El sector negocios de CiU vive sus horas más sombrías entre pactos con la Fiscalía. Mientras el exconseller Macià Alavedra ha confesado su papel de comisionista en la trama urbanística del Pretòria para evitar la cárcel, el expresidente de la histórica química La Seda, Rafael Español, ha llegado a un pacto con el ministerio público por el que acepta una condena de dos y años y medio de prisión por apropiación indebida. Otros cinco empresarios también han aceptado penas menores.
Según el fiscal, los acusados simularon la venta de 58.450 toneladas del producto PET, usado en la fabricación de botellas, a empresas vinculadas a ellos mismos para revenderlo posteriormente a La Seda. El amaño también incluía el transporte ficticio del producto a empresas de países como Rusia o Túnez. El fiscal eleve el perjuicio patrimonial de la Seda a 4,3 millones de euros.
La petición inicial de pena de la Fiscalía para Español era de 12 años de prisión. El empresario sí tendrá que entrar esta vez en la cárcel, algo que evitó en 2015. Después de otro acuerdo con la Fiscalía, redujo una condena de 27 a 2 años por los delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda pública. Este último proceso llevaba años abierto y sufrió dilaciones indebidas, y, al igual que ahora, Español devolvió parte del dinero desviado.
Español presidió La Seda entre 1993 y 2009, el último año sólo del consejo de administración, antes de la quiebra de la compañía. El resto de condenados son el director general de la sociedad Industrias Químicas Asociadas, vinculada a La Seda, entre 2008 y 2009, Aurelio González-Isla; el director financiero de La Seda desde el 2001, Carlos José Sanz; el director de operaciones de La Seda de Barcelona y desde finales del 2007, Sinforiano Sisniega; el titular del 25% del capital social de NetCAT, Santiago Marsella; y el extrabajador de La Seda, Joaquín Francisco García.