La tragedia de las residencias de ancianos en España tiene muchos nombres propios, pero en Barcelona destacan por ahora dos: Mossèn Vidal i Aunós y Bertran i Oriola. O más bien uno: Eulen, el gigante multiservicios que se hacía cargo de ambos geriátricos hasta que la Generalitat le apartó de la gestión por unas carencias en la atención en las que ahora ven indicios de irregularidades. Un revés que supondría apenas un rasguño para una empresa española que ingresó más de 1.500 millones de euros en 2018 con un modelo de negocio basado en contratas públicas de todo tipo (desde la limpieza hasta la seguridad, la educación o las residencias) y que convive desde hace años con una larga y encarnizada batalla por su control librada por los hijos del fundador, David Álvarez Díez.
Eulen Sociosanitarios S.A., la filial del grupo para el ámbito del sector sanitario y de servicios sociales, no aporta información sobre el número de geriátricos que gestiona. En Catalunya son siete, según ha podido saber eldiario.es, todos ellos de titularidad pública y ganados en concursos en los que la propuesta económica suele tener un peso determinante. La gestión de Mossèn Vidal i Aunós y Bertran i Oriola la asumió en 2017, después de que la Generalitat suspendiese el contrato a la por entonces gestora, una UTE controlada por la constructora OHL, también por denuncias de malos tratos hacia los ancianos.
En esta ocasión, la Generalitat intervino ambos geriátricos durante la epidemia al detectar deficiencias en el trato a los ancianos, como ocurrió en total en 14 residencias catalanas. Pero luego les abrió un expediente sancionador al detectar irregularidades que podían ir más allá. Los familiares, que han llevado el caso a los tribunales, denuncian una total opacidad informativa durante marzo y abril, síntomas de desnutrición y deshidratación de los usuarios y un incumplimiento de las ratios de gerocultores por anciano que provocaron “serios problemas” en la higiene, la medicación y el cuidado en general de los ancianos durante esos días. Así lo detallan en una carta que hicieron llegar hace unos días al president Quim Torra y que ha podido consultar este diario. En total fallecieron 24 personas en Bertran i Oriola y 22 en Mossèn Vidal i Aunós.
“Eulen suele entrar con todo cuando asume la gestión de un centro. A menudo no respeta los acuerdos de los trabajadores y no dudan a la hora rebajar la calidad de la atención a las personas para mejorar la oferta y sacar más beneficio”, resume una trabajadora con años de experiencia en el sector, aunque reconoce que esta es la práctica habitual de las grandes multinacionales que han desembarcado en el sector (sin ir más lejos, estas dos residencias ya padecían falta de personal y deficiencias en las instalaciones con la anterior gestora, OHL).
Las cuentas publicadas por Eulen Sociosaniarios S.A. muestran un volumen de negocio de 127 millones de euros en 2018, con unos beneficios de 4,4 millones. Unas cifras que contrastan con los gastos de personal: el sueldo medio de sus 5.800 trabajadores (estimado, de forma aproximada, a partir de sus gastos de personal declarados) es inferior a los 18.000 euros anuales, muy lejos de la media española. Destaca también que más del 40% del personal no es fijo. eldiario.es se ha contactado con la empresa para este reportaje, pero por ahora no ha obtenido respuesta.
La heredera contra los 'díscolos'
Lo que ahora es el Grupo Eulen, un conglomerado que emplea a 85.000 personas en una quincena de países de todo el mundo y factura 1.500 millones –según los datos que ofrece la propia compañía– tiene su embrión en la Central de Limpieza El Sol, fundada por David Álvarez Díez en 1962. Desde el sector de la limpieza, este empresario leonés fue ampliando los horizontes de la firma y dio un salto determinante al fundar en 1974 Prosesa –la actual Eulen Seguridad–, la división con la que conquistó el incipiente mercado de la vigilancia privada.
Sin demasiada proyección pública, el nombre del Grupo Eulen (con sede en Madrid desde 1982) se fue convirtiendo poco a poco en uno de los más habituales en las contrataciones de servicios públicos por parte de administraciones autonómicas y ayuntamientos. Además de la limpieza (desde hoteles hasta hospitales) y la seguridad, la lista de servicios que ha llegado a ofrecer es casi interminable: teleasistencia, jardinería, asistencia médica en empresas, escuelas infantiles, comedores, residencias, pisos de personas con discapacidad, ambulancias, mantenimiento de todo tipo de infraestructuras…
En 2009 desembarcó en Estados Unidos al adquirir la firma Asmo, responsable del handling (la gestión de equipajes) en trece aeropuertos del país, entre ellos el JFK de Nueva York. Ese hito para la empresa coincidió sin embargo con el inicio de la agria batalla de cinco de sus hijos, los que él mismo apodó los díscolos (Juan Carlos, Pablo, Emilio, Elvira y Marta), contra él y otros dos vástagos (Jesús David y María José). Los críticos trataron de desplazarle en el control de la empresa y él, a sus 82 años, respondió haciéndose administrador único y creando una sociedad patrimonial para mantener las riendas junto a su hija.
Esa sociedad, Daval Control, es hoy todavía la que posee el 58% de las acciones de Eulen, y está controlada por María José Álvarez, presidenta del grupo. Los díscolos, por su parte, controlan el resto de la compañía a través de otra patrimonial fundada por su padre, El Enebro, y en la que sí lograron hacerse con la mayoría. Esta firma es la que está detrás de la marca de vinos Vega Sicilia, así como de la cárnica Valles del Esla.
“Doy gracias a Dios porque el conflicto familiar y empresarial lo puedo solucionar en vida”, expresaba Álvarez a sus allegados al inicio de las disputas, según informaba El País. Pero no fue así, más bien al contrario. Su muerte en 2013 y el posterior reparto de la herencia recrudeció la disputa, que se acabó dirimiendo en los juzgados. Uno de los últimos capítulos de la contienda se resolvió en el Supremo, que rechazó la revocación por ingratitud de una donación de 1,5 millones por parte de los cinco hijos a su padre entre 2005 y 2008.
Álvarez, contra las subidas de impuestos
Tanto David Álvarez, primero, y María José Álvarez, después, como el conjunto de la compañía, han mantenido siempre un perfil bajo en cuanto a su exposición pública. Sin embargo, esto no ha evitado que el Grupo Eulen haya aparecido a menudo vinculado con denuncias y reclamaciones de carácter laboral. La más sonada y reciente fue la huelga de vigilantes del aeropuerto de El Prat en Barcelona, con sueldos de entre 900 y 1.100 euros al mes y jornadas que se podían extender hasta las 16 horas para poder completar el salario con las extra.
Estos días, pasado lo peor de la epidemia de COVID-19 en España, María José Álvarez ha roto su habitual silencio para conceder algunas entrevistas y aportar su visión sobre la situación económica de la empresa y del país en general.
A diferencia de otros grandes sectores, el Grupo Eulen ha mantenido el 75% de su actividad, puesto que la mayoría de sus empleos son esenciales. 2.200 de sus empleados se han contagiado por coronavirus. Un juzgado de Gran Canaria llegó a obligar a la firma a proporcionar EPI a los vigilantes del Hospital Universitario Doctor Negrín. Sobre esa escasez, Álvarez asegura en Expansión que importaron material de China y Corea del Sur a precios “desorbitados”, pero que llegó un momento en el que dejaron de recibir.
Sobre el futuro económico de España, no se cortó el pasado 18 de junio a la hora de lanzar críticas veladas a las actuales políticas del gobierno. En apenas 6 minutos de intervención en el foro Empresas Españolas Liderando el Futuro, convocado por la patronal CEOE, se quejó de la “inseguridad jurídica” vivida durante estos meses de continuos cambios normativos en el sector sociosanitario y atacó de frente las propuestas de subidas de impuestos del Ejecutivo (aunque PSOE y Podemos luego retirarían el impuesto a las grandes fortunas del pacto de reconstrucción).
“Cuando se habla de subidas de impuestos creo que cualquier empresario o trabajador no puede evitar mirar con cara de asombro”, expresaba. Y aseguraba que ya les ha costado bastante asumir la subida del salario mínimo en un modelo de empresas, las de servicios, cuya facturación corresponde en un 90% a los costes. “Venimos de asumir una subida del 22,7% y un 5,5% en 2020. ¿Alguien piensa que estas empresas se encuentran en condiciones de asumir cualquier tipo de coste, sea impositivo o de otro tipo?”, se preguntaba.