9 de enero de 2013. 4:30h. de la madrugada. Exteriores de la discoteca Pachá La Pineda de Vila-seca (Tarragona). Este es el escenario en el que la Fiscalía sitúa una “brutal paliza” de dos policías locales del municipio a un hombre, que casi pierde la vida. El Ministerio Público reclama hasta 20 años de cárcel a dos uniformados por intento de asesinato y por haber intentado encubrir la agresión con un atestado falso.
Consultado por elDiario.es, el Ayuntamiento de Vila-seca ha declinado comentar el caso y contestar si ha adoptado alguna medida cautelar sobre los agentes mientras se sustenta el proceso judicial, cuya vista oral se celebrará a finales de noviembre en la Audiencia de Tarragona. Más de 10 años después de los hechos.
En el banquillo de los acusados se sentarán el entonces jefe de la policía local de Vila-seca, J.L., y los dos agentes que habrían propinado la paliza a la víctima, F.J.V. y D.M. En palabras del abogado del denunciante, Eduard Arrià, el caso tiene “tintes cinematográficos, pero es bien real”. Se trata de una de las acusaciones más graves de la Fiscalía contra agentes de la autoridad de los últimos años.
Todo empezó en la discoteca Pachá La Pineda. Según coinciden las acusaciones, la víctima se encontraba en el aparcamiento frente al local en estado de embriaguez tras haber protagonizado un encontronazo con otro cliente, que había sido agente de la policía local de Vila-seca y conocía a los acusados.
Los dos policías estaban patrullando ante la discoteca y preguntaron a su conocido y a su pareja si querían denunciar al hombre. Recibieron una respuesta negativa, pero decidieron actuar igualmente, según el relato de la Fiscalía y la acusación particular de la víctima.
“Con evidente abuso de su cargo”, expone el fiscal, los dos agentes “decidieron castigar” al hombre por el incidente ocurrido en la discoteca y por los “improperios” que dedicó a los uniformados mientras lo subían al coche patrulla.
Parking oscuro y sin cámaras
Los acusados, continúan las acusaciones, condujeron al detenido hacia el parking de un hotel cercano que en enero estaba cerrado, lo que según el fiscal los policías aprovecharon para “anular completamente las posibilidades de defensa y auxilio de la víctima”. Y allí le habrían propinado una paliza que casi acaba con su vida.
Los escritos de acusación se detienen en los detalles de la agresión: uno de los agentes, que tenía formación en boxeo, habría acorralado contra una valla al denunciante y le habría propinado “numerosos y fuertes golpes por todo el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza y zonas vitales del tronco”, detalla el fiscal.
La violencia fue tal, coinciden las acusaciones, que el agente “asumió que podía acabar” con la vida de la víctima, de quien además se habría aprovechado de su estado de embriaguez. Todo ello mientras el otro uniformado vigilaba que no viniera nadie.
Fiscalía y víctima aseguran que una vez terminó la paliza los agentes llamaron a la policía local de Salou (Tarragona) para obtener el domicilio de la víctima, pero que al no hallarlo “lo abandonaron a su suerte en la vía pública y sin dar avisos a los servicios médicos, con manifiesto desprecio por su vida pues eran conscientes de que podía fallecer a causa de la graves lesiones”.
Dos agentes de los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar tras la llamada de un ciudadano no identificado encontraron al hombre herido a la mañana siguiente “detrás de unos arbustos, de rodillas y con las manos en la cara”. No recordaba nada de lo ocurrido.
La gravedad de las heridas –fracturas en las costillas, lesiones pulmonares, derrame pleural, amnesia postraumática, neumotórax– está lejos de toda duda al estar refrendada en los partes médicos, y conlleva la acusación de tentativa de asesinato.
El principal obstáculo probatorio es que el caso se sustenta, en esencia, en una única declaración, la de la víctima, a la que la Fiscalía da plena credibilidad. No hay más testigos que puedan corroborar los hechos porque tuvieron lugar en un lugar apartado y sin cámaras de seguridad. Sí se disponen de datos del teléfono de los acusados.
Hay alguien más que sabe qué ocurrió, pero no ha aparecido en el procedimiento: un anónimo envió una carta al denunciante un año y medio después de los hechos señalando a los acusados, lo que permitió a los Mossos d’Esquadra un avance decisivo en las pesquisas.
El atestado falso
El relato acusatorio no se detiene en la supuesta agresión. Tras perpetrar la paliza, los dos policías habrían comunicado a su jefe de la comisaría de policía local de Vila-seca los hechos. La respuesta de su superior fue “encubrir el suceso y obstaculizar” la investigación abierta por los Mossos d’Esquadra, mantiene el fiscal.
Con el objetivo de ocultar los hechos, el jefe policial habría indicado a los agentes que redactaran una minuta para que expusieran unos hechos falsos que impidieron vincularles con la agresión. Y los uniformados, siempre según el relato de las acusaciones, obedecieron a pies juntillas las sugerencias de su jefe, pues en un atestado plasmaron que recogieron a la víctima ya herida y la acompañaron a su domicilio.
El jefe policial “no solo no promovió la persecución de los delitos cometidos por sus subordinados, sino que además procuró su impunidad con acciones como la elaboración de la mendaz minuta y advertirles de que sus teléfonos podían estar intervenidos”.
Para el jefe policial, la Fiscalía y la acusación particular piden 7 años y medio de cárcel y 15 de inhabilitación por falsedad documental y encubrimiento, mientras que para los dos agentes la pena solicitada asciende a 20 años y tres meses de cárcel por asesinato en grado de tentativa, torturas y falsedad documental. Las indemnizaciones reclamadas por las lesiones y daños morales suman hasta 77.755,25 euros.