La financiación de la Generalitat, el último escollo de ERC para dar luz verde a la investidura

Pere Aragonès y Félix Bolaños hicieron un pequeño aparte el pasado jueves, en la cena de la patronal CECOT en Terrassa, para intercambiar unas palabras. El ministro también había estado por la tarde con Josep María Jové, el máximo negociador de ERC. El president le trasladó el mensaje de que estaban jugando con fuego. En el Govern repiten que, si la negociación no se desencalla y el Gobierno no comienza a abrir la mano a sus demandas, los votos de los republicanos peligran de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Pero en el PSOE creen que es un farol y que los republicanos no pueden provocar elecciones si hay acuerdo con Junts.

Realidad o escenificación, lo cierto es que las reclamaciones de ERC están teniendo serios problemas para hacerse hueco en las negociaciones, centradas casi por completo en la amnistía. La formación de Junqueras ha puesto bajo el foco varios asuntos, como que la mesa de diálogo siga o que haya cambios en el servicio ferroviario de Rodalies. En el Govern aseguran que la ley de amnistía está prácticamente pactada, pero son conscientes de que la paternidad no les será imputada a ellos, sino que será Junts quien capitalice esa medida. “Es un partido que tenemos que jugar aunque nuestros goles no se apunten en nuestro marcador”, aseguran desde la formación.

Es ese razonamiento el que ha llevado a ERC a priorizar en estas negociaciones asuntos que llevan indistinguiblemente su sello, como la mesa de diálogo, la financiación o el transporte público. Y, aunque ninguno de esos temas va como quisieran, reconocen que hay avances parciales en algunos de ellos. Que continuará habiendo una mesa bilateral entre el Gobierno central y el catalán se da por descontado y, a la vez, en el Ministerio de Transportes ya no marcan la línea roja en el traspaso de todas las líneas de Rodalies sino sobre todo en aquellas que tienen interés público, es decir, las que enlazan con vías internacionales.

Pero las quejas de Esquerra se dirigen ahora de forma muy clara hacia un tema, que se ha convertido en el último escollo para el acuerdo: la financiación de la Generalitat. No solo no hay avances, sino que ni siquiera hay apenas interlocución, aseguran.

“Detectamos un problema con María Jesús Montero”, afirman fuentes republicanas sobre la ministra de Hacienda. Según apuntan, cosas que se encarrilan políticamente, e incluso acuerdos firmados en la legislatura pasada, quedan parados cuando llegan a la mesa de la ministra, que tiene la última palabra sobre cada euro que se mueve desde que lo recauda Hacienda hasta que llega al resto de administraciones.

“Hay una serie de temas que no forman parte de esta negociación, pero que antes de empezar a negociar pusimos sobre la mesa porque ya están acordados y no se han cumplido”, indican, en referencia a cuestiones como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, acordado en noviembre de 2020, la mejora de la financiación para los Mossos o los 60 millones para el llamado “hub audiovisual”, también cerrados a cambio de los últimos presupuestos.

Consultados por estas cuestiones, en el Ministerio de Hacienda ponen sordina a las quejas independentistas y aseguran de forma escueta que “la ministra tiene una forma muy diferente de negociar, que no es ir comentando en público”. Montero ha acompañado a Bolaños en algunas reuniones con ERC y los republicanos han acabado quejándose al considerar que más que ayudar a hacer progresar las conversaciones, las “bloquea”.

Con estos antecedentes, la formación de Junqueras cree que es también Hacienda quien está obstaculizando cualquier paso en la negociación sobre la financiación de la Generalitat, que para ellos es ahora una prioridad relevante.

Sobre el papel, la propuesta de ERC es una ley de financiación singular para Catalunya, lo que permitiría a la administración catalana recaudar todos los impuestos en la comunidad y después traspasar al Estado lo necesario para la financiación de la administración general del Estado, de una forma similar a lo que ocurre en las diputaciones vascas y Navarra. Pero esto es, como es patente, un objetivo de máximos. El de mínimos es aliviar, dentro del sistema autonómico de régimen general, el llamado “déficit fiscal”, que hace que Catalunya pierda todos los años puestos entre su capacidad fiscal y la financiación que recibe por habitante.

La competición con Junts, más allá de la amnistía

Tras el resultado del pasado 23 de julio, cuando Junts pasó de una fuerza irrelevante para la mayoría de Pedro Sánchez a una absolutamente clave, ERC supo que sufriría para hacerse notar en la negociación. Los republicanos sufrieron un problema de visibilidad que en el partido, inicialmente, aceptaron con resignación. “El PSOE prioriza a Junts, ya sabemos que no somos su prioridad ahora”, afirmaba un dirigente en pleno agosto. Pero la situación comenzó a enervar al partido cuando, ya bien entrado septiembre, ninguna de las tres carpetas (financiación, Rodalies, tratar la autodeterminación en la mesa de diálogo) se había movido ni un milímetro.

La respuesta que los negociadores del PSOE repiten internamente es que la amnistía ya es, para ellos, una concesión enorme al independentismo. Pero ERC, convencida de que esa ley será apuntada en el marcado de Junts, quiere un acuerdo de similar trascendencia en sus carpetas. Sabe que solo de esa forma conseguirá salvar la cara ante Carles Puigdemont, que ha pasado de abonar la “confrontación” como única estrategia coherente con el independentismo a entrar en una negociación con la que aspira a pasar la mano por la cara a ERC.

En Junts, de hecho, ya han comenzado a remarcar que el problema de ERC no es que negocie, tal y como repitieron hasta la saciedad en la última legislatura, sino que negocie mal. Algo que los republicanos, ahora que han decidido blandir ante el Gobierno los incumplimientos de negociaciones pretéritas, ni siquiera parecen tener argumentos de peso para negar.

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