La familia de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, está a un paso de hacerse con el control del segundo varadero de Menorca tras un concurso plagado de presuntas irregularidades. Su hija, Marta Díaz, y su yerno, Higinio Aldaz, obtuvieron la mayor puntuación para gestionar el varadero de Ciutadella a pesar de que su propuesta contenía varios elementos sospechosos: una oferta económica altísima -el 276% superior a la de sus competidores- y una empresa sin experiencia en el sector, que modificó su objeto social después de que se hiciera el anuncio de la licitación. Tras ese cambio de última hora, la hija de Díaz Ferrán dejó de aparecer como administradora única de la sociedad y en su lugar puso a un empleado como apoderado.
Las dudas sobre el concurso llevaron la semana pasada al Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears, la empresa pública adjudicadora, a encargar un “informe completo” que justifique la alta puntuación obtenida por la compañía de la hija y el yerno de Díaz Ferrán. Paralelamente ha habido un relevo en la gerencia de esta empresa pública y el responsable durante la adjudicación, Pedro Puigdengoles, será substituido.
La documentación obtenida por eldiario.es indica que la empresa de Díaz y Aldaz, llamada Marina Seca Port de Ciutadella, ganó el concurso gracias a una oferta aparentemente temeraria y a la inclusión de inmuebles en presunta situación irregular como elementos para demostrar su solvencia. La compañía, además, no incluyó los servicios náuticos en su objeto social hasta diciembre de 2018, pocos días después de que Ports de les Illes Balears ampliara el plazo para que se presentasen nuevas ofertas.
Contactados por elDiario.es, desde Marina Seca han preferido no hacer ningún comentario. A través de un comunicado, Ports de les Illes Balears ha respondido que la revisión del concurso por parte del Consejo de Administración es un proceso “habitual” y que la alta puntuación obtenida por Marina Seca está avalada y contrastada por “múltiples informes técnicos y económicos”. Sobre el relevo de su gerente, lo enmarcan en una “decisión personal” de Puigdengoles que ya se tomó antes del confinamiento pero no había podido llevarse a cabo antes.
Una sociedad reconvertida a última hora
Ports de les Illes Balears convocó el concurso el 17 de noviembre de 2018 y el plazo inicial para presentar ofertas duraba hasta el 3 de enero de 2019. El 27 de diciembre de 2018, a pocos días de que terminara el plazo, la empresa pública lo amplió hasta el 17 de enero siguiente.
Un día después de esta ampliación del plazo, el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) publicaba que Marina Seca había cambiado el objeto social para incluir las actividades relacionadas con el mantenimiento naval. A su vez, la hija de Díaz Ferrán dejó de ser la administradora única de la sociedad y nombró a un empleado como apoderado.
Marina Seca se fundó en 2013 como una empresa de fabricación, exportación e importación de productos textiles, según los datos del registro mercantil. El objeto social se fue ampliando con los años hasta el punto de que a partir de 2014 se necesitan tres páginas para describir todos los servicios que ofrecía la empresa. Los trabajos propios de un varadero, sin embargo, no figuran en el objeto social hasta finales de diciembre de 2018, cuando el plazo para presentarse al concurso estaba a punto de acabar.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el hecho de no tener ningún tipo de experiencia suele ser un motivo de exclusión de las empresas en un concurso. La empresa de la hija de Díaz Ferrán, sin embargo, se llevó la máxima puntuación.
Un canon desproporcionado
Marina Seca ofreció un canon de 101.000 euros anuales para gestionar el mencionado varadero cuando el precio de salida del concurso era de 22.900 euros. La empresa familiar que ha gestionado el varadero desde los 80 ofertó 36.500 euros, casi tres veces menos.
Los números de la generosa oferta de Marina Seca parecen difíciles de cuadrar. Los ingresos anuales del varadero no llegan actualmente a 80.000 euros. La intención de la familia de Díaz Ferrán es compensar esta falta de ingresos con un aumento de la actividad y con las “sinergias” que se generarán entre el varadero y dos naves industriales que esta empresa tiene en sus aledaños, donde realiza tareas de mantenimiento de embarcaciones. Es decir, compensar las pérdidas de explotar la concesión con los ingresos de la actividad privada de la compañía.
El registro de la propiedad, sin embargo, no indica que Marina Seca tenga ninguna de estas dos naves en su haber. Ambos recintos, además, están situados en suelo rústico según el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella. Esto implica que en él no se permite ningún tipo de actividad industrial ni comercial, con lo que estas actividades estarían en presunta situación irregular.
Marina Seca ha sido denunciada tanto al Consorcio de protección de la legalidad urbanística de Menorca como al Ayuntamiento de Ciutadella por este motivo, según la documentación obtenida por eldiario.es.
Los negocios de la familia
La familia Díaz Ferrán ya se hizo en 2008 con la concesión de 154 amarres en el puerto de Maó (Menorca) en un concurso que levantó sospechas. En 2014 el Tribunal Supremo anuló la concesión al considerarla “arbitraria” e indicó en la sentencia que no había forma de conocer por qué la oferta del empresario se consideró la más ventajosa. La Fiscalía pidió tres años y medio para el expresidente de la CEOE por haber amañado diversos concursos en las Islas Baleares, que finalmente se redujeron a una multa de 2.640 euros después de pactar con la Fiscalía y admitir un delito de alteración de subastas y concurso público.
Díaz Ferrán, que actualmente disfruta del tercer grado penitenciario, estuvo en prisión entre 2012 y 2018 por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal por el caso Marsans. Desde su entrada en la cárcel, sus hijos y su yerno han creado media docena de sociedades. Desde empresas de hostelería y catering hasta de diseño de ropa, vinos, inmobiliarias, comercio al por mayor y holdings de inversiones, según datos registrales.
En 2012, un juzgado de Madrid inhabilitó a su hija Marta Díaz para tener más contratos con el sector público, aunque la decisión fue revocada por la Audiencia Nacional en 2015. Su yerno Higinio Aldaz, antiguo administrador único de Marina Seca y ahora apoderado de esta sociedad, aparece en la lista de morosos de Hacienda de 2016 con una deuda de 1,2 millones de una sociedad llamada Criterium Gestión Inmobiliaria.