El Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo ha coincidido este año en Catalunya con un debate de plena actualidad sobre la municipalización del agua. Los partidos, sindicatos y movimientos sociales partidarios de la gestión pública del agua han visto como una oportunidad para recuperar el control de este bien las recientes sentencias que han cuestionado la forma en que se privatizó el agua 'en alta' -la que se capta en las cuencas y desaladoras y se lleva hasta los depósitos municipales- y 'en baja' -la que se suministra hasta los hogares-. No lo ven igual las empresas privadas ganadoras de ambas adjudicaciones, Acciona y Agbar, enfrentadas en sendos litigios judiciales. Ambas defienden la plena vigencia de sus concesiones.
En un artículo publicado este martes en El Periódico, los regidores de Barcelona en Comú, Janet Sanz y Eloi Badia, han asegurado que la ciudad y su área metropolitana “tienen la oportunidad de recuperar la gestión pública del abastecimiento de agua” tras la sentencia del TSJC de la semana pasada. El alto tribunal catalán anuló la concesión del servicio de suministro de agua de Barcelona y otros 22 municipios del Área Metropolitana a una empresa mixta formada por Agbar -70%-, la propia AMB y Criteria (la Caixa) -15% cada una-.
La intención está clara; el camino concreto hacia la municipalización no tanto. Agbar ha recurrido el fallo ante el Supremo y seguirá prestando el servicio como hasta ahora. Se juega 3.500 millones en una concesión que debía durar 35 años, pero que el TJSC ha anulado. La compañía que preside Ángel Simón no quiere ver a Barcelona seguir los pasos de París, que municipalizó hace seis años el servicio de aguas en detrimento del gigante del agua Suez, accionista mayoritario de Agbar.
Para empujar hacia la municipalización, la plataforma Aigua és Vida -de la que formaba parte Badia antes de dar el salto a la política institucional- ha presentado este martes una “guía práctica para una gestión no mercantil y democrática del agua”. Los regidores de pueblos del área de Barcelona que ya han emprendido este camino, Pilar Castillejo, de Ripollet, y Jordi Serra, de Collbató, han explicado cómo hacerlo.
Collbató (4.500 habitantes) empezará a gestionar el agua desde una empresa plenamente municipal el próximo uno de abril, ha explicado Serra, que ha denunciado la mala gestión del anterior concesionario, la compañía Sorea. En la misma línea ha ido Castillejo, que ha denunciado que la empresa no facilita información básica para municipalizar el agua -como por ejemplo el necesario cruce de información entre el padrón municipal y los contadores de las casa- y que no ha realizado las inversiones necesarias en la red de suministro. La intención de Ripollet es gestionar directamente el agua a partir de enero del próximo año.
“En Catalunya se produce una situación anómala: el 84% de la población está afectada por la privatización del agua. A nivel mundial, la gestión pública del agua con un 90% de media es ampliamente mayoritaria”, reza el manifiesto de Aigua és Vida. Desde 2010 once poblaciones catalanas han municipalizado el servicio de aguas. En Terrassa o Girona, donde el contrato finaliza en diciembre de este año y en 2020, respectivamente, ya se han puesto en marcha plataformas para que el agua vuelva a gestionarse desde las instituciones.
Aigua és Vida pide unidad política en la AMB
Coincidiendo con la reciente sentencia del TSJC, Aigua és Vida ha reclamado unidad a las distintas fuerzas políticas del AMB (gobernada por Entesa, en la que está integrada BComú, PSC y ERC) para que se aproveche el fallo judicial para municipalizar el servicio de aguas.
Asimismo, la plataforma ha reclamado al AMB (que preside Ada Colau en calidad de alcaldesa de Barcelona) la puesta en marcha de una Oficina Metropolitana Ciudadana del Agua, mecanismo que se mira en el Observatorio del Agua de París impulsado por el consistorio de la capital francesa para municipalizar el agua. La Oficina debe servir para fomentar la participación y el conocimiento ciudadano de la gestión del agua, tal y como fija la Directa Marco europea.
Por otro lado, Aigua és Vida ha instado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) a crear la oficina técnica de apoyo a la remunicipalización, que se aprobó el pasado junio en el Parlament pero que todavía no se ha creado. Actualmente los municipios que quieren gestionar directamente el agua pueden acudir al GIAC, un consorcio que agrupa a varios ayuntamientos implicados por completo en el ciclo integral del agua.