No es política para mujeres

Ser mujer con niños pequeños o ser madre mientras se ocupa un cargo político desencadena inevitablemente un conflicto de rol. Como el tiempo es limitado para todos, en función de cómo se invierta te conviertes inexorablemente en mala madre o mala política. Lo podemos ver en el debate abierto a raíz del reciente parto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como también ha sucedido en los últimos años con los embarazos de la ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicándose a la política o en otras actividades, las mujeres tienen el derecho a decidir, no sólo cuando ser madres, sino como quieren vivir su maternidad. Pero estos no son los términos con que son juzgadas. Si Ada Colau acaba haciendo uso de las 16 semanas del permiso de maternidad a que tiene derecho por ley, será acusada de dejación de funciones. Si no se coge el permiso entero, se le reprochará que no representa al conjunto de mujeres, que no hace pedagogía con su ejemplo de la (mal llamada) conciliación familiar y laboral, que hace perder valor a los derechos existentes, o incluso que no practica en su vida privada el programa político que defiende. En resumen, “damned if you do, damned if you do not”, la crítica está servida haga lo que haga.

Este debate público es muy revelador del machismo sobre el que se asienta la sociedad en general y la política en particular. Mientras que la vida privada de los hombres es irrelevante en su evaluación pública, en el caso de las mujeres esta pantalla no está superada. Las exigencias que comporta el ejercicio de un cargo de responsabilidad política se presentan todavía de manera implícita como incompatibles con las expectativas sobre la responsabilidad de las mujeres en el cuidado de los niños. No es de extrañar, pues, que el volumen de diputadas sin hijos/as sea 20 puntos porcentuales superior al de los diputados. La brecha en la (ma)paternidad es incluso más amplia entre los cargos de los gobiernos. Y en todas las instituciones políticas, la permanencia de las mujeres es drásticamente inferior a la de los hombres.

A pesar de que también han sido padres estando activos en política, nadie ha pedido como lo hacen o hicieron por “conciliar” a Oriol Junqueras, Josep Rull, Francisco Álvarez-Cascos, David Cameron, Tony Blair o Nicolas Sarkozy, ni si cogen entero el pírrico permiso de paternidad que ofrece la legislación laboral española o si hacen pedagogía de los permisos iguales e intransferibles estando apartados de la política durante dieciséis semanas. No, claro que no; se da por supuesto que ser padre no afecta las responsabilidades políticas. La sociedad patriarcal explota así el conflicto de rol exclusivamente en el caso de las mujeres, como demuestra el hecho de que sólo las mujeres desarrollen un sentimiento de culpa por la ausencia familiar que supone la dedicación intensiva y las largas jornadas que conlleva la política.

Mientras discutimos sobre qué “deberían” hacer las mujeres, dejamos de poner la mirada en el hecho de que las instituciones políticas están diseñadas en base a la experiencia vital de los hombres. Impera la demanda de una hiperpresencialitat en actos y reuniones que no es compatible ni con la vida familiar ni con ningún otro tipo de vida privada. Al reclamo de hiperliderazgos por parte de los medios de comunicación, se suman unos horarios largos de trabajo institucional o en la organización de los partidos que terminan tarde por la noche y que a menudo se prolongan en reuniones fuera de los espacios formales, en horarios aún más intempestivos. Aquí es donde se forjan redes informales de confianza y de poder, básicamente entre hombres, ya que son los que, en general, tienen la vida familiar resuelta y pueden permitirse llegar a casa a la hora que sea.

En fin, en lugar de seguir discutiendo si las mujeres políticas deberían tomar el permiso de maternidad entero o no, planteémonos las siguientes preguntas: ¿Podemos seguir considerando como verdaderamente democráticas las instituciones y organizaciones con un funcionamiento cotidiano que discrimina a las mujeres? ¿Por qué las administraciones públicas y las empresas deben tener planes para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en cambio, no están obligados por ley ni los parlamentos ni los partidos políticos ?.

Ser mujer con niños pequeños o ser madre mientras se ocupa un cargo político desencadena inevitablemente un conflicto de rol. Como el tiempo es limitado para todos, en función de cómo se invierta te conviertes inexorablemente en mala madre o mala política. Lo podemos ver en el debate abierto a raíz del reciente parto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como también ha sucedido en los últimos años con los embarazos de la ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicándose a la política o en otras actividades, las mujeres tienen el derecho a decidir, no sólo cuando ser madres, sino como quieren vivir su maternidad. Pero estos no son los términos con que son juzgadas. Si Ada Colau acaba haciendo uso de las 16 semanas del permiso de maternidad a que tiene derecho por ley, será acusada de dejación de funciones. Si no se coge el permiso entero, se le reprochará que no representa al conjunto de mujeres, que no hace pedagogía con su ejemplo de la (mal llamada) conciliación familiar y laboral, que hace perder valor a los derechos existentes, o incluso que no practica en su vida privada el programa político que defiende. En resumen, “damned if you do, damned if you do not”, la crítica está servida haga lo que haga.