Una labor rutinaria. Así ha definido el secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat bajo los gobiernos de Artur Mas, Roger Albinyana, el pago de 4.130 euros por un estudio sobre defensa que la administración catalana efectuó en 2015 a una empresa belga que fue investigada por corrupción y blanqueo de capitales.
Albinyana, que hoy ya no forma parte del Govern, ha declarado este martes como imputado ante la jueza de Barcelona que investiga los gastos exteriores de la Generalitat bajo los gobiernos de Mas y Puigdemont por si supusieron malversación de fondos públicos. También ha declarado Teresa Prohías, en la época directora de servicios del departamento de Presidencia y que actualmente ocupa el mismo cargo en la Vicepresidencia.
El informe encargado en Bélgica es uno de los once gastos del Govern investigados en la causa, que ascienden a alrededor de un millón de euros. Los pagos se dividen en dos materias: trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern, como la defensa, otros que versaron sobre la internacionalización del procés y aspectos de un nuevo Estado catalán, y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.
Según fuentes jurídicas, Albinyana se ha desvinculado de cualquier irregularidad en relación a la contratación de la empresa belga, y ha señalado que el pago a la firma era uno de los muchos documentos que en la época le “ponían sobre la mesa”, y que lo autorizó como hizo como tantos otros estudios.
Pese a reconocer que alguien de fuera de la política pueda parecerle extraño, Albinyana ha negado que hubiera irregularidad alguna en el proceso que precedió a la contratación de la firma belga, que fue sugerida por el histórico político de CDC y exdiputado en el Congreso Jordi Xuclà. Así lo ha precisó ante la jueza el sociólogo Salvador Cardús, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional y quien encargó el informe bajo sospecha, en su declaración como testigo de hace dos semanas.