En la empresa donde trabaja Ventura Campo, un matadero de aves en Lleida, hay dos tipos de empleados: los que trabajan directamente para la compañía y los que están ahí subcontratados mediante una empresa intermediaria, conocidas como compañías multiservicios. Aunque todos hagan el mismo trabajo, las condiciones entre unos empleados y otros no tienen nada que ver.
“En mi convenio tengo tres horas para ir al médico”, explica Campo. “En cambio los compañeros que están subcontratados se lo descuentan del salario”. Este empleado, representante sindical de CC.OO, es uno de los pocos privilegiados en su empresa: de 650 empleados en el matadero, apenas 40 gozan de las condiciones que les marca el convenio colectivo del sector. El resto trabajan con condiciones mucho peores.
Esta discriminación tendría los días contados de aprobarse la reforma laboral, apunta Campo, ya que desde 2012 prima el convenio de la empresa sobre el del sector, de manera que los empleados subcontratados acaban trabajando en condiciones mucho peores a las que marca el convenio colectivo de su sector.
En estos momentos, el decreto que impulsa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que cuenta con el aval de los principales sindicatos y la patronal, está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. La mayoría está disputada y esta semana la ministra viajó a Catalunya para redoblar la presión sobre ERC, que por ahora se mantiene en el ‘no’.
Campo pone como ejemplo las horas para ir al médico, pero hay muchas más situaciones de discriminación que podrían desaparecer. Desde la carga de trabajo hasta los pluses que perciben los trabajadores. “Entre primas de producción, incentivos, antigüedad y otros aspectos del convenio, mi salario puede ser el doble que el de otros compañeros que hacen la misma tarea”, señala. “Esto es una tremenda injusticia que debe acabarse de una vez”.
Los trabajadores subcontratados son uno de los colectivos que pueden salir más beneficiados de la actual reforma, ya que las subcontratas suelen acogerse a convenios de empresa con salarios menores al del convenio sectorial. “Esto se generalizó en el año 2012 y es lo que pasa muchas veces en las empresas multiservicio, que se dedican a varios sectores y tienen salarios más bajos”, explica Natxo Parra, abogado laboralista del Colectivo Ronda. Con el nuevo decreto, esto sería imposible, porque los salarios que prevalecerían serían los del convenio sectorial, aunque todo lo relacionado con las condiciones de trabajo seguiría sujeto al convenio de empresa.
“Ahora los trabajadores de las empresas multiservicios se van a poder acoger a diferentes convenios sectoriales, cada uno al que le corresponda. Una empresa que tiene por ejemplo trabajadores de seguridad y de mantenimiento eléctrico tendrá los primeros adscritos a su convenio y los segundos al del metal, con lo que los salarios pueden subir, dependiendo de si estaban muy por debajo”, explica Parra.
Ahora bien, el abogado alerta de que esto puede tener un efecto indeseado para algunos colectivos. Por ejemplo, para las Kellys. “Estas trabajadoras se desprenderán del sueldo ligado a su convenio de empresa, pero no irán al convenio de hostelería, que sería el adecuado, sino al de limpieza, que es más bajo. Puede que no acabe siendo ningún avance para ellas o incluso contraproducente, según el caso”, alerta.
“Esta es una reforma muy dirigida a las empresas multiservicios”, confirma Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. “Son empresas intensivas en mano de obra. Trabajadores de jardinería, de logística, tipo almacén o reparto, trabajadores de seguridad, limpieza…”, describe. “Es la típica empresa que va a un ayuntamiento y le ofrece todo lo necesario para subcontratar y les da trabajadores para jardinería, para museos, para seguridad y lo que haga falta”, incide.
Desde la anterior reforma laboral, este tipo empresas han suscrito convenios propios para colocar salarios por debajo del sector y así rebajar costes. Esta situación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para sindicatos y los expertos en el mercado laboral. De hecho, en los últimos años la práctica se ha extendido. “Pasa también con las subcontratas”, asegura Todolí. “A partir de 2012 los convenios propios tendieron a quedar por debajo de los del sector. Son empresas más bien pequeñas, aunque no necesariamente, pero sí muchas veces de nueva creación. Y también suelen ser intensivas de mano de obra. Normalmente quienes se aprovecharon de esta normativa son aquellas de las que su mayor coste fue la mano de obra”, indica.
A partir de ahora, todas ellas quedarán sujetas a los salarios del sector. Y eso, dependiendo de los casos, puede suponer un beneficio económico muy importante. “Históricamente el convenio de la hostelería en Baleares era bueno, por lo que ahora un trabajador puede ganar por ejemplo una paga extra. Si a eso se suma lo que ya han ganado por las recientes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no sería raro encontrar incrementos de 4.000 o 5.000 euros”, afirma Todolí.
Mejoras para los trabajadores de la hostelería
Otro colectivo cuyas condiciones se verían mejoradas de aprobarse la nueva reforma laboral es el de los trabajadores de la hostelería, donde abundan los llamados trabajadores fijos discontinuos. Estos empleados, sobre todo en zonas turísticas, suelen trabajar intensamente durante unos pocos meses al año. Con la legislación actual, para la antigüedad de un trabajador solo computan los meses trabajados. De aprobarse la nueva reforma, computaría desde el día en que se empezó a trabajar.
“Hasta ahora si trabajabas seis meses al año solo te contaban esta antigüedad”, apunta Igor Abascal, trabajador en un restaurante VIPS de un centro comercial de Barcelona. “Estamos encantados de que por fin se reconozca que la antigüedad empieza a computar desde el primer día en que empiezas a trabajar”.
Abascal señala que en la hostelería también se va a notar el hecho de que los trabajadores de las empresas multiservicios se puedan regir por el convenio sectorial en lugar del de empresa, sobre todo para los empleados de grandes cadenas que han sido subcontratados mediante esa vía. El resultado es que trabaja codo con codo con empleados que cobran el Salario Mínimo Interprofesional mientras que él goza del convenio sectorial de la provincia de Barcelona, que tiene un salario base de 1.300 euros mensuales.
“Tengo compañeros que cobran 400 euros menos que yo porque no tienen mi antigüedad ni mi convenio”, apunta, “la injusticia es tremenda”.
Como nota negativa, este empleado de la restauración reclama que se redacte un convenio estatal para los trabajadores de la hostelería, ya que actualmente solo hay convenios autonómicos y provinciales. “Espero que de aquí a la semana que viene se logre un convenio estatal para el sector que nos beneficie a todos”, remacha. “Cruzaremos los dedos”.
“La piedra angular de la reforma es actuar sobre la temporalidad, dando nuevo papel al fijo discontinuo”, explica Antonio Benavides, profesor de la Universidad Blanquerna-URL y ex inspector de trabajo. Según indica, cada año se hacían en España unos 8,5 millones de contratos de trabajo temporal, modalidad que desaparecería a partir del 30 de marzo. “Se pasa a contratos de mayor estabilidad. Hasta ahora, una empresa no tenía ninguna obligación de volver a llamar a un trabajador al que se le acababa el contrato temporal. Ahora, si tiene un contrato de fijo discontinuo, la empresa tiene obligación de llamarlo cuando haya más trabajo”, ilustra.
El fijo discontinuo es un contrato indefinido a todos los efectos, pero implica que el trabajo se interrumpe en algunos periodos del año. Cuando no se trabaja, si el empleado cumple las condiciones, se puede cobrar el paro. La empresa debe poder justificarlo por causas estructurales de producción, como ocurre con un dependiente contratado para rebajas, un jornalero que depende de la temporada agrícola o el empleado de una piscina que solo abre en verano. Uno de los objetivos de la reforma, explica Benavides, es que pasen a esta modalidad la mayoría de contratos que hasta el momento eran por obra y servicio. La ley prevé multas de hasta 10.000 euros para la empresa que lo incumpla.
Este cambio para el que hasta ahora era un trabajador por obra y servicio debería notarse en todos los sectores, pero más aún en los que la temporalidad es más baja. “La hostelería tiene mucha temporalidad, también el comercio, el agrario… pero muchos sectores en España arrastran problemas de temporalidad y la reforma no apunta a ninguno de ellos en concreto, sino a todos en general”, apunta Benavides.
Pese a que todos los expertos consultados observan beneficios en la nueva reforma laboral, algunos son críticos con aspectos concretos. En el caso del colectivo Ronda, critican una figura que se introduce para permitir la temporalidad durante 90 días. “Legaliza el contrato temporal de campaña, aunque el incremento de trabajo sea previsible y programable. Veremos qué pasa aquí, pero de entrada parece que abrirá la puerta al trabajo temporal en momentos como el verano”, critica Parra.
“Es evidente que esta no es una reforma laboral regresiva. Y eso ya es decir mucho. Pero mi valoración depende de si es un paso adelante o si esta es la estación final. Si el objetivo es quedarse aquí, para mí no merece la pena, porque no se da marcha atrás a un modelo de relaciones que se había acordado revertir”, explica el abogado.