Ya hay fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Pedro Sánchez y Pere Aragonès se verán el próximo 15 de julio en Madrid, un encuentro que el jefe del Govern venía reclamando desde que el pasado mes de abril estallara el caso de espionaje a dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus. La reunión servirá para pasar página de la crisis y reafirmar la voluntad de ambos Ejecutivos para encauzar el contencioso soberanista mediante un acuerdo político.
Esta es una de las conclusiones del encuentro que han mantenido este viernes en el Palau de la Generalitat el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en el Govern, la consellera Laura Vilagrà. La reunión permite retomar el entendimiento entre el Ejecutivo central y uno de sus principales socios parlamentarios de cara al final de la legislatura.
En palabras de Bolaños, la reunión ha servido para que Gobierno y Generalitat hayan alcanzado un acuerdo “que apuesta por el diálogo y las soluciones políticas”. Sin mencionar la palabra Pegasus, el ministro ha dado por recuperada la normalidad institucional tras la crisis del espionaje: “Hoy retomamos la senda del diálogo y el acuerdo para que la relación en el Gobierno y Generalitat sea más fuerte”.
“El camino del diálogo funciona, vamos a perseverar en él porque es la mejor y única manera de avanzar”, ha aseverado Bolaños. Más matizada se ha mostrado Vilagrà. “Las relaciones no están plenamente normalizadas”, ha dicho, si bien ha confiado en obtener resultados tangibles este mismo mes de julio: “No quiero ser triunfalista, pero lo de hoy es un primer paso y en breve confiamos que haya concreciones”.
Vilagrà ha ensalzado que el acuerdo entre Gobiernos contempla la desjudicialización de la política, lo que a juicio de la consellera supone un cambio relevante al situar ambos Ejecutivos “en posición de igualdad”. Consciente de la presión de Junts para retomar la vía del conflicto, Vilagrà ha avanzado que el Govern será exigente: “Tiene que haber resultados concretos, si no no convocaremos ni una mesa de diálogo ni una comisión bilateral”.
El documento pactado este viernes entre Generalitat y Gobierno sitúa, según Bolaños, las relaciones entre Ejecutivos “en el marco del diálogo presidido la confianza”. Uno de los puntos acordados a los que más valor da la Generalitat es el compromiso de dejar atrás la judicialización (decenas de altos cargos y funcionarios catalanes esperan juicio por el procés). El tercer eje del acuerdo es el “pleno respeto a todos los planteamientos políticos”, que en Barcelona se interpreta como una garantía de que no se repetirá el espionaje con Pegasus.
Además de la reunión entre presidentes, Bolaños y Vilagrà han acordado que en lo que queda de año habrá otras dos reuniones de la mesa de diálogo, de las que la Generalitat confía que se salgan acuerdos concretos. Ambos dirigentes han querido dejar claro, tras la última polémica con Junts, que en la mesa solo pueden sentarse miembros de los Gobiernos, cerrando así la puerta a la participación de exconsellers indultados como el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Pese a que el Govern proclamó verbalmente que congelaba las relaciones con el Gobierno central por el espionaje admitido por el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las vías de comunicación con el Ejecutivo central no se han llegado a romper del todo. Bolaños y Vilagrà se han reunido hasta en tres ocasiones para abordar la crisis de Pegasus, y durante todo este tiempo Esquerra ha evitado que el Gobierno perdiera votaciones de calado en el Congreso.
La vuelta –aunque sea momentánea– de ERC al redil de los socios de investidura se produce en la víspera de un momento clave de la legislatura: la semana que viene el Congreso celebrará un debate Estado de la Nación en el que el Gobierno quiere explicitar un giro a la izquierda y en cuyas votaciones finales los republicanos pueden volver a ser imprescindibles.
La tensión entre Ejecutivos que generó el caso Pegasus se ha ido moderando tras la salida de la responsable del CNI durante el espionaje a los independentistas, Paz Esteban, quien dimitió el pasado 10 de mayo. La querella de Aragonès, una de las decenas de políticos, activistas, periodistas y abogados espiados, se dirige únicamente contra la propia Esteban y la empresa israelí que vende el 'software'. Desde el punto de vista político, el Ejecutivo catalán ya no pide la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien Aragonès llegó a reclamar la cabeza a finales de abril. Este viernes Vilagrà ha eludido la petición.