Una de las dos políticas independentistas beneficiadas por la derogación del delito sedición ya tiene planes de vuelta. La exconsellera de Enseñanza y actual eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha asegurado que quiere regresar a Catalunya “lo antes posible”, pero sin presentarse ante el Tribunal Supremo por voluntad propia al no reconocer la autoridad del Alto Tribunal.
El juez del Supremo Pablo Llarena aplicó este jueves el nuevo Código Penal pactado por ERC y el Gobierno y retiró la sedición de los cargos por los que reclama a los líderes independentistas en el extranjero. Ahora Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se enfrentan únicamente a un delito de desobediencia, castigado con inhabilitación y no con penas de cárcel, por lo que ya pueden volver a España sin el riesgo de entrar en prisión, que sí se mantiene para Carles Puigdemont.
A diferencia de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que serán reclamados por malversación una vez se despeje la maraña de procedimientos ante la Justicia europea, el juez Llarena constató que no puede pedir la extradición de Ponsatí y Rovira ya que la desobediencia no está castigada con penas de cárcel. En consecuencia, mantuvo tan solo la detención en España de ambas políticas a los únicos efectos de tomarles declaración por este delito y no como paso previo a su ingreso en prisión preventiva, que sí ordenó para el expresident.
En declaraciones a Catalunya Ràdio este viernes, Ponsatí ha recordado además que, como europarlamentaria, tiene inmunidad de forma provisional porque así lo decidió la Justicia europea mientras no resuelve la causa del suplicatorio. “Garantías democráticas en el Estado español no se tienen nunca”, ha recalcado, pese a reafirmar sus intenciones de volver en función de su agenda.
De esta forma, si Ponsatí vuelve sin presentarse ante el Supremo, el juez Llarena se encontrará ante la disyuntiva de proceder al arresto de la europarlamentaria para tomarle declaración y después dejarla en libertad –con el riesgo de que la exconsellera emprenda acciones legales contra él por vulnerar la inmunidad– o no concretar el arresto.
“Dado que Llarena ha renunciando a perseguirme para ponerme en prisión, yo volveré a mi casa”, ha destacado la exconsellera, que ha insistido en que desconoce cómo reaccionará el juez del Supremo una vez ponga un pie en España. Al igual que hiciera Puigdemont este jueves, Ponsatí ha arremetido contra el juez Llarena, a quien ha definido como “punta de lanza de la persecución española”.
En opinión de Ponsatí, la derogación del delito de sedición es la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la “presión internacional” que ejerció el independentismo, pero no cree que la reforma del Código Penal tenga grandes consecuencias desde un punto de vista político.
Tras una prestigiosa carrera académica como economista, Ponsatí dio el salto a la política para ocupar la cartera de Enseñanza en las semanas previas al referéndum del 1-O de 2017, con la única misión de que las escuelas se abrieran para la votación. Sin carné de ningún partido, fue la única consellera del Govern de Carles Puigdemont partidaria de la vía unilateral y de declarar la independencia dos días después de la votación, tal y como preveían las propias leyes de desconexión aprobadas por los soberanistas.
Tras la fallida negociación con el Gobierno y la declaración de independencia de finales de octubre de 2017, Ponsatí se marchó a Bruselas para después volver a Edimburgo (Escocia), donde trabajaba como profesora en la Universidad de Saint Andrews antes de entrar en política. Desde allí no se ahorró críticas a sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, lo que no impidió que fuera en las listas europeas de Carles Puigdemont y que desde el Brexit ostente el cargo de eurodiputada.