El auto de apertura de juicio oral contra Laura Borràs que dictó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha supuesto un terremoto en Junts, pues aboca a la presidenta a ser suspendida de funciones en el Parlament. En una reunión mantenida poco después de conocerse la noticia entre dirigentes y el grupo parlamentario de Junts, miembros de la formación de JxCat se desmarcaron de la línea oficial del partido e invitaron a Borràs a apartarse del cargo, según fuentes citadas por EFE. La presidenta de la Cámara se negó y respondió con un extenso hilo de Twitter: “Si me quieren muerta, tendrán que matarme y mancharse las manos”, escribió.
Borràs ha optado por aferrarse al cargo pese a perder los apoyos en la Cámara. PSC, ERC y CUP, los tres partidos que integran la Mesa junto a Junts, ya han anunciado que consideran que Borràs debe ser suspendida este mismo jueves en la reunión extraordinaria que mantendrá el órgano. “Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía”, afirmó en las mismas declaraciones en Twitter.
La presidenta de Junts ha defendido también su “inocencia” y ha denunciado que es “víctima” de una “persecución política”. Borràs argumenta que no puede suspenderse porque en su caso no hay “corrupción lucrativa”: “Ha quedado evidenciado de que éste no es el caso”.
El artículo 25.4 del reglamento del Parlament dice que debe acordarse la suspensión de los “derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata” en los casos en que “la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”. Es decir, no hace distinción alguna entre si es lucrativa o no, pese a la afirmación de la presidenta. A Borràs se le acusa de delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber fraccionado contratos en beneficio de un amigo suyo informático, Isaías H, que en total habrían ascendido a 335.700 euros con IVA incluido.
Con todo, Borràs insiste en que “la finalidad” de este artículo del reglamento “era la suspensión preventiva de los diputados acusados ​​de delitos relacionados con la corrupción lucrativa; o sea, la malversación”. “Teniendo en cuenta todas estas circunstancias deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas y respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia la decisión política más ecuánime”, aseguró la presidenta del Parlamento.