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El Consejo de Estado ha emitido un dictámen por el que considera que “la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional”.
Según el dictámen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid prevé aplicar en enero, vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas “no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”.
Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes “cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario”.
El dictámen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que “la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna”.
La conclusión del dictámen asegura que en el caso de Cataluña, el precepto autonómico también “entra en conflicto” con el artículo 149.1.1 de la Constitución según el cuál “corresponde al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes”.
La decisión del Consejo de Estado ha contado con tres votos particulares -Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso- que entienden que “no existen motivos suficientes” para considerar la inconstitucionalidad del euro por receta.
La Generalitat de Cataluña implantó esta tasa farmacéutica el pasado 23 de junio con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos.
Desde esa fecha, los catalanes tienen que pagar un euro por cada medicamento dispensado con receta en una farmacia, con un máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros.
Sólo están exentos de pagar el tributo unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, de una pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social.
La Comunidad de Madrid prevé aplicar esta tasa en el mes de enero al objeto de racionalizar el gasto farmacéutico.
No obstante, el presidente madrileño, Ignacio González, ha estimado “lógico” que el Gobierno de Mariano Rajoy “plantee la conveniencia” de analizar el cobro de un euro por receta si bien ha subrayado que la medida aplicada en Cataluña está provocando un gran ahorro.
Recientemente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha discrepado con esta tasa y ha dicho que no le parecía bien pagar un euro por receta porque suponía “pagar dos veces”.
El Consejo de Estado ha emitido un dictámen por el que considera que “la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional”.
Según el dictámen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid prevé aplicar en enero, vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas “no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”.