El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra el decreto del Estado que regula el bono social para reclamar su “nulidad” y ha impuesto a Endesa cinco multas por valor de 350.000 euros en total.
En rueda de prensa, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha asegurado que el bono social “no responde a las necesidades y la urgencia de actuar ante la pobreza energética”, sino que, a su juicio, “es cómplice de los intereses del oligopolio eléctrico”. “Hemos presentado recurso convencidos de que este bono social no responde a los intereses de la clase popular y de las personas vulnerables”, ha asegurado Ortiz.
Según la teniente de alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona “tiene que defender la autonomía local y las competencias de la Generalitat de Cataluña” de un bono social que se ha hecho “de espaldas” a las ciudades, municipios y comunidades autónomas.
En el informe previo a la interposición del recurso, el Ayuntamiento asegura que el bono social es contrario al marco legal y dejaría sin protección a un importante grueso de la población.
En concreto, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ha calculado que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona atiende por cuestiones de pobreza energética quedarían fuera del bono social y que las administraciones deberían gastar 1,67 millones de euros para cubrir el coste de la factura eléctrica solo en Barcelona.
“Era necesario plantar cara para decir que esta no es la solución y que tiene que prevalecer la ley 24/2015, que ha salido de la complicidad de los movimientos sociales y la ciudadanía para dar respuesta a la pobreza energética”, ha dicho Ortiz.
También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, y que, además, hay dos propuestas de resolución más que se notificarán en los próximos días, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión residencial preceptivo a Servicios Sociales.
Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015, y que, en todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables.
“Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)”, y ha detallado que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.