La primera declaración como imputada de una jefa de los espías por el caso Pegasus no sirvió para aportar detalles sobre la infiltración en el teléfono móvil de Pere Aragonès. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban se escudó varias veces en el secreto oficial que preside la actividad del centro para rehuir las preguntas del juez y el resto de partes sobre el espionaje al president de la Generalitat.
Tras dos horas con problemas en la conexión, Paz Esteban pudo comparecer el pasado viernes por videoconferencia desde los juzgados de Madrid ante el juez de Barcelona Santiago García. En la pequeña sala de interrogatorios del juzgado, también estaban el fiscal de delitos informáticos Roberto Valverde; el abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde; y dos abogados del Estado, entre ellos Beatriz Vizcaíno, que defiende a Esteban y es la coordinadora en Catalunya de los servicios jurídicos que dependen del Gobierno.
En realidad no eran dos los abogados del Estado que asistían a la exjefa del CNI, sino cuatro, pues otros dos letrados de los servicios jurídicos del Ejecutivo estaban en Madrid acompañando a Esteban. Un número de defensores muy inusual para un único cliente.
Los abogados del Estado amenazaron al letrado de Aragonès si se filtraban a la prensa detalles sobre el interrogatorio, aunque en realidad nada había que contar a los periodistas: ya a las primeras preguntas del juez, Esteban se escudó en que no podía contar mucho. La razón que adujo fue el secreto en la actividad del CNI que impone la ley reguladora del centro.
Aunque su condición de imputada le otorgaba pleno derecho a no contestar a cualquiera de las partes, Esteban fue reiterativa en alegar que era el secreto oficial lo que le impedía responder a las preguntas sobre el espionaje, según ha podido saber elDiario.es. Todo ello pese a que el Gobierno había desclasificado unas horas antes los tres únicos documentos –aunque no en su totalidad– sobre la infiltración del CNI en el móvil de Aragonès.
El Gobierno y Esteban emplearon argumentos similares para evitar dar cuenta de todos los extremos del espionaje a Aragonès. El Ejecutivo rechazó responder a la petición del juez sobre quién del CNI ordenó la compra de Pegasus y dónde se guardaron los datos de la intromisión en el móvil de Aragonès con el argumento de que se trataba de información reservada que podría afectar a la seguridad de fuentes del centro o a sus agentes.
Ese mismo argumento de la afectación a la seguridad empleó el Ejecutivo para no entregar en su totalidad los autos del Supremo, que contienen numerosos tachones. En los autos aparece que el CNI pidió espiar a Aragonès con el argumento de que lideraba “en la clandestinidad” a los Comités de Defensa de la República (CDR), una hipótesis inédita que solo sirvió para espiar al dirigente de ERC y que no ha aparecido en ninguna de las causas judiciales que han puesto el foco en los CDR.
Sin embargo, el Gobierno decidió entregar los autos “con la ocultación expresa de las partes que conduzcan al conocimiento de medios o procedimientos del CNI”. Esteban siguió el viernes ese argumento, dado que la ley del CNI otorga el grado de secreto a todas las actividades, medios y procedimientos del centro. En suma, no amplió más de lo que el Gobierno decidió retirar la reserva en lo que supone solo la novena vez que el Ejecutivo desclasifica documentos. Antes de Pegasus, el Gobierno solo lo había hecho con casos como los GAL o los atentados del 11-M.
La exjefa de los espías españoles, en suma, mantuvo su línea de defensa: desde el inicio del caso Esteban, a la que defiende la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, ha rechazado las diligencias acordadas por el juez para esclarecer el caso, y llegó a pedir que no se solicitara al Ejecutivo la desclasificación de documentos.
Espionaje en fechas políticas clave
Pese a que Esteban fue parca en palabras, los documentos desclasificados por el Ejecutivo (la única información obtenida por el juez a lo largo de la instrucción tras múltiples peticiones) han permitido corroborar judicialmente dos extremos: que hubo una intromisión en el móvil de Aragonès y que corrió a cargo del CNI, tal y como la propia Esteban había reconocido en el Congreso en una comparecencia a puerta cerrada previa a que el Gobierno y ERC acordaran su cese como intento de acabar con la crisis política abierta a raíz del caso Pegasus.
Hasta qué punto fue ilegal –aunque estuviera avalada por el Supremo– la intromisión total del CNI en el móvil de Aragonès será el próximo paso a determinar en la investigación que dirige el juez Santiago García y que hasta ahora ha sido la que más resultados ha dado de la más de media docena de procedimientos abiertos en los juzgados de Barcelona abiertos a raíz de las denuncias de independentistas. Pegaus permite no solo acceder a todo el terminal sino también activar el micrófono o la cámara.
Las fechas de los autos del Supremo, además, han permitido corroborar la tesis planteada por Aragonès en su querella de que el espionaje coincidió con momentos clave de la política catalana y española. La primera resolución para espiar a Aragonès fue el 24 de julio de 2019, coincidiendo con la investidura fallida de Pedro Sánchez en cuyas negociaciones participó ERC.
Tres meses después, el 21 de octubre, en plenas protestas contra la sentencia del procés, el juez autorizó al CNI una prórroga en el espionaje. La última autorización fue tres meses después, el 14 de enero de 2020, coincidiendo con la arrancada del Gobierno de Pedro Sánchez cuya investidura propició ERC. En aquellas fechas Aragonès era vicepresident del Govern.