Cada día a las 8:30h de la mañana, un pequeño autobús adaptado recoge en su domicilio de Pallejà (Barcelona) a Lisa García, 29 años, para llevarla a un centro de día. Sufre una enfermedad minoritaria que paulatinamente le generó una parálisis cerebral, entre otras patologías. Actualmente tiene el grado máximo de dependencia y va en silla de ruedas.
El pasado 27 de julio fue el último día que la vinieron a buscar. La fundación que hasta hace poco le financiaba el transporte ya no puede seguir costeándolo. Han indicado a su familia que, al estar en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), tienen derecho a este servicio y que lo soliciten a la administración. Tras pedirlo, la respuesta no fue la que esperaban.
El Ayuntamiento de Pallejà le dijo a Francesc, el padre de Lisa, que debía pedirlo al Consejo Comarcal porque su municipio tiene menos de 20.000 habitantes. En el Consejo Comarcal afirmaron que debía ser así, pero le dijeron que no había dinero para ofrecérselo. “Se nos reconoce el derecho al transporte, pero después nadie nos lo facilita”, explica Francesc, de 61 años. “No tiene ningún sentido”.
El caso de Lisa es uno más de una interminable ristra de situaciones que ilustran el caos en el transporte adaptado, un servicio sin apenas regulación y con el que cada municipio hace lo que quiere (o lo que puede). El resultado es una profunda desigualdad, según denuncian entidades y usuarios afectados.
La normativa de la Generalitat establece que corresponde a los municipios aplicar la normativa de accesibilidad. En caso de localidades de menos de 20.000 habitantes, suelen compartir gastos con entes supramunicipales. La ley apenas precisa mucho más.
Esto se traduce en que, en función de dónde resida una persona que necesita este tipo de transporte, su suerte puede ser una u otra. Algunos municipios establecen un sistema de copago, otros no. Algunos optan por subvenciones a título personal o a entidades que ofrecen el servicio. Otros tienen convenios con el servicio de taxis.
A Lisa García, por ejemplo, no le garantizan ningún transporte al centro de día al que acude, que está en Barcelona. Una persona en su misma situación en otro municipio, en cambio, sí que podría optar a este transporte adaptado a diario hasta la capital catalana.
“No hay una normativa específica que diga cómo debe hacerse”, lamenta Mercè Batlle, presidenta del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI). “Debería haber ciertos criterios que determinen quién tiene derecho y quién no”, prosigue. “Pero al final los Ayuntamientos y los Consejos Comarcales acaban haciendo lo que pueden o lo que quieren”.
Según Batlle, la situación se ha ido agravando a medida que envejece la población y crece el número de ciudadanos que necesitan este tipo de servicio. “Cada vez entran más usuarios, pero los recursos no aumentan”, señala. Esto se traduce en una merma en las posibilidades que tiene cada vecino de poder acceder a un servicio adaptado, especialmente en municipios pequeños.
“Muchas familias optan por dejar a estas personas en casa”, remacha Batlle. “Cuando lo mejor para ellos es estar en uno de estos centros donde socializan, los estimulan y permiten a sus familiares poder dedicar tiempo a trabajar”.
Contactados por este periódico, desde la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat explican que están haciendo un estudio para “revisar el modelo actual” del servicio de transporte adaptado “para detectar posibles mejoras” y “buscar unificar criterios comunes de funcionamiento en toda Catalunya”.
“Junto al Departament de Territorio trabajamos para generar sinergias con otros servicios de transporte adaptado como puede ser el servicio interurbano general o los servicios educativos, sanitarios o de trabajo para atender todas las necesidades”, remachan.
Los Consejos Comarcales, en muchas ocasiones, tampoco se coordinan entre ellos. Esto supone, explica Batlle, que a veces hay un transporte adaptado de una comarca que pasa por un municipio de otra y podría aprovechar el viaje, pero al no haber coordinación entre estos entes se pierde esta oportunidad.
Francesc, el padre de Lisa, explica que han estado mirando alternativas para poder trasladar a su hija al centro de día. Ella requiere de un chófer, de un vehículo adaptado y de un asistente porque tiene crisis convulsivas, con lo que calculan que el servicio podría suponer hasta unos 10.000 euros mensuales.
“No podemos asumir esa cantidad”, explica junto a su mujer, Elena, en un parque de Pallejà, pocos minutos después de que un pequeño autobús haya recogido a su hija. “Pero vemos que en casa se consume, ella es muy sociable y aquí no interactúa con nadie”.
Francisco Rodríguez, de 62 años y con un 80% de discapacidad, vive en Esplugues (Barcelona) y está en una situación similar. Tiene que acudir a rehabilitación cada dos o tres días -sin contar las visitas a su médico especialista-, pero al llamar a la empresa que tiene la concesión para su municipio le dijeron que tiene derecho solo a cuatro viajes mensuales. Es decir, solo le facilitan ir dos días al mes al centro de día. En julio y agosto la situación ha empeorado: el servicio estaba lleno y no ha tenido transporte.
“Lo tenemos muy mal, fatídicamente mal”, explica Rodríguez en conversación telefónica. “Lo único que pedimos es que haya igualdad y todos tengamos los mismos derechos”, añade. Él, de momento, se dedica a acudir a los plenos de su Ayuntamiento para denunciar lo que considera una injusticia. “¿Por qué un ciudadano de Barcelona tiene más derechos que yo, que vivo al lado y tengo que acudir a la ciudad cada semana?”, se pregunta.
A pocos días para que empiece un nuevo curso, los padres de Lisa admiten que no saben qué hacer. Han llamado a la AMB, al Consejo Comarcal y a su Ayuntamiento, pero todos se pasan la pelota y nadie le garantiza que su hija podrá ir al centro de día.
“¿Qué vamos a hacer a partir de septiembre? Pues no lo sabemos ni nosotros”, responden ambos a pocos metros de su domicilio. “Lo único que pedimos es que traten a Lisa como a cualquier otro ciudadano”.