En plena carrera para dotarse de una Hacienda propia, la Generalitat mantiene externalizada una parte de la gestión de los impuestos catalanes a los Registradores de la Propiedad, que dependen del ministerio de Justicia. La Agència Tributària de Catalunya (ATC) abonó 19,4 millones de euros en 2014 a los Registradores de la Propiedad para gestionar los impuestos de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Todavía no se conoce la cifra concreta que percibirán los Registradores en 2015, pero fuentes de la ATC apuntan a que rondará los 22 millones debido al incremento de la recaudación de ambos impuestos (que ascenderá a unos 1.900 millones).
El último convenio de colaboración entre la ATC y el Decanato Autonómico de Registradores de la Propiedad se firmó en 2012, y se prorrogó en octubre del año pasado hasta 2017. En el documento se regulan los honorarios que perciben los Registradores a cambio de gestionar los impuestos catalanes.
Cada oficina a manos de los Registradores puede quedarse con un porcentaje de las cantidades ingresadas por los contribuyentes de manera voluntaria en concepto de autoliquidaciones de los impuestos de sucesiones y actos jurídicos documentados. La comisión es del 1,9% hasta los primeros 6,89 millones gestionados; el 1,5% si administran entre 6,89 y 13,8 millones; y el 1% por cada oficina en la que se exceda de 13,8 millones.
Además, los Registradores perciben el 20,66% del total ingresado por cada una de las liquidaciones complementarias y sanciones firmes emitidas por la oficina liquidadora. Fuentes de la ATC señalan la contradicción que supone mantener este modelo “represivo” con el nuevo modelo “colaborativo” de Hacienda catalana que se presentó en julio.
La ATC tiene cuatro sedes en las cuatro capitales de provincia que dan servicio a los ciudadanos de cada una de las capitales (en el caso de Barcelona, además, se atiende a la población de municipios del Barcelonès). Con el acuerdo con el Decanato, la ATC utiliza las oficinas de los registradores para desplegar su red territorial. En concreto, son 53 oficinas repartidas por todo el territorio catalán. Según el convenio, las oficinas de los Registradores “se identificarán con las placas o distintivos que disponga la ATC”.
De esta forma, funcionarios del Estado gestionan, comprueban, giran liquidaciones, proponen sanciones y cobran dichos impuestos de la Generalitat con las mismas atribuciones que personal de la administración catalana. Además de las funciones propias de los Registradores, acumulan la propia de una Hacienda: gestionar los impuestos y perseguir a quien no paga.
Último convenio en 2012
Se da la circunstancia que en 2012, año en que se firmó el último convenio de colaboración con funcionarios del Estado como son los Registradores, la Generalitat y las cuatro diputaciones conformaban el “embrión” de la Hacienda catalana, en palabras del entonces president, Artur Mas. El objetivo era integrar la gestión de los tributos de las diputaciones y los impuestos propios del la Generalitat, así como los cedidos por el Estado.
Fuentes de la ATC explican las funciones tributarias de los Registradores se justificaban antiguamente porque se tenían que liquidar los impuestos que recaen sobre los inmuebles antes de inscribiros en el Registro de la Propiedad. Por esto eran los propios Registradores los que se encargaban de gestionar los tributos. Además, una vez la Generalitat recuperó competencias tributarias, no tenía suficientes trabajadores para hacerlo, por lo que mantuvo la costumbre.
“Hoy en día no es más que un anacronismo y un modelo caduco e ineficiente”, remarcan las mismas fuentes, que recuerdan que el convenio firmado entre las diputaciones y la Generalitat para crear Tributs de Catalunya debería suplir a las 53 oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad. Además, en estas oficinas los Registradores contratan a personas por su cuenta y riesgo, por lo que no se trata de personal de la Generalitat pese a que opera con los datos y el sistema informático de la administración tributaria catalana.
Actualmente la ATC cuenta con 324 funcionarios, aunque el objetivo de la Generalitat es llegar a los 600 efectivos en los próximos años. Las previsiones del Consell Assessor per a la Transició Nacional indican que la Hacienda catalana necesitaría entre 7.000 y 8.000 empleados públicos para cumplir con los estándares recomendados por la Comisión Europea.