La privatización fallida Aigües Ter-Llobregat (ATLL) seguirá persiguiendo al Govern de Puigdemont con incluso más intensidad que al Ejecutivo de Mas. Contra la opinión de Junts pel Sí, el Parlament ha iniciado los trámites para revertir legislativamente la privatización más grande de la Generalitat y para que los políticos responsables de la época vuelvan a pasar por la Cámara para explicarla. Además, desde los movimientos sociales, la plataforma Aigua es Vida promoverá mociones en los más de 100 ayuntamientos que dependen de la red ATLL -ahora en manos de un consorcio liderado por Acciona- para instar al Govern a recuperar la gestión de la empresa.
Cómo echar atrás la privatización y evitar más perjuicios para las arcas públicas catalanas es uno de los puntos de la agenda política catalana actual. Para ello, la administración, sin embargo, debe medir sus pasos y no puede permitirse errores -algunos de ellos inexplicables- como los que marcaron la concesión a la empresa Acciona. Y es que en derecho dos y dos casi nunca son cuatro y todo está sujeto a diferentes interpretaciones, como muestra todo el recorrido hasta el momento de la llamada guerra del agua.
Por partes. La privatización de ATLL ha tenido episodios incomprensibles desde su inicio. El 6 de noviembre de 2012 el departamento de Territorio adjudicó la gestión de ATLL, la empresa que gestiona el agua 'en alta' -hasta los depósitos municipales- de 4,9 millones de catalanes, al consorcio liderado por Acciona. Agbar -el otro licitante- recurrió el 23 del mismo mes ante el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc), lo que provocó que se paralizara la firma del contrato con Acciona de forma automática.
Ningún responsable político ha explicado con claridad por qué el Oarcc levantó la suspensión automática el 30 de noviembre, lo que permitió firmar el contrato con Acciona el 27 de diciembre y que la Generalitat ingresara 298 millones de euros, claves para salvar los cuentas de ese año. El 2 de enero de 2013, sin embargo, el mismo Oarcc excluía la oferta de Acciona por no respetar el calendario de obras, lo que ponía en bandeja a Agbar quedarse ATLL.
La Generalitat se ha recurrido a sí misma una quincena de veces, acompañada de Acciona, para suspender las medidas cautelares dictadas por el Oarcc. Los tribunales nunca le han dado la razón, tampoco cuando han entrado en el fondo de la cuestión. El último episodio ha sido el informe de Antifraude que ponía en entredicho la gestión de Acciona en ATLL y recomendaba a la Generalitat valorar la extinción del contrato con Acciona.
El abogado especialista en derecho de aguas, Joan Perdigó, recomienda “empezar por el principio” en este conflicto y que, a la hora que la administración actúe, lo haga por las sentencias que ya no se pueden recurrir a instancias superiores. En este sentido, Perdigó recuerda que la administración tiene pendiente de ejecutar la sentencia del Supremo que avala la decisión del Oarcc que excluyó a Acciona del procedimiento de adjudicación de ATLL, mientras espera que el mismo tribunal resuelva sobre el fondo de la cuestión.
Tanto el anterior Govern como el actual han repetido que no actuarán hasta que el Supremo no resuelva el fondo de la cuestión, es decir, sobre si el conjunto del contrato es nulo o no, y, por tanto, si posteriormente la Generalitat debe optar por entregar ATLL a Agbar, hacer un nuevo concurso o quedarse ATLL. Es más, el actual conseller de Territorio, Josep Rull, ha defendido la labor de sus antecesores y se ha limitado a describir la adjudicación como “complicada”.
Si el Supremo sigue la línea marcada por el TSJC el pasado mes de junio -lo que se sabrá durante esta legislatura-, la Generalitat tiene suficiente apoyo jurídico como para volver a gestionar ATLL, ya que el alto tribunal catalán extendió la anulación del concurso a todo el procedimiento de contratación, no sólo a la oferta de Acciona -como sí hizo el Oarcc. La otra opción sería repetir el concurso.
Segunda opción: la 'vía Antifraude'
¿Y la vía para recuperar ATLL sugerida por Antifraude? Perdigó cree que es la opción más complicada, a día de hoy, ya que un procedimiento penal en los juzgados contra las facturas cruzadas de Acciona paralizaría el recorrido administrativo de la materia.
Una segunda fuente jurídica consultada, por el contrario, interpreta que la Generalitat puede agarrarse a las tesis de Antifraude y rescindir el contrato de adjudicación por incumplimiento del consorcio de Acciona. Considera, sin embargo, que hay que coordinar las acciones desde el ejecutivo con el trabajo parlamentario, en referencia al debate que mantendrá la comisión de Territorio del Parlament sobre la proposición de ley del PSC que pide que la Generalitat recupere la gestión de ATLL.
La misma fuente afirma que la 'vía Antifraude' permitiría a la Generalitat volver a gestionar el agua en alta evitando una indemnización por lucro cesante por el dinero que Acciona dejaría de ganar en los 47 años restantes que aún tiene de concesión en virtud del contrato firmado en 2012. “El lucro cesante se puede reclamar cuando la expectativa de negocio se basa en actividades lícitas”, recuerda la misma fuente, lo que a su juicio el informe de Antifraude contradice.
Una tercera fuente jurídica apunta a que la liquidación del contrato con Acciona por parte de la Generalitat abriría, con toda probabilidad, un nuevo contencioso entre la empresa y la administración en el caso de que las dos partes no lleguen a un acuerdo sobre el dinero que la Generalitat tiene que devolver a la compañía de José Manuel Entrecanales.
De momento, los números que hay sobre la mesa son los 326 millones que costaría recuperar la compañía según el exconseller Mas-Colell si la Generalitat debe terminar cumpliendo con las sentencias, aunque el anterior titular de Economía dijo que tenía “bases jurídicas” para pensar que no tendría que indemnizar a Acciona ni por cánones ni por intereses, lo que rebajaría esta cifra.
Acciona, por su parte, cifró la compensación en un mínimo de 295,9 millones de euros, que se aplicarán en caso haya resoluciones judiciales que impliquen resolver o anular el contrato de concesión. Con todo, la compañía se reservaba la posibilidad de reclamar más dinero en caso de que el contrato terminara de forma anticipada y por los daños y perjuicios que pudieran proceder.
Mociones que afectan a 4,9 millones de catalanes
Mientras se suceden el debate parlamentario y las futuras sentencias judiciales, la plataforma Aigua és Vida ha promovido una moción para presentar en el centenar de ayuntamientos que dependen de la red ATLL instando al Ejecutivo a recuperar el control de la empresa.
El texto debería contar con el apoyo de las fuerzas progresistas de los municipios de los partidos que defienden el Compromís per l'Aigua -ERC, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP-, un texto del pasado septiembre donde, entre otras políticas de agua, los partidos firmantes se comprometían a trabajar para ATLL volviera a manos públicas.
La moción también insta al Govern a retirar el recurso al Supremo contra la sentencia de junio del TJSC, llegar hasta el final con la denuncia de Antifraude y que la nueva empresa pública que gestione el agua 'en alta' en Barcelona contemple los espacios necesarios de participación ciudadanos que “faciliten los mecanismos imprescindibles de transparencia, control municipal y también de control ciudadano”.
La moción impulsada por Aigua és Vida busca poner el control público y ciudadano del agua por delante de los intereses de las grandes empresas. Y es que el caso de ATLL es un ejemplo de cómo las compañías se frotan las manos para gestionar el negocio del agua debido a su gran rentabilidad: sólo una situación de gran vulnerabilidad económica impide a las familias abrir los grifos de su casa.