ERC busca ir más allá de la sedición y reformar el Código Penal para todos los procesados por el 1-O

Tanto ERC como el Govern, ahora ya monocolor, tienen un objetivo muy claro en la negociación sobre la reforma del Código Penal que están manteniendo de forma soterrada con el Gobierno. Los republicanos quieren que el delito de sedición desaparezca o que, en todo caso, el tipo penal quede limitado a acciones donde se hubiese producido violencia, tal como se interpreta en buena parte de los países europeos que mantienen el tipo penal. De esta forma, el delito sería inaplicable para los hechos de octubre de 2017 y, gracias a esto, libraría de sus consecuencias tanto a los líderes independentistas ya condenados como a los que están a la espera de juicio en el extranjero.

Los republicanos mantienen el máximo secretismo sobre cuál es la propuesta concreta que están defendiendo en los espacios de negociación, una prevención con la que tratan de evitar que las conversaciones con el Gobierno se estropeen. Pero su planteamiento va más allá del delito de sedición y busca soluciones para el conjunto de los procesados por el 1-O, con revisiones de diferentes tipos penales, algunas de ellas mínimas o meras reversiones de reformas del PP. En la cúpula de ERC se ha impuesto la sensación de que la buena marcha de esta negociación es fundamental para evitar la prisión de muchos cargos intermedios del Govern.

Sobre el delito de sedición, ERC está abierta a diferentes escenarios, siempre y cuando el delito sea inaplicable a los hechos del procés. Una de las opciones que ven con buenos ojos es la que en su momento ya habían manifestado los 'comuns', que propusieron en el año 2020 una reforma para limitar la sedición al empleo de violencia y armas. Si esto no fuera posible, desde ERC se decantan por la desaparición directa del delito, tal como reclama Junts.

De esta forma, rechazan de entrada la opción de rebajar las penas y convertirlo en una especie de delito agravado de desórdenes. En el Govern opinan que esta no es una buena solución para tratar lo que consideran que es un “delito político” que no debería tener cabida en un Código Penal del siglo XXI. En los últimos días ERC se ha referido a las reformas realizadas en países como Francia, Alemania y Suiza en los años 60 y 70 del siglo pasado. Se da la circunstancia que en los tres países se requiere el uso de violencia, y no solo de resistencia, para que el delito de impedir a una autoridad cumplir una ley o sentencia sea considerado sedición.

Efectos en los ya juzgados y en los pendientes

Una reforma de la sedición en el sentido que pretende el Govern tendría efectos en los líderes independentistas ya condenados por este delito, debido a que se aplica la retroactividad favorable al reo prevista en el Código Penal. Tanto si se redactase un nuevo tipo que exigiese violencia armada como si directamente se derogase la sedición, Oriol Junqueras y el resto de líderes juzgados quedarían exentos de la parte de la pena correspondiente a estos delitos, aunque seguirían teniendo las penas relacionadas con la malversación, que puede comportar hasta 10 años de prisión. En todo caso, sería el Tribunal Supremo en el encargado de revisar las penas si se produjera una reforma beneficiosa para los penados.

El segundo grupo de beneficiados sería el que conforman los líderes independentistas que aún no han sido juzgados por encontrarse en el extranjero. Los más destacados son el expresident y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En el caso del primero, también se enfrenta a delitos de malversación, por formar parte del Govern en el año 2017, con lo que incluso con la reforma de la sedición se enfrentaría a penas de cárcel.

Diferente es la situación para la líder republicana. Al no tener abiertas causas por malversación, si decayera la sedición o no fuera aplicable para su caso se enfrentaría únicamente a penas por desobediencia y prevaricación, es decir, sin prisión. Esto supondría despejar su camino de vuelta a Catalunya, un empeño que ERC persigue desde el inicio del proceso de diálogo con el Gobierno.

Una reforma de “diferentes aspectos” del Código Penal

Aunque tanto el Ejecutivo central como el Govern han centrado su atención en la sedición, por ser el delito más castigado en la sentencia del procés, en una aspiración maximalista los republicanos quisieran que de la actual negociación saliera la reforma de más tipos penales. De hecho hablan de tocar “diversos aspectos” del Código Penal para llevar a cabo la desjudicialización. “Se está trabajando con la desjudicialización y esto no hace referencia a un solo delito sino a varios aspectos”, resumió este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

Entre los delitos que el Govern tiene bajo la lupa está la malversación en su tipo impropio, es decir, cuando no recae sobre el patrimonio público, introducido en el Código Penal español en el año 2013. Volver a la redacción anterior de la malversación, afirman los republicanos, libraría de problemas judiciales a los ya condenados, pero también a decenas de altos cargos y funcionarios que están a la espera de juicio.

También consideran que deberían revisarse los delitos relativos a desórdenes públicos en el marco de protestas y manifestaciones, un asunto especialmente candente en los tribunales catalanes desde los altercados que siguieron a la sentencia del procés. Como en el caso de la malversación, en este delito se trataría de volver a la situación anterior a la reforma del PP del año 2015, cuando se castigaron con más dureza los desórdenes producidos en grupo. Incluso consideran que debería tocarse la desobediencia y su colisión con las funciones representativas, para evitar, por ejemplo, episodios como la destitución presidencial de Quim Torra por un delito menor.

A juicio de los republicanos, todos los anteriores reajustes deberían ir acompañados de un cambio en profundidad de todo lo relativo al endurecimiento de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley Mordaza'. En esta materia creen que será más fácil ponerse de acuerdo con los partidos del Gobierno, pese a que diferentes exigencias de los de Gabriel Rufián, como la eliminación de las balas de goma, han retrasado el acuerdo en los últimos meses.