La situación política catalana ha llevado a que, a fecha de marzo de 2016, los presupuestos catalanes de este año no se hayan ni presentado y su discusión esté prevista para el segundo trimestre del año. Las dificultades que tendrá el conseller de Economía, Oriol Junqueras, siguen siendo las mismas que las de su antecesor, Andreu Mas-Colell: cuadrar las cuentas catalanas es imposible si no se aumentan los ingresos. Para intentarlo, Mas-Colell, fruto del pacto con ERC de 2012, recurrió a la vía de la fiscalidad ambiental, que si bien es estrecha en lo que a recaudación se refiere, permite actuar de forma indirecta sobre el medio ambiente. En su primera comparecencia parlamentaria, Junqueras se mostró partidario de seguir por el mismo camino.
“Lo que define a un impuesto como ambiental no es su recaudación ni ésta se dedica a políticas ambientales, sino el hecho que el impuesto desincentiva alguna conducta perjudicial para el medio ambiente”, recuerda el jefe de proyectos de la consultora y la fundación ENT, el doctor en ciencias ambientales Ignasi Puig Ventosa.
En este sentido, Ventosa considera que “no tiene sentido” que Catalunya dedique más de 25 millones de euros a la devolución del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos a transportistas profesionales. Asimismo, este experto cree que se podría aumentar un 15% los tipos impositivos del impuesto de matriculación, que Catalunya sólo ha hecho para dos de las nueve categorías de vehículos y no hasta el nivel máximo.
A finales de enero el Ejecutivo catalán ya presentó un proyecto para gravar la contaminación rodada. Así, en el anteproyecto de la Ley del Cambio Climático aprobada por la Generalitat se prevé que a partir de 2018 un turismo pague de promedio 5,5 euros anuales. Los vehículos que emitan menos de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro quedarán exentos y a los que más contaminen se les impondrá un máximo de 84 euros. La Generalitat prevé ingresar 76,8 millones de euros una vez el tributo esté plenamente implantado.
Otros campos de actuación tributaria que se podrían explorar serían un impuesto sobre el cambio de usos del suelo o tributos en determinadas actividades, en especial las que tienen mayor impacto sobre el medio ambiente como campos de golf o actividades extractivas, o aquellas que se desarrollan en el medio rural. Asimismo, Catalunya podría poner tasas sobre productos con un impacto considerable: ciertos envases, pesticidas o fertilizantes.
Junqueras puede sacar ideas de otras comunidades autónomas. Es el caso del impuesto sobre bolsas de plástico (cuyo uso quiere frenar la Comisión Europea pero todavía están muy presentas en el pequeño comercio urbano catalán) vigente en Andalucía y Cantabria desde 2011. O el tributo sobre elementos fijos de transporte de electricidad implantado en Asturias, Cantabria y Extremadura.
Fruto del pacto de CiU con ERC la pasada legislatura, Mas-Colell implantó tres tributos medioambientales. Las previsiones del Govern indican que en 2016 se recaudarán 3,8 millones gracias al impuesto sobre emisiones contaminantes de la aviación comercial. Respecto al impuesto sobre la emisión de partículas a la atmósfera producida por la industria, según los datos de ejecución presupuestaria publicados a día de hoy, hasta noviembre de 2015 se habían recaudado 0,1 millones. La previsión gubernamental era recaudar gracias a este impuesto 0,5 millones el año pasado y 1,6 este año.
El tercer impuesto implantado en el último mandato de Mas fue sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Es el más importante en cuanto a recaudación (la previsión es conseguir 39,6 millones en 2015 y 3,6 en 2016). Según la ejecución presupuestaria, hasta noviembre del año pasado se habían recaudado 30,3 millones. Endesa, Iberdrola y la patronal de las eléctricas Unesa recurrieron el impuesto al TJSC.
A juicio de Puig Ventosa, con este último paquete de tributos Catalunya “ha recuperado buena parte del terreno perdido” en materia de fiscalidad ambiental, si bien matiza que todavía debe evaluarse su efecto. Con todo, este experto señala que todavía hay ámbitos económicos como la aviación comercial que resultan “paraísos fiscales” pero en los Catalunya no puede actuar ya pero que no tiene competencias en gravar los combustibles de la aviación.
Por otro lado, si bien no guarda relación directa con el medio ambiente, uno de los impuestos incluidos en el pacto CiU-ERC pero que no se llegó a aprobar fue el de las bebidas azucaradas, con el que se preveían recaudar 22 millones. Desde el sector sanitario se presentan los efectos positivos de una tasa de este tipo sobre la salud de la población y en particular en la reducción de la obesidad.