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Diez meses después del encargo recibido por el Parlamento de Cataluña, el Pacto Nacional de Salud impulsado por el consejero Boi Ruiz termina sin consenso. Sindicatos, asociaciones de pacientes, partidos políticos, organizaciones profesionales, municipios y patronales se han reunido 14 veces desde mayo de 2013 para ponerse de acuerdo sobre un documento que sienta las bases del futuro modelo sanitario catalán. Pero no se ha podido alcanzar el consenso deseado. El goteo de bajas, inaugurado por la CUP en el mes de julio pasado, se fue amplificando a lo largo del proceso: la totalidad de los sindicatos y los partidos de oposición se han ido descolgado del pacto. Incluso la patronal de la sanidad privada ACES se ha desmarcado porque el documento no excluía la actividad privada en la sanidad pública, lo que implicaba en su opinión una competencia desleal.
El resto de participantes en el Pacto han acordado 83 puntos sobre diversos ámbitos como la financiación, los profesionales, el catálogo de servicios o la gobernanza. La inclusión del copago ha sido sin duda uno de los puntos más polémicos. La mayoría de los partidos y sindicatos que se han negado a firmar el Pacto Nacional de Salud han rechazado el punto 37, que insta a “considerar la aportación de los usuarios a determinados servicios y prestaciones como instrumento regulador de estos”. Para alcanzar el apoyo de las partes, se establecieron diferentes limitaciones: este copago sería “aplicado en función de la renta, y excluyendo la población vulnerable”. El documento también indica que la aportación del usuario “no debe tener una finalidad recaudatoria”, que se deben definir los importes de aportación reducida para las rentas más bajas y que se establecerá un límite máximo de aportación anual.
Pero estas limitaciones no han sido suficientes para obtener un consenso. Incluso algunos firmantes del pacto han emitido un voto particular para rechazar este punto: las organizaciones de pacientes (la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, CUS, y el Foro Catalán del Paciente, FCP) y el Consejo de Colegios de Enfermeros y Enfermeras de Cataluña. Según la CUS, “el copago por visita en atención primaria hace que la demanda aumente en las urgencias y se deje de lado las medidas preventivas frente a las enfermedades agudas”. El FCP, por su parte, cree que el copago “no ha demostrado su eficacia y penaliza el enfermo y su familia”.
El copago no sería una completa novedad en la sanidad catalana: el Govern de Artur Mas ya introdujo el euro por receta. La medida, sin embargo, sólo duró seis meses en ser suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Ningún compromiso para revertir los recortesPero más allá del punto 37, la ausencia de varios actores en la firma final muestra que Boi Ruiz ha fracasado en su intento de llegar a un documento de consenso. Las entidades que se han descolgado del pacto lamentan la ausencia de compromisos presupuestarios concretos para revertir los recortes de los últimos años. El documento sólo prevé hacer “converger el nivel de gasto con la de los países con un PIB por cápita y sistema sanitario similar”. En este sentido, el diputado de ICV Josep Vendrell lamentó que “no haya ningún compromiso para recuperar el gasto en salud y los puestos de trabajo perdidos” ni “medidas fiscales concretas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Las organizaciones críticas con el modelo sanitario actual también deploran la falta de ambición en cuanto a una gestión transparente de la sanidad pública. La propuesta de pacto “no apuesta claramente por la transparencia, que se considera un mero acopio de datos de resultados (...) y no se compromete a la despolitización de la gestión de los centros sanitarios”, lamentó CCOO. Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó que “no se admiten los errores que han conducido a los conflictos de intereses” y advierte que “no hay garantías de que estas situaciones no se vuelvan a producir en el futuro”. Además de estas diferentes críticas, el sindicato Metges de Catalunya lamentó que el documento no incluya ningún convenio específico para el colectivo de médicos.
El conseller de Salud Boi Ruiz expresó la semana pasada “cierta tristeza” por la imposibilidad de alcanzar un consenso entre todas las partes implicadas en las negociaciones y cargó contra aquellos que buscan obtener “rentabilidad política” de las críticas a la gestión sanitaria. Pero las críticas también vinieron de ERC: la diputada Alba Vergès dijo que “desgraciadamente se han mezclado aspectos como la coyuntura actual del país y del sector”. En el mismo sentido se expresó en declaraciones a 8TV el coordinador de la comisión del Pacto, Pere Ibern, que atribuyó las bajas al contexto más que al contenido.
Un sistema basado en la ciudadanía y no en el seguro
Ibern destacó los puntos importantes del pacto, y sobre todo los tres primeros puntos que garantizan la universalidad del Sistema Nacional de Salud y su financiación principal a través de impuestos. El coordinador insistió en que se trata de un modelo que se diferencia del español, que está cada vez más reservado a los asegurados. Sin embargo, el documento de bases no prevé ninguna mejora en cuanto a la atención a los inmigrantes sin papeles, que necesitan un mínimo de tres meses de empadronamiento para la atención primaria y un año para la atención especializada.
El resto de agentes destacan otros puntos positivos acordados en el documento de bases, tales como el fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria como puerta de entrada al sistema sanitario y nivel clave y cercano al ciudadano para responder a las necesidades de salud. El texto también prevé una mayor implicación del personal sanitario en la gestión de los centros y la promoción del papel de la ciudadanía en la definición o la revisión de aspectos claves del sistema de salud.
Diez meses después del encargo recibido por el Parlamento de Cataluña, el Pacto Nacional de Salud impulsado por el consejero Boi Ruiz termina sin consenso. Sindicatos, asociaciones de pacientes, partidos políticos, organizaciones profesionales, municipios y patronales se han reunido 14 veces desde mayo de 2013 para ponerse de acuerdo sobre un documento que sienta las bases del futuro modelo sanitario catalán. Pero no se ha podido alcanzar el consenso deseado. El goteo de bajas, inaugurado por la CUP en el mes de julio pasado, se fue amplificando a lo largo del proceso: la totalidad de los sindicatos y los partidos de oposición se han ido descolgado del pacto. Incluso la patronal de la sanidad privada ACES se ha desmarcado porque el documento no excluía la actividad privada en la sanidad pública, lo que implicaba en su opinión una competencia desleal.
El resto de participantes en el Pacto han acordado 83 puntos sobre diversos ámbitos como la financiación, los profesionales, el catálogo de servicios o la gobernanza. La inclusión del copago ha sido sin duda uno de los puntos más polémicos. La mayoría de los partidos y sindicatos que se han negado a firmar el Pacto Nacional de Salud han rechazado el punto 37, que insta a “considerar la aportación de los usuarios a determinados servicios y prestaciones como instrumento regulador de estos”. Para alcanzar el apoyo de las partes, se establecieron diferentes limitaciones: este copago sería “aplicado en función de la renta, y excluyendo la población vulnerable”. El documento también indica que la aportación del usuario “no debe tener una finalidad recaudatoria”, que se deben definir los importes de aportación reducida para las rentas más bajas y que se establecerá un límite máximo de aportación anual.