Los miembros del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau han presentado conjuntamente la dimisión irrevocable de sus cargos. La decisión llega después de que el juez que instruye la denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos entorno a la institución imputara a nueve de sus exresponsables. En este sentido, los miembros del Patronato consideran que la imputación judicial no hace más que ofrecer una imagen negativa del centro sanitario y de los profesionales que ahí trabajan.
En la reunión extraordinaria que se ha celebrado esta mañana han presentado su dimisión al presidente de la fundación, Xavier Pomés, que había sido consejero de Gobernación y de Sanidad en los gobiernos de Jordi Pujol, los representantes de la Generalitat, Josep Manuel Basáñez y Enric Agustí Fabré, el representante del Capítulo Catedralicio, José Ramón Pérez Sánchez, y la delegada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Cristina Iniesta.
La totalidad de los miembros del Patronato entienden que el centro se encuentra en una situación de bloqueo, por lo que necesita de la aplicación de medidas urgentes que aseguren su viabilidad como uno de los hospitales de referencia de toda Cataluña. El pasado 12 de abril, el Patronato solicitó al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat la intervención del centro, “petición que hasta el día de hoy no ha sido atendida”, subraya el Patronato en un comunicado.
La dimisión se suma a la presentada en abril por el gerente del hospital Xavier Corbella, menos de un año después de que fuera nombrado para el cargo. Corbella y Pomés llegaron al Sant Pau en mayo del 2012, después de que el Gobierno decidiera intervenir el hospital, que había acumulado un déficit de 18 millones de euros en 2011 y se había visto obligado a suspender la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) por una denuncia de los trabajadores.
Pomés atribuyó la dimisión de Corbella a unos problemas de salud, pero también culpaba de la dimisión a una campaña en contra de un colectivo de trabajadores. Pomés sostiene que hay una operación de descrédito y de calumnias por parte de algunos trabajadores, que presentaron demandas por desvío de fondos, estafa y malversación de fondos en la gestión del hospital.
La Generalitat recomienda el concurso de acreedores
El Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia ha acordado esta tarde instar al hospital de Sant Pau a que pida un concurso de acreedores para reconducir la situación de bloqueo con las “máximas garantías”. Esta es la respuesta de la Generalitat al Patronato de la Fundación del centro, que había reclamado la intervención de la Administración. Ante todo, el departamento ya ha dejado claro en un comunicado que esta solución no conllevará ni el cierre del centro, ni la liquidación de la fundación ni ningún proceso de privatización.
Según la Generalitat, este requerimiento tiene el objetivo de aportar “todas las garantías de transparencia y seguridad que aporta la intervención judicial mercantil” para que el Patronato de la Fundación de Gestión de Sant Pau “pueda reconducir la situación y garantizar su finalidad fundacional, la asistencia sanitaria pública de calidad”. Además, quiere “aportar todas las garantías de seguridad posibles a profesionales y proveedores”.
Sobre este blog
El Diari de la Sanitat forma parte de un proyecto de periodismo indepeniente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat.
Este blog ha sido la plataforma para impulsar un nuevo medio digital:
