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La Generalitat ha tirado adelante, sin escuchar a las entidades, colectivos y partidos políticos que se han opuesto, el Consorcio del Hospital Clínic de Barcelona. El hospital, sin forma jurídica desde que el estado cediera las competencias a la Generalitat en 2008, quedará constituido en un consorcio integrado por el Servei Català de la Salut (CatSalut) y la Universidad de Barcelona (UB) y permitirá la participación de médicos y enfermeras en el órgano de gobierno.
Los estatutos que oficialmente se han aprobado dejan la puerta abierta a la participación de otras instituciones, sin especificar la titularidad jurídica de éstas y, por tanto, abren la puerta a la participación privada. A pesar de que en el punto 1.2 de los Estatutos el ejecutivo catalán retrocedió y dejó por escrito que la ampliación del consorcio se podrá hacer admitiendo entidades del sector público, y ha borrado “del sector privado”, otros puntos del documento poco específicos dan a entender esta posibilidad. “Que hayan sacado esto es una mínima operación de maquillaje”, expresó la diputada de la CUP Isabel Vallet en declaraciones a Catalunya Plural.
“Teniendo en cuenta los precedentes y quién está detrás es evidente que la apuesta público-privada no ha quedado atrás”, expresó Vicente Ortega del sindicato Lluitem e impulsor de la recogida de firmas en contra del consorcio, a este diario.
Intentado disuadir la polémica, el Dr. Josep Maria Piqué, director general del Hospital Clínic de Barcelona, ha dicho en un comunicado que “el nuevo modelo de gobernanza ofrece un marco de referencia claro que confirma nuestra vocación de servicio a la salud pública, en una apuesta por la excelencia en la asistencia, la docencia, la investigación y la innovación”. Pero en ningún momento del comunicado se hace referencia a las alegaciones presentadas en el mes de mayo. 4.000 firmas, de usuarios, plataformas y partidos políticos como la CUP, Ciudadanos o Barcelona en Comú, que avalaban un discurso en contra de la forma consorcial. Pero el departamento que encabeza Boi Ruiz ha hecho oídos sordos y ha decidido seguir adelante con la idea del consorcio a pesar de la polémica. “No hemos recibido respuesta a las alegaciones, han echado por el derecho”, se queja Ortega.
También han hecho oídos sordos a los movimientos ciudadanos que se han movilizado en repetidas ocasiones para pedir que se detenga el consorcio. El mismo día que la Generalitat autoriza la creación del consorcio decenas de personas se han concentrado ante el Clínic en oposición a esta iniciativa, con el apoyo de Marea Blanca Catalunya y liderado por el movimiento Tancada Clínic.
“Las actividades expresadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 se prestarán prioritariamente y mayoritariamente en régimen de cobertura pública y financiación pública”, describe el punto 3.2 de los estatutos, uno de los artículo más controvertidos del documento.
El 3.2 especifica que las actividades, el hospital las “puede realizar directamente o a través de cualquier otras formas de gestión admitidas en derecho”. Y especifica que para estas actividades se pueden “formalizar convenios de colaboración con otras instituciones especializadas”, sin especificar en ningún punto de los estatutos qué perfil jurídico o forma tienen estas “instituciones especializadas”.
La nueva titularidad del Clínic permitirá, según Vallet, que la actividad privada dentro de este hospital pueda llegar a ser del 49%. Y esto, según la diputada de la CUP, “tiene un perjuicio sobre la equidad de acceso”.
Vallet coincide con Ortega en que el vocabulario empleado en la redacción de los estatutos es muy ambiguo. “Es más que probable que estas colaboraciones puedan permitir la entrada o salida a entidades públicas o privadas, el texto es suficientemente ambiguo para que se den estas colaboraciones”, denuncia Vicente Ortega.
Siguiendo en la misma línea, el punto 2.3 de los Estatutos estipula que “el Hospital Clínic de Barcelona podrá gestionar, además, otros dispositivos asistenciales y de investigación, sea directamente o mediante la creación o participación en otras entidades instrumentales”, sin especificar de nuevo la forma jurídica de las mismas.
Otro de los temas polémicos que rodea este hospital es el de BarnaClínic, el departamento del hospital que se aprovecha de las instalaciones públicas de este centro para prestar servicios privados. Ortega teme que el consorcio pueda favorecer aún más este centro. “Al menos no desaparecerá”, ha confirmado.
El miedo a la privatización, asegura Ortega, es fruto de una serie de antecedentes. De hecho, la forma consorcial aplicada al sistema sanitario ha sido puesta en duda incluso por la Sindicatura de Cuentas, quien emitió recientemente un estudio en el que, después de investigar una serie de corporaciones y consorcios sanitarios catalanes, decía que había identificado veinte irregularidades recurrentes en cuanto a presupuestos y contrataciones en los centros.
A diferencia del Clínic la opción de crear un consorcio sanitario en Lleida quedó parada después de la fuerte oposición de usuarios y trabajadores. En abril se presentaron las alegaciones, apoyadas con más de 11.000 firmas, una cifra que, para Ortega, podría explicar que en el caso de Lleida se consiguiera detener esta iniciativa.
Un miembro de Marea Blanca dijo en declaraciones este diario que cree que se ha aprobado más rápido para poder hacerlo antes del cambio en el Ayuntamiento de Barcelona. “Y por el peso del Hospital Clínic dentro de Barcelona”, ha explicado como segundo motivo. “Estamos hablando de un volumen muy importante de gente y concentrada en un lugar, como negocio es más interesante el Clínic que Lleida”, ha dicho.
“La movilización -en contra- no tiene nada que ver con lo que ha habido aquí” explica Ortega, trabajador del Clínic.
Esto se debe, según Vallet, a que en Lleida se pretendía consorciarse todo lo que era de titularidad del ICS (público), y en cambio el Clínic se encontraba en un estado de personalidad jurídica no regulada. “El caso de Lleida era grave porque integraba también la atención primaria”, confesó Vallet, que cree que el desconocimiento en verso la titularidad del Clínic por parte de la ciudadanía ha favorecido la falta de oposición social al consorcio.
Otro factor diferencial ha sido la implicación de los profesionales en esta lucha para detener los consorcios. Mientras que en Lleida la mayoría de ellos se han implicado, en el caso del Clínic muchos no lo han hecho, ni siquiera, explica Ortega, los sindicatos internos del hospital. “A algunos médicos les interesa el consorcio porque ven una complementariedad a su salario con la actividad privada” explicó Vallet, haciendo referencia a aquellos profesionales que trabajan también en BarnaClínic, y dejando claro que no se trata de todos.
La Generalitat ha tirado adelante, sin escuchar a las entidades, colectivos y partidos políticos que se han opuesto, el Consorcio del Hospital Clínic de Barcelona. El hospital, sin forma jurídica desde que el estado cediera las competencias a la Generalitat en 2008, quedará constituido en un consorcio integrado por el Servei Català de la Salut (CatSalut) y la Universidad de Barcelona (UB) y permitirá la participación de médicos y enfermeras en el órgano de gobierno.
Los estatutos que oficialmente se han aprobado dejan la puerta abierta a la participación de otras instituciones, sin especificar la titularidad jurídica de éstas y, por tanto, abren la puerta a la participación privada. A pesar de que en el punto 1.2 de los Estatutos el ejecutivo catalán retrocedió y dejó por escrito que la ampliación del consorcio se podrá hacer admitiendo entidades del sector público, y ha borrado “del sector privado”, otros puntos del documento poco específicos dan a entender esta posibilidad. “Que hayan sacado esto es una mínima operación de maquillaje”, expresó la diputada de la CUP Isabel Vallet en declaraciones a Catalunya Plural.