Tres reuniones públicas y conversaciones “casi permanentes” de los equipos. La anunciada congelación de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta del caso Pegasus ha dado como fruto inesperado un incremento de los contactos entre ambas administraciones, que culminarán en una visita de Pere Aragonès a la Moncloa el 15 de julio y la posterior reactivación de la mesa de diálogo. ERC lleva dos meses escenificando su distancia con Pedro Sánchez pero, ahora, quiere volver a recuperar la llave de la gobernabilidad como socio prioritario del Gobierno.
La ocasión parece inmejorable, con el Debate sobre el Estado de la Nación en ciernes y un Ejecutivo de coalición que quiere subrayar un giro progresista. Varias leyes y medidas se votarán la semana que viene y ERC quiere aparecer como un socio fiable en la izquierda. Pero para eso necesitan gestos del Gobierno tras una etapa marcada por las desavenencias respecto a la gestión del espionaje.
El encuentro que este viernes mantuvieron el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà, el tercero desde que estallara la crisis de Pegasus, cierra de una vez por todas la etapa de las caras largas. Los encargados de mantener abierta la vía del diálogo fijaron las condiciones para reemprender la mesa y la fecha para el encuentro entre presidentes, una larga exigencia de la Generalitat que Sánchez ha pospuesto por oportunidad política.
Pero tras las elecciones andaluzas, con una derrota indisimulable de la izquierda, y con el buscado refuerzo de la agenda legislativa, ERC vuelve a ser una pieza clave para que el Gobierno mantenga su mayoría sin percances. En el horizonte más cercano está la reforma exprés del Poder Judicial, la Ley de Memoria y el segundo paquete por la emergencia económica, pero tampoco tardará en llegar la ley de vivienda y la reforma de la 'ley mordaza'.
El acuerdo marco rubricado por Bolaños y Vilagrà, explican fuentes del Govern, supone “un primer paso” para retomar la negociación que las causas judiciales contra los independentistas y el caso Pegasus habían ensombrecido. El documento “debe permitir la igualdad de condiciones políticas” entre Gobierno y Generalitat y “facilitar” los trabajos de la mesa de diálogo, agregan las mismas fuentes.
Entre los objetivos del documento está la “superación de la judicialización”, en referencia a las decenas de causas abiertas a dirigentes y activistas independentistas; la “búsqueda de acuerdos” mediante la vía política y las soluciones pactadas; y el “rechazo a actos, decisiones o mecanismos ilegítimos sobre los derechos fundamentales”, aspecto que en la Generalitat interpretan como un “compromiso de no repetición” del caso Pegasus.
Estos son los mimbres de una negociación que continuará a lo largo de 2022 con dos reuniones de la mesa de diálogo, de las que ambas partes esperan que salgan acuerdos tangibles y concretos. Tras el rechazo de Junts a participar en la última reunión de la mesa, fuentes republicanas remarcan que tanto el pacto de este viernes como los futuros acuerdos “no hablan solo de las delegaciones de la mesa, sino de todo el movimiento independentista”.
Si bien con matices, ambas partes han celebrado este viernes la vuelta a la negociación. Bolaños ha considerado que Gobierno y Generalitat de Cataluyna han “retomado la senda del diálogo”, y ha agregado que el documento da “un impulso definitivo al proceso de diálogo, que debe avanzar de manera importante en los próximos meses”. Por su lado, Vilagrà ha enfatizado que el proceso de negociación sale “reforzado”, si bien ha querido dejar claro que la relación entre los dos gobiernos está lejos de estar “normalizada” hasta que se concreten los acuerdos.
Fuentes del Gobierno, por su lado, muestran su satisfacción porque el Govern “asume que la solución de los problemas políticos pasa por el diálogo dentro de la ley y por acuerdos transversales”.
Vuelta al eje de la gobernabilidad
Para los republicanos, volver a situarse en el eje de la gobernabilidad, un espacio que en parte habían cedido a PNV y Bildu pero también a una constelación inestable de formaciones pequeñas, es un objetivo deseable pero parcial. La conquista mayor sería obtener avances en la mesa de diálogo que, para Esquerra, no tiene que ver tanto con la Agenda del Reencuentro de los socialistas, sino con la amnistía y la autodeterminación. O, de forma más realista, con la ayuda en temas como el catalán en la escuela y en reformas legislativas que eviten las interpretaciones más duras de la vía penal.
Precisamente Sánchez defenderá ante el Congreso algunas medidas que podrían ser bastante útiles para ello. El Gobierno llevará al Debate del Estado de la Nación la reforma legal para renovar el Constitucional. Los republicanos la apoyarán porque, a su entender, es un intento realista del Gobierno para tratar de obtener un tribunal de garantías con mayoría progresista en el corto plazo.
Este cambio de mayorías en el TC, que aún es poco más que una aspiración, es visto por el Govern como una vía que podría cerrar la ofensiva judicial contra la inmersión.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya reconocido que su sentencia para imponer un 25% de castellano en todas las aulas es inaplicable, es muy probable que se abra la vía del Constitucional. Y tener una Sala favorable a una interpretación más laxa sobre la inmersión evitaría nuevos problemas al Departamento de Educación catalán.
Más espinosa es la cuestión de las causas judiciales. Los jueces están sentenciado las causas contra activistas y manifestantes de forma satisfactoria para los acusados, bien con absoluciones bien con penas que rebajan las pretensiones de Fiscalía y no implican el ingreso en prisión. Pero, en el caso de los políticos, muchos aún esperan juicios que podrían correr peor suerte.
En ERC piensan en varios casos. Está el del expresidente del Parlament, Roger Torrent, acusado de desobediencia, y también el de otra consellera, Natàlia Garriga, también imputada por causas que vienen del 1-O. Lo mismo ocurre con líderes republicanos como Josep Jové y Lluís Salvadó, que continúan con causas pendientes del referéndum y, a diferencia de los dos primeros, sí se exponen a penas de cárcel. Pero también están todos los altos cargos a la espera de juicio que se acumulan en el famoso juzgado de instrucción número 13. Amén de todos los señalados por el Tribunal de Cuentas.
Mientras los republicanos hablan de “represión” en genérico, piensan en fórmulas para evitar que todos estos y algunos más afronten las peores consecuencias. Piensan por ejemplo en una reforma de la Ley Electoral que evite la inhabilitación por la vía rápida sin sentencia firme y también recogen el guante de los comuns sobre la conveniencia de revisar delitos como el de malversación cuando no hay un enriquecimiento propio ni de terceros. También está, obviamente, la idea de adaptar la rebelión y la sedición a parámetros europeos.
Eso sería posible, quizás, con gestos del Gobierno de Sánchez. Pero ninguno de estos planes tendría cabida con un Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo, que además llegaría en condiciones y mediante pactos impredecibles. Por esto los republicanos reconocen que se han lanzado de cabeza a una operación que, con cierta sorna, algunos han bautizado “salvar al soldado Sánchez”.
“Vamos a volver a intentarlo, sabemos que nuestra oportunidad para presionar es entre ahora y el debate sobre los Presupuestos Generales. Es ahora o, quizás, nunca”, concluye una voz republicana.