ERC y Junts han presentado este martes enmiendas a la ley de amnistía que se tramita en el Congreso y la principal petición de ambos vuelve sobre uno de los párrafos que en su momento fue más difícil de negociar. Los partidos independentistas quieren que la ley salga adelante sin el párrafo que excluye los delitos tipificados como terrorismo, para que la amnistía pueda alcanzar también a condenados por estas causas, ya que ambas formaciones consideran que esta es la forma de amnistiar a los acusados en el caso de los CDR y del Tsunami Democràtic.
Los partidos independentistas entienden que el actual redactado de la ley, presentado en solitario por el PSOE, no blinda lo suficiente las dos causas por terrorismo abiertas a independentistas en la Audiencia Nacional, que afectan a trece activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y una decena de dirigentes del procés, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira, por Tsunami Democràtic.
Con su actual redacción, la norma excluye de la amnistía solo los actos considerados delitos de terrorismo que ya tengan sentencia firme, lo que permite encajar a Tsunami y a los CDR porque ambos casos no han sido ni juzgados. Pero Junts y ERC quieren dejar más clara la inclusión de las causas en el olvido penal al procés mediante la supresión del apartado C del artículo segundo.
Ese párrafo establecía literalmente: “Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017”.
Estas enmiendas son la pretensión de ERC y Junts, pero no han sido pactadas con los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, que sin embargo han registrado sus propias propuestas de cambio a la ley junto a otros socios de la coalición, como EH Bildu, el grupo Mixto, e incluso ERC, que da apoyo a las conjuntas pese a que también ha presentado sus enmiendas propias.
Las enmiendas del Gobierno y sus socios son de carácter eminentemente técnico. Pese a esto, Junts se ha caído del documento conjunto para adherirse únicamente a sus propias peticiones. Además de la cuestión del terrorismo, el partido de Jordi Turull reclama que el ámbito temporal de aplicabilidad de la ley se inicie en noviembre de 2011 (inicialmente era enero de 2012) y también que los jueces no puedan suspender la aplicación de la norma ni siquiera con una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este sentido, ERC también incluye en las cuatro enmiendas que han registrado una modificación para que una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) sea suficiente para levantar unas medidas cautelares en un procedimiento, en lugar de que se requiera como hasta ahora una cuestión de inconstitucionalidad. Además, piden suprimir el umbral de gravedad que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes. Para la formación independentista, “supeditar la exclusión de estos actos a un umbral de gravedad suponen un excesivo margen de interpretación a los jueces”.
Esquerra también propone en las enmiendas presentadas en solitario algunas modificaciones de menor relevancia o de carácter más técnico. Proponen, por ejemplo, que haya una sola excepción a la restitución del dinero pagado en multas (en el original no había ninguna): cuando se hayan impuesto amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. La justificación que aportan en el documento registrado este martes es que “se trata de una decisión de naturaleza económica que es perfectamente reversible y que permitirá restituir a la persona o entidad afectada a la situación anterior a la imposición de sanciones”.
“Las negociaciones han dado sus frutos en forma de enmiendas conjuntas que mejoran el redactado de la ley, pero los republicanos constatan que hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación en ponencia y comisión hasta la aprobación definitiva. En este sentido, han registrado también enmiendas propias que continuarán negociando en los próximos días”, sostienen fuentes de Esquerra Republicana.
Con todo, fuentes de la negociación ven como una señal de alarma el hecho de que Junts se haya bajado del documento de modificaciones conjuntas. La formación independentista está molesta con la actitud del PSOE por sus reticencias a aceptar algunas de sus propuestas, como la del terrorismo, pero también otras enmiendas más concretas que Junts entienden que son de mínimos.
En ese aspecto, algunas de las propuestas de Junts tratan de introducir dentro de la amnistía casos que, si bien no citan como tal, podrían identificarse como las circunstancias de Laura Borràs u otras personas encausadas por asuntos de corrupción. Es el caso de un párrafo que reclama incluir a aquellos que hayan sido encausados en “operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas” y que además no hayan “conllevado un incremento patrimonial de origen ilícito”.
El PSOE acuerda con los socios medidas técnicas para reforzar la amnistía jurídicamente
El resto de las enmiendas son modificaciones técnicas que en este caso Esquerra Republicana sí ha aceptado transaccionar con el PSOE y el resto de partidos del bloque de investidura salvo Junts. PSOE, Sumar, EH Bildu, el BNG y la propia ERC han pactado modificaciones en ocho artículos de la ley.
Entre esas modificaciones se contextualiza que la amnistía está dentro del procés independentista y se excluyen de la medida todos los delitos que atentan contra la comunidad internacional, por ejemplo los genocidios y los delitos de lesa humanidad. También se acuerda que se eliminará del registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana las multas de la ley mordaza; y se establece que la amnistía se podrá aplicar en cualquier momento del procedimiento penal, también durante los juicios orales“.
Los grupos quieren con una de las modificaciones al articulado que sean los jueces que llevan las causas los que sean competentes para decidir sobre la aplicación de la amnistía. “Se clarifica que son los órganos que conocen de las causas los que aplican el levantamiento de medidas cautelares y órdenes de detención” dice la justificación de la enmienda, que hubieran sido adoptadas, “respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía”, salvo algunas excepciones.
Y en este sentido, en el artículo que establece el procedimiento en el ámbito penal, las modificaciones pactadas incluyen que el alzamiento de cualquier medida cautelar, sea una orden de busca y captura o de ingreso en prisión, así como dertenciones, corresponda al juzgado que en cada momento “venga conociendo la causa”. Una modificación, justifica el texto, para clarificar las competencias de cada juzgado y “salvaguardar la función jurisdiccional”.
Reunión de la Comisión de Justicia el martes
Los grupos han registrado las enmiendas al borde del plazo de las 18.00 horas, y ahora la negociación se seguirá en el Congreso en dos pasos. Primero con la negociación de la ponencia, que está prevista para el próximo jueves, y después en la Comisión de Justicia, convocada para el martes de la semana que viene.
Si todo marcha según los plazos que maneja el Gobierno, de esa reunión de la comisión tendría que salir el dictamen definitivo para que vaya al Pleno del Congreso en las próximas semanas. Será en estos días cuando Junts y ERC negociarán con el PSOE para decidir si dejan vivas las enmiendas que han presentado por separado o si algunas de las modificaciones que han planteado se acaban incluyendo en enmiendas transaccionadas.