La Fiscalía apoya la propuesta del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de formular una cuestión prejudicial a la Justicia europea para evitar que Bélgica vuelva a denegar la extradición del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tal y como el pasado mes de enero hizo con la entrega del exconseller Lluís Puig.
En su escrito, los cuatro fiscales del procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, no se ahorran críticas a los jueces belgas, y califican de “completamente arbitraria” y “absolutamente inaceptable”, además de contraria al derecho europeo en materia de extradiciones, la decisión de no entregar al exconseller Puig.
Los jueces belgas, asumiendo por primera vez una de la tesis de las defensas de los líderes del procés, concluyeron que el Supremo se atribuyó la competencia para juzgar el proceso soberanista sin una base jurídica “explícita”. “Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley” para juzgar el procés, rezó la sentencia del pasado mes de enero por el que la Justicia belga confirmó la negativa a la extradición de Puig.
La sentencia belga sobre Puig, al dejar tocada la competencia del Supremo sobre el caso del procés, ponía en dificultades la entrega de Puigdemont una vez el Parlamento Europeo le retire la inmunidad. Además de la cuestión de la competencia del Supremo, los jueces belgas denegaron la entrega de Puig porque, a su juicio, no estaba garantizada su presunción de inocencia en España, tal y como dictaminó un grupo de Naciones Unidas en un informe por el que pedía la libertad de los exconsellers presos en España.
La Fiscalía, que recuerda que el dictamen del grupo de trabajo de la ONU no es vinculante, ve “procedente” preguntar sobre los tres argumentos belgas para rechazar la extradición de Puig, es decir, si el peligro a la presunción de inocencia, el rechazo a la competencia de un tribunal y un dictamen del grupo de trabajo de la ONU fueron motivos adecuados y correctos para rechazar la extradición de un “reclamado rebelde”.