La familia Sumarroca, varios de cuyos miembros están acusados de corrupción en el caso Pujol y el 3%, se ha querellado contra la senadora y exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por considerarse víctimas de la Operación Catalunya.
En su querella, presentada ante el Tribunal Supremo por la condición de aforada de Sánchez-Camacho, cinco miembros de la familia piden que se investigue si la líder popular y la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy urdieron un plan para que la justicia investigara a los Sumarroca, una familia de empresarios muy cercana a los Pujol, mediante pruebas falsas.
Los audios de la conversación entre Sánchez-Camacho y Villarejo han motivado ya otras denuncias del conseller de Economia, Jaume Giró, de un exjefe de la Policía en Catalunya y del expresidente del Barça Sandro Rosell, como perjudicados de los planes de la brigada política del PP. En Andorra una jueza también investiga las maniobras parapoliciales contra los Pujol.
La denuncia se basa en los audios del excomisario Villarejo que revelan una reunión de este con Sánchez-Camacho en noviembre de 2012 en la que la entonces presidenta del PP le facilitó “una auténtica lista negra de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo”.
En esa lista, señalan los querellantes, figuraba la familia Sumarroca, que cuenta con uno de los principales grupos constructores de Catalunya adjudicatarios de obra pública y ha estado históricamente vinculada a los Pujol, con quienes han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergencia Democràtica (CDC).
Con el paso del tiempo los Pujol, los Sumarroca y Convergència también han compartido imputaciones judiciales por corrupción. En la causa sobre el origen de la fortuna del expresident, la Fiscalía pide dos años de cárcel a Carles Sumarroca Claverol por falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa del 3% todavía está pendiente desde hace dos años de que la Fiscalía formule acusación.
La querella mantiene que las investigaciones contra la familia Sumarroca fueron “prospectivas” al basarse en el interés de Villarejo y Sánchez Camacho para que se abrieran causa judiciales al entorno de los Pujol. Los casos, abunda la querella, “han partido de iniciales hipótesis de trabajo sobre la afinidad entre ambas familias y de auténticas conjeturas de la autoridad policial que no venían respaldadas por ningún indicio, sino que simple y sencillamente tenían por objetivo tejer las bases de lo que posteriormente se ha conocido como la Operación Catalunya”.
Según mantiene la querella, mandos de la Policía Nacional, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, incluso determinados periodistas y medios de comunicación se concertaron para “elaborar un plan” contra el movimiento independentista catalán con el fin de poner freno al procés.
Dicha estrategia, según los querellantes, “consistía fundamentalmente, en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento, ya fueran cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios”.
Además de Sánchez-Camacho y Villarejo, la querella de los Sumarroca se dirige contra el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal, el exdirector general del Gabinete del Ministerio de Interior Francisco Martínez, el comisario jubilado Eugenio Pino y el inspector de la UDEF Álvaro Ibáñez. Antes de decidir si la admite a trámite, el Supremo deberá pedir un informe a la Fiscalía.