Las irregularidades de 13,3 millones de euros de Acciona en la privatizada Aigües Ter-Llobregat (ATLL) le costarán una multa de 4,03 millones. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha anunciado que impuesto una sanción al consorcio encabezado por Acciona que gestiona ATLL desde enero de 2013 por las facturas que emitió sin la perceptiva autorización de la Generalitat a dos filiales de Acciona, que Rull ha tildado de “incumplimientos graves” del contrato de concesión. No obstante, Rull ha argumentado que no es “viable jurídicamente” resolver el contrato de concesión de Acciona para que ATLL vuelva a manos públicas, tal y como le pide la oposición. El motivo, según Rull, es que las irregularidades no han supuesto un incremento en la tarifa del agua que pagan los usuarios.
La oposición en pleno había pedido la comparecencia de Rull ante el Parlament para que respondiera al informe de la Oficina Antifraude que, a raíz de una denuncia de la CGT, destapó que la ATLL privatizada no justificó trabajos por valor de más de siete millones a la filial de Acciona, Empresa Operadora en 2013; y otros de casi cinco millones a Acciona Agua en 2014.
Rull ha coincidido una por una en las cuatro irregularidades que constató Antifraude. Así, ha reconocido que la ATLL privatizada no informó a la Generalitat de los trabajos que encargó a dos filiales de Acciona, incumpliendo así las condiciones del contrato de concesión.
También ha dado la razón a Antifraude en que la Generalitat estuvo “insuficientemente representada” en el consejo de administración de la ATLL privatizada. De las cinco reuniones donde se acordaron las operaciones irregulares, la Generalitat estuvo presente sólo en dos. Rull ha dicho en sede parlamentaria que ha pedido los acuerdos que se tomaron en los consejos de administración a los que la Generalitat no asistió pero que la empresa no se los ha entregado.
Rull también ha validado la “inexistencia de una corriente real de servicios prestados” por las filiales de Acciona a ATLL (a la Empresa Operadora se le encargaron trabajos de mantenimiento de las instalaciones pese a no tener trabajadores) así como la “falta de justificación de otros gastos”.
No obstante, Rull y Antifraude han llegado a conclusiones opuestas sobre las consecuencias de las irregularidades. Si Antifraude recomendó rescindir el contrato, Rull se ha opuesto a este extremo porque, según ha expuesto, las irregularidades no han supuesto un incremento en la tarifa de agua que pagan los usuarios. “El objeto material del contrato se ha prestado”, ha dicho Rull.
Además, Rull ha señalado que los servicios jurídicos de la Generalitat le han desaconsejado la recisión del contrato porque su defensa ante los tribunales no sería “viable”. “Acreditamos un funcionamiento irregular, pero no hay causas para rescindir el contrato”, ha afirmado.
Acciona, a 965.000 euros de quedarse sin ATLL
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. Abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización, que ascendió a 1.000 millones de euros. Su privatización se encuentra en el Supremo tras la sentencia del TSJC que anuló el contrato de concesión.
La multa de 4,03 millones a la privatizada ATLL resulta de multiplicar 5.000 euros por 807, los días en que, según Rull, duró la infracción. Los pliegos de la concesión marcan que si la multa por las infracciones del consorcio que se quedó con ATLL superaba los 5 millones de euros, la Generalitat debía proceder a la resolución del contrato. Acciona se ha quedado a 965.000 euros de quedarse sin ATLL.
La oposición ha criticado a Rull por el “descontrol” de ATLL y ha anunciado que revisará los criterios jurídicos por los que la Generalitat ha decidido no rescindir el contrato. Por su lado, en un comunicado, el consorcio liderado por Acciona que gestiona ATLL ha mostrado “un radical desacuerdo” con la multa, que considera “desproporcionada e infundada”.