Los 72.000 millones de deuda de la Generalitat han conseguido sentar a Govern y a todos los partidos políticos del Parlament alrededor de una misma mesa. Este miércoles se ha reunido por primera vez el grupo de trabajo creado para abordar la sostenibilidad de la deuda de la Generalitat. La mayor parte de los grupos han querido dejar claro que ven este grupo con carácter técnico y que los debates políticos deben tener lugar en el Parlament. De no ser así, han avisado que no acudirán a la próxima reunión, convocada para dentro de quince días.
El encuentro ha servido para fijar el calendario de trabajo y para que la consellería de Economía se haya comprometido a facilitar a los partidos y a la ciudadanía “toda la información disponible” sobre el endeudamiento financiero de la Generalitat y de la deuda adquirida para construir infraestructuras, que se sitúa alrededor de los 30.000 millones. Algunas de estas últimas deudas se alargan hasta el 2108, en concreto el cánon de unos terrenos al Consorcio de la Zona Franca para levantar una prisión de preventivos.
La información acerca de esta 'deuda en la sombra' para pagar infraestructuras es más limitada que la de los otros 72.000 millones de deuda. Ambos tipos de deuda formaban parte de la declaración del 9-N aprobada por JxSí y la CUP que instaba al Goven a establecer vías de negociación para reducir la carga de la deuda en el conjunto del gasto y a renegociar “todas” las financiaciones estructuradas.
Los datos disponible a día de hoy más detallados sobre la 'deuda en la sombra' de la Generalitat son los que proporciona la Sindicatura de Cuentas a partir de su análisis de las cuentas catalanas. En su último informe, correspondiente a las cuentas generales de 2013, el ente fiscalizador mostró que quedaban pendientes 1.327,45 millones a pagar hasta el 2039 de la Ciutat de la Justícia, y otros 6.231,11 millones hasta 2041 en carreteras. En construcción y mantenimiento de comisarias, juzgados y prisiones quedaban por pagar 2.571,38 millones hasta 2042.
De los 72.000 millones de deuda, cuyo 60% está en manos del Estado, se sabe que este año la Generalitat debe devolver 5.922. Por otro lado, más de 11.400 millones, según los datos del Banco de España, están en manos de entidades financieras españolas. Nueve de cada 10 euros de deuda catalana son a largo plazo, pero las tensiones de tesorería de la Generalitat han dificultado el retorno de créditos y prestamos a corto.
Y es que primeros meses de Oriol Junqueras al frente de la conselleria de Economía no han sido diferentes de la etapa de Andreu Mas-Colell y el líder de ERC ha tenido que acudir al Gobierno central para estudiar convertir los vencimientos de deuda a corto plazo a endeudamiento a largo. Fue uno de los temas de la reunión Junqueras-Montoro de hace dos semanas.
En abril y mayo las amortizaciones de préstamos sumarán 33 y 63 millones de euros respectivamente, según el plan para inversores extranjeros de la Generalitat. Las dificultades podrían volver en junio y julio, cuando los vencimientos, entre bonos, créditos y préstamos del FLA, ascienden a más de 200 millones.
Presencia de todos los partidos
La primera reunión del grupo de trabajo ha contado con la presencia de todos los partidos políticos con representación en el Parlament. Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha destacado que este grupo de trabajo debe servir para compartir información de “manera pública, para todo el mundo”. Por su parte, el diputado de JxSí Roger Torrent ha mostrado su “satisfacción” por que el Govern se haya puesto “manos a la obra” tras el acuerdo adoptado al respecto en el pleno de pobreza, y se ha mostrado “esperanzado” ante los objetivos planteados.
El diputado del PSC Óscar Ordeig ha mostrado su “predisposición a encontrar fórmulas” para hacer frente a los 72.000 millones de deuda ya que “con las actuales fórmulas, difícilmente se podrán asumir”. Por su lado, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha destacado que “la cosa empieza bien y esperaremos al desenlace” de unas reuniones en las que su grupo acude con la “voluntad clara” de analizar cómo reducir el peso de la deuda y sus intereses.
El portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha tildado de positiva la iniciativa pero ha dejado claro que los populares participarán en todas las reuniones con la condición de que “no sirva como excusa para tomar decisiones de las que no participemos, pues para eso está el Govern o el Parlament”. Desde Ciutadans, el diputado Antonio Espinosa ha calificado de “necesario y pertinente” este estudio y análisis de la deuda, pero ha avisado que su grupo dejará de participar si “se trata de hacer titulares de impago de la deuda impropia u otros”.