El exconseller de Presidència Francesc Homs ha negado cualquier irregularidad ante la jueza sobre la subvención directa de 7.400 que otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y ha acusado a la Fiscalía de “persecución política”.
La jueza archivó en primera instancia la causa para Homs, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en relación a tres gastos en su etapa como conseller de Presidència (2011-12). Además de la subvención a CATDem, el Ministerio Público sospecha de un encargo de Presidència a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso.
Después de declarar durante más de una hora y media en el juzgado, Homs ha dicho a los periodistas que su defensa legal es “sencilla” porque la causa ya se había archivado y los temas investigados no admiten “discusión”. Ha criticado a la fiscalía por hacer “apreciaciones políticas” y preguntarle si algunas decisiones del Gobierno eran “lógicas”. Según él, solo tiene que responder si las decisiones eran legales, pero no si tenían lógica. Por eso, considera que la fiscalía persigue “políticamente” los independentistas, mientras se “relaja” y archiva todas las causas del rey emérito, que este jueves llegó a España.
Hombre de confianza de Artur Mas, Homs fue uno de los redactores de la reforma del Estatut y, tras la vuelta de Convergència al Govern, ocupó la conselleria de Presidència y la portavocía. Su carrera continuó como diputado en el Congreso, que tuvo que dejar tras ser condenado por la consulta del 9-N. Ya sin cargo público, asesoró a las defensas de los políticos de Junts per Catalunya en el juicio del procés, llegándose a sentar en estrados del Tribunal Supremo, ya que es abogado. La Generalitat lo nombró en 2018 miembro de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por quince juristas catalanes de reconocido prestigio.
Las subvenciones que han puesto a Homs de nuevo bajo la lupa judicial forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017, que desveló un desembolso millonario de la Generalitat en actividades para promocionar el proceso soberanista en el extranjero. Al margen de las indemnizaciones que puedan afrontar los dirigentes soberanistas, entre ellos el propio Homs, en el Tribunal de Cuentas –la causa contable se encuentra pendiente de enjuiciamiento–, la Fiscalía presentó una querella penal en los juzgados de Barcelona.
Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.
Preguntado por la subvención a la CATDem, Homs ha respondido que está publicada en el DOGC desde el 2013 y que pasó todos los controles legales establecidos. En este punto, Homs ha dicho que ha tenido la sensación de estar en el Parlamento cuestionado por la oposición, y no en un juzgado penal.
El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.
La magistrada Carmen García, que sí admitió la querella de la Fiscalía respecto a otros gastos exteriores, no vio delito en los tres atribuidos a Homs al no apreciar indicios delictivos y no verlos vinculados al proceso soberanista. Es más, la instructora calificó los gastos de “meras irregularidades administrativas” cuya responsabilidad debía valorarse en el Tribunal de Cuentas, pero no por la vía penal. Ahora la jueza tendrá que valorar si archiva de nuevo el caso.