concesión) a estos grandes grupos privados con ánimo de lucro para que lo gestionen. Es decir, algo similar al conocido como modelo Alzira. Y como ha ocurrido con los hospitales valencianos, si las cosas van bien (en detrimento de la calidad asistencial y de las condiciones laborales de los profesionales) no se gastará más, sino que llegarán menos recursos públicos a la población y se incrementarán los márgenes de beneficio empresarial, y si las cosas no van bien, habrá que “rescatar” con dinero público estas empresas, y de eso también tenemos experiencia.
Eso sí, o damos la vuelta la situación o llegaremos tarde: de la sanidad pública no quedará nada.
Sobre este blog
El Diari de la Sanitat forma parte de un proyecto de periodismo indepeniente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat.
Este blog ha sido la plataforma para impulsar un nuevo medio digital:
