“La conselleria de Interior es un fusible que se quema muy rápido”. La frase es de Miquel Buch, titular de la cartera más complicada del Govern entre el 2018 y el 2020. Un dolor de cabeza por semana es lo menos grave que puede pasar en una conselleria cuya variedad de responsables en los últimos años da cuenta de la trituradora de carreras políticas en que se ha convertido. Ahora este reto recae por primera vez en ERC y en un independiente que tras formar parte del ala catalanista del PSC en los últimos años se ha ido acercando a los republicanos, el abogado Joan Ignasi Elena (Barcelona, 1968).
Sin haber sido nombrado formalmente –la toma de posesión de los consellers será este miércoles–, el nuevo Govern de Pere Aragonès ya ha vivido este martes un anticipo de lo que supone el desgaste de este departamento con la tormenta política desatada a raíz de la ejecución de un desahucio por parte de los Mossos d'Esquadra. Aunque la de Interior es una superconselleria que abarca a los Bomberos y al sistema de Protección Civil, es la gestión del orden público y los Mossos d'Esquadra la que pone en el centro del debate público al conseller.
La gestión de los disturbios, de nuevo a revisión
La primera carpeta que el conseller Elena se encontrará sobre su mesa la abrió su antecesor, el posconvergente Miquel Sàmper, al urgir, en plena tormenta política por los disturbios tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, que el Parlament reformara el modelo de orden público catalán.
No es un debate nuevo: en 2013 el major Josep Lluís Trapero implantó un nuevo modelo de orden público basado en la mediación y la planificación, el mantenimiento de la distancia con las concentraciones, la movilidad de las unidades policiales y la carga como última opción. El cambio de modelo logró dar la vuelta a la crisis y la erosión de la imagen del cuerpo provocadas por una serie de actuaciones desproporcionadas y contundentes, como el desalojo del 15M de plaza Catalunya o las cargas contra manifestaciones, a las que siguieron decenas de mossos que terminaron imputados por su actuación. La puntilla fue la bala de goma de la policía catalana que vació un ojo a Ester Quintana y que provocó que el Parlament prohibiera su uso en Catalunya.
El 'foam'
En el centro del debate esta ahora el 'foam', el proyectil viscoelástico de precisión sustituto de las balas de goma, que reventó un ojo a un manifestante proHasel el pasado mes de febrero, y cuyo uso la conselleria de Interior no había cuestionado en protestas que provocaron más heridos y lesiones similares, como los altercados tras las protestas del procés en 2019. Entonces cuatro manifestantes perdieron la visión en una zona donde los Mossos dispararon esos proyectiles, aunque la jueza ha archivado el caso de un joven mutilado en las protestas del Aeropuerto al no poder determinar qué agente disparó.
La CUP y los 'comuns' son los únicos que piden la supresión del 'foam', una postura que públicamente ERC no comparte. Los republicanos y la CUP pactaron a cambio de investir a Pere Aragonès que se suspendería su uso mientras no se publicara su protocolo. Los sindicatos policiales advierten por su lado de que suprimir el 'foam' aboca a los agentes al cuerpo a cuerpo con los violentos. Las entidades proderechos sociales reclaman que por lo menos se prohíba disparar por encima del abdomen, pues ahora el reglamento no lo proscribe. Sea cual sea la decisión, el nuevo conseller deberá intentar que la policía catalana no quede atrapada de nuevo en tormentas políticas.
Control y transparencia
Más allá de revisar los métodos de dispersión, las entidades proderechos humanos, como el centro Irídia, pioneras en España en monitorizar las actuaciones policiales, vienen reclamando desde hace tiempo mejoras en la transparencia de los Mossos así como mecanismos efectivos e independientes de la conselleria para prevenir y sancionar los casos de mala praxis entre los antidisturbios y garantizar que se recurra a ellos solo en momentos de riesgo real, como por ejemplo la geolocalización de las armas o la grabación de las actuaciones.
Para muestra, lo ocurrido con el protocolo del 'foam'. La conselleria de Interior censuró la parte del protocolo que advierte a los agentes del peligro de disparar por encima de abdomen a manifestantes en movimiento, y que solo salio a la luz tras publicarla elDiario.es. Se trata de un fragmento del protocolo que puede tener relevancia en la causa abierta por la bala de 'foam' que reventó el ojo a una manifestante proHasel.
Los Mossos en desahucios
El episodio de este martes con el desalojo por parte de los Mossos del bloque okupado por tres jóvenes en la calle Lleida de Barcelona suponía una prueba de fuego al acuerdo entre ERC y la CUP para investir a Aragonès, que prohíbe la intervención de unidades de antidisturbios en desahucios de personas vulnerables. Pero en realidad por muchos acuerdos políticos que haya, si un juez –como ha ocurrido este martes– ordena a los Mossos enviar a sus antidistubios a un desahucio, el margen de maniobra de la policía catalana es nulo. A lo que se ha comprometido el nuevo president este martes es a intentar llegar a un acuerdo con el Poder Judicial para evitar que vuelva a suceder.
A falta de un conseller en plenas funciones, ha sido el propio president el encargado de reaccionar y de prometer un nuevo protocolo sobre actuaciones de los Mossos en desahucios que evite las imágenes de cargas policiales de los antidisturbios como las ocurridas este martes. “Lo que se ha vivido hoy nos hace daño a todos. Son imágenes que no solo hemos de lamentar, sino que hemos de comprometernos a que no se repitan en el futuro”, ha afirmado Aragonès.
El apoyo político
Un lugar común de la política catalana suele ser contar los días que tarda la CUP en pedir la cabeza del conseller de Interior. Los anticapitalistas no han podido hacerlo este martes con Elena ya que todavía no ha tomado posesión del cargo, pero la diputada Laia Estrada ya ha instado al Govern a “cumplir sus compromisos y demostrar que esta será una legislatura diferente”. Todo un aviso a navegantes.
Si bien las críticas de la CUP se dan por descontadas, será clave el apoyo político que reciba Elena, independiente sin carné pero que en el juicio del procés fue portavoz de las defensas de ERC. No hace falta retrotraerse a las tormentosas etapas del exlíder de ICV Joan Saura o el convergente Felip Puig en Interior. En el anterior Govern, las críticas a Buch por las actuaciones de los Mossos en las protestas postsentencia del procés vinieron hasta del entonces president y compañero de partido, Quim Torra, que incluso quiso cesarlo aunque finalmente no lo hizo. El fusible terminó quemándose once meses después.