Fiscalía y Abogacía del Estado apuntan a que no pedirán prisión a la consellera de Cultura por el 1-O

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, irá a juicio más pronto que tarde por su papel en la logística del referéndum del 1 de octubre de 2017. Lo hará sabiendo que las dos principales acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, la acusarán solo por desobediencia, delito que no conlleva penas de cárcel. Solo Vox pedirá, previsiblemente, abultadas penas de prisión, tal y como viene haciendo la extrema derecha en las causas del procés.

Si en el plano político la Generalitat culminó este domingo la normalización de relaciones con el Gobierno central, en el terreno judicial las cosas siguen como siempre, es decir, con diputados independentistas y miembros del Govern imputados y exponiéndose a penas de inhabilitación o de cárcel. Este lunes ha sido el turno de Garriga, que ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debido a su condición de aforada tras su nombramiento como consellera del Govern de Pere Aragonès.

Garriga fue uno de los cargos detenidos el 20 de septiembre de 2017, en la operación de la Guardia Civil contra la logística del 1-O que dio pie al registro de la conselleria de Economía, dirigida entonces por Oriol Junqueras y donde la ahora consellera ejercía de directora de servicios. Casi cinco años después, la titular de Cultura todavía arrastra una causa judicial por su papel en la votación.

Fuera del Palacio de Justicia de Barcelona, varios consellers del Govern, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y dirigentes de ERC, JxCat, la CUP y Òmnium Cultural han arropado a la consellera de Cultura, a la que ha el president, Pere Aragonès, ha apoyado con un tuit. Dentro de la sala de interrogatorios, según han informado fuentes jurídicas, Garriga ha contestado tan solo a preguntas de su defensa, que ejerce la letrada Laura Parés, en una breve declaración de 15 minutos.

La comparecencia ha servido a la defensa para reforzar la estrategia de dejar fuera de la causa el delito de malversación. Garriga ha remarcado que las obras que se realizaron en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) no eran para acondicionarlo para el 1-O sino porque las instalaciones requerían una puesta a punto. Es más, ha insistido en que después el recinto acogió el centro de datos de las elecciones de diciembre de 2017 y, ya en pandemia, los rastreadores y el centro telefónico del 061.

No ha preguntado la defensa sobre la conversación interceptada a Garriga con uno de los procesados por los programas informáticos del 1-O, Josué Sallent, sobre la gestión de la votación, ni sobre su papel en una nave donde se almacenaron papeletas del referéndum.

En cambio la defensa sí ha pedido que el Tribunal Constitucional certifique que no le envió ningún requerimiento previo a la votación para advertirla de que no impulsara el referéndum, en un intento para desactivar la acusación para desobediencia. Sus jefes y los consellers del Govern sí recibieron el aviso del Constitucional para no impulsar la votación.

La consellera fue procesada, antes de ser aforada, por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los delitos de desobediencia y malversación por sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación.

Sin embargo, al llegar al TSJC, la causa contra Garriga se ha desinflado ya que la Fiscalía avanzó que no tiene intención de pedir una condena por malversación, sino tan solo por desobediencia, que se castiga con inhabilitación y multa pero no conlleva penas de cárcel. Según las mismas fuentes, la Abogacía del Estado se ha situado en la misma posición que el Ministerio Público, con lo que las únicas peticiones de prisión contra Garriga serán las que formule la extrema derecha de Vox, que como en todas las causas del procés ejerce la acusación popular y previsiblemente volverá a solicitar abultadas penas de cárcel.

La comparecencia de Garriga es el último trámite para que la magistrada pueda concluir el sumario del caso y que la Fiscalía, Abogacía y Vox formalicen sus acusaciones contra la consellera y los otros dos exaltos cargos de Economía durante el referéndum que la acompañarán en el banquillo, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ahora parlamentarios por ERC. Estos dos sí se exponen a penas de prisión por su mayor relevancia en la preparación de la votación.