Mientras la familia de Jordi Pujol intenta frenar la actuación de la justicia en relación al dinero que han tenido irregularmente en Andorra, este jueves entidades sociales han anunciado la voluntad de presentar una querella contra el expresident. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y el Observatorio DESC pretenden querellarse contra Jordi Pujol como acusación popular.
“Lejos de tratarse de un asunto personal, el fraude cometido por quien durante 23 años estuvo al frente del gobierno de la Generalitat afecta a la sociedad civil catalana en su conjunto”, aseguran en un comunicado.
“Instar a la justicia a tirar del hilo de los indicios delictivos existentes hasta aclarar su veracidad, el alcance y todas las implicaciones, averiguar el origen del dinero y los pactos de silencio que parecerían haber facilitado los hechos delictivos resulta capital, especialmente en un momento donde Cataluña quiere decidir su futuro”, añaden.
Las entidades, que ejercen de acusación popular en casos como el Caso Palau o el Caso Bárcenas, consideran que “no sería razonable contar con la buena voluntad del propio Pujol, cuya comparecencia ante el Parlament ni siquiera es segura” y añaden que “tampoco se puede esperar mucho de un gobierno central que recientemente ha amnistiado a los grandes defraudadores”.
En el marco de la reivindicación del derecho a decidir, aseguran que “ningún avance democrático será posible si no se deja atrás el lastre de la corrupción y si no se construye un régimen transparente que otorgue centralidad al cumplimiento de los derechos sociales y a la participación activa de la población en los asuntos públicos”.