Leyla vive en Barcelona. Al menos, así consta en su documentación. Va a los centros de salud de la capital catalana y los niños de su familia van a sus escuelas. Pero realmente reside en Sant Adrià de Besòs, uno de los municipios colindantes. ¿El motivo? En su ciudad le han puesto tantos impedimentos para empadronarse que hace unos años decidió claudicar e inscribirse en el censo de Barcelona, donde los requisitos son más laxos y acordes a la legislación vigente que en otras ciudades.
El caso de Leyla es el de centenares de personas a las que sus consistorios no empadronan. Las causas son diversas: muchos, como esta mujer hondureña, viven realquilados sin contrato. Otros van deambulando y no tienen un hogar fijo; los hay que viven en lugares (como almacenes abandonados) que no son considerados viviendas y algunos directamente son personas sin hogar.
Lo que tienen en común estas casuísticas es que estas personas no cuentan con ningún documento que acredite que realmente viven donde viven y, en base a eso, muchos municipios ponen trabas a la hora de formalizar el padrón. Así lo constata el informe 'Mapeo del empadronamiento en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)', elaborado por la fundación FICAT y la coordinadora Obrim Fronteres.
Tras esta situación se esconde un “racismo y una aporofobia muy sutil”, tal como apunta Laia Costa, abogada y una de las autoras del informe, que se ha centrado en las cuatro ciudades vecinas de Barcelona: Santa Coloma, Badalona, L'Hospitalet y Cornellà. “Se trata de poblaciones con un índice de exclusión residencial mucho más alto que Barcelona, con muchos más migrantes. Pero tienen muy poca gente viviendo en la calle. ¿Por qué?”, se pregunta Costa.
La respuesta, según los resultados del estudio, se halla en el hecho de que, ante los impedimentos para empadronar de otros consistorios, mucha gente como Leyla decide registrarse en Barcelona, donde el procedimiento es más sencillo. Esto abre la puerta también a las personas sin hogar, que cuentan con muchas facilidades para empadronarse en equipamientos públicos y ser usuarios de los servicios públicos. Esta realidad explica por qué la capital catalana es la ciudad que elige el 80% de personas sin techo de la corona metropolitana.
Barcelona otorga estas facilidades no por voluntarismo, sino en base a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. Este texto asegura que los ayuntamientos pueden comprobar la veracidad de esta residencia exigiendo algún tipo de documentación, pero también posibilita “empadronar en infraviviendas y a personas sin domicilio con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad”.
Constatamos que en algún caso se pretende utilizar políticamente el padrón para evitar fenómenos como la okupación
Es decir, aunque alguien resida en un lugar que no está considerado vivienda –como un hangar o un portal– o esté okupando un piso, el ayuntamiento en cuestión debe empadronarle. Pero no sucede así en los municipios analizados por el informe. “Constatamos que muchos de nuestros ayuntamientos no empadronan correctamente y que, incluso en algún caso, se pretende utilizar políticamente el padrón para evitar fenómenos como la okupación o un teórico efecto llamada de personas recién llegadas”, tal como expuso en 2021 la presidenta del Fòrum Local de Síndics de Greuges (defensores del pueblo en Catalunya).
“Impedimentos sibilinos” para empadronar
elDiario.es ha contactado con los ayuntamientos de Badalona, Hospitalet, Cornellà y Santa Coloma, pero solo este último ha accedido a responder a preguntas. Desde el consistorio desmienten a la síndica y aseguran que “no hay ningún tema político” y que “es mentira que haya dificultades para empadronar”, tal como asegura Fernando Hernández, técnico de Santa Coloma. Pero en este municipio, según datos de 2021, el 77% de solicitudes de registro fueron denegadas, ya sea por desestimación o porque la persona desistió.
En esta ciudad, si el solicitante no puede presentar ningún contrato, se recurre a Servicios Sociales. En caso de que tenga un expediente abierto, “ya es suficiente para empadronar”. El problema viene cuando no es así. “Se investiga con la policía local, que pregunta a los vecinos”. Esta metodología, según Hernández, se acoge a lo expuesto en la ley, pero tal como alerta Laia Costa, es un texto incompleto que abre la puerta a muchas vulnerabilidades.
“Mucha gente se echa atrás cuando le dices que, para comprobar que lo que dice es verdad, enviarás policía a hablar con sus vecinos. ¿Qué pensará alguien si un agente va a preguntar por tu vecino inmigrante?”, se pregunta la abogada, que define estas estrategias como “impedimentos sibilinos”.
Igualmente, tal como apunta la letrada, hay mucha gente que no acude a Servicios Sociales porque le da miedo su situación. “Si resides en una infravivienda con tus hijos y un trabajador social lo ve, nadie te garantiza que no se inicie un expediente de retirada de custodia por desamparo”, apunta. A pesar de que los ayuntamientos consultados aseguran que eso no sucederá, es un miedo que tienen muchas personas como Leyla. Ella vive en un edificio de Sant Adrià okupado por un grupo organizado que se dedica a cobrar alquiler a los inquilinos. “Si viene alguien preguntando, se pueden enfadar y echarnos. Ya ha pasado antes”, se lamenta.
Y ella no puede correr ese riesgo. Hace ocho años que llegó de Honduras y ha estado trabajando para poder traer a sus dos hijos, que llegaron acompañados de sus parejas y sus hijos hace dos años. “No es fácil tener a ocho personas en un piso, menos siendo irregular”, relata. “No puedo hacer nada que me ponga en riesgo de perder esta casa”, asegura.
Por eso, alertada por otras compañeras migrantes, inició el trámite en Barcelona. Se empadronó en casa de una mujer que colgó un anuncio en Wallapop pidiendo 300 euros a cambio. Ofertas como estas plagaban hace unos años los portales de Internet y muchas personas como Leyla no vieron otra opción. “Lo hicimos a escondidas, parecemos delincuentes, aunque no estemos haciendo nada malo”, se lamenta Leyla. “No había más: si no mentía o pagaba, no podía ir al médico ni mis nietos al colegio”, añade.
Un “efecto éxodo” hacia Barcelona
Leyla se pudo empadronar en Barcelona porque en esta ciudad, en caso de no contar con ningún documento que acredite la residencia, desde el consistorio se hacen otras comprobaciones más simples, como enviar una carta al domicilio en cuestión. Si la persona puede recibir el correo, se da por buena la dirección. Además, se suelen hacer llamadas a los solicitantes para comprobar la información que han proporcionado. En la mitad de estos contactos telefónicos se detectan casos de personas que no residen en Barcelona, pero que optan por empadronarse allí, según datos del consistorio. En estos casos, se deniega el padrón.
En el Ayuntamiento son conscientes de que los impedimentos en otros municipios provocan “un efecto expulsión de la vulnerabilidad y la pobreza hacia Barcelona, que no solo empadrona sino que tiene unos buenos Servicios Sociales”, asegura Marc Serra, concejal de Derechos de la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona.
En esta línea, destaca que la capital catalana tiene una vía de acceso fácil al padrón para aquellas personas que no cuentan con un domicilio fijo. Es decir, aquellas que viven en la calle o que van de un lugar a otro debido a la inseguridad residencial. En estos casos, un informe de Servicios Sociales es suficiente para registrarse en un equipamiento municipal.
Esta opción se implementó en 2015, año en que se tramitaron 5.660 padrones de este tipo. En 2021 fueron 23.170, cifra que, según el consistorio, confirma este “fenómeno éxodo”. Que Barcelona ofrezca esta opción la convierte en una ciudad atractiva para personas sin hogar y también para aquellas en situación precaria como Leyla, pero supone un arma de doble filo. “Que nosotros hagamos bien nuestro trabajo y cumplamos la ley no significa que otros municipios puedan descuidar sus obligaciones”, apunta Serra, que asegura conocer casos de consistorios que han llegado a pagar billetes de tren a personas sin hogar para que vayan a Barcelona.
En 2021, el 44% de ofertas de alquiler en Barcelona no permitían empadronarse. Y se detectaron 850 anuncios en los que sí se abría la puerta a esta opción, pero pagando
Pero la otra cara de la moneda es que esta estrategia ha acabado con muchos casos de fraude. Según un informe elaborado en 2021, el 44% de ofertas de alquiler en Barcelona no permitían empadronarse. Y se detectaron 850 anuncios en los que sí se abría la puerta a esta opción, pero pagando. Según el Ayuntamiento, desde que se implementó la opción de 'padrón sin domicilio fijo', estas ofertas han “bajado en picado”. Una simple búsqueda en portales de empleo permite ver que es cierto: por apenas un anuncio fraudulento en la capital, se encuentran decenas en ciudades cercanas como Terrassa, Badalona o Sabadell.
La opción del padrón sin domicilio fijo permitió que Leyla cambiara su dirección y dejara atrás el chantaje al que la sometía aquella usuaria de Wallapop. Se registró en un centro cívico de la ciudad, pero asegura que esta opción todavía sigue sin resolverle todos sus problemas. El barrio en el que estaba su primer padrón se encuentra a tres cuartos de hora de su casa real en transporte público. “Tenía mi expediente médico allí y no me atrevo a cambiar, porque sé que estoy cometiendo un fraude y me da miedo que se den cuenta”, se lamenta Leyla, cuyos nietos van a la escuela también en ese barrio lejano.
“Estoy muy agradecida de poder acceder a médicos, escuelas y a la posibilidad de tener el permiso de residencia. Pero no entiendo por qué tengo que mentir e irme a otra ciudad para tener esos derechos”, se lamenta la mujer.