La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue al empresario y excargo de CDC David Madí por intentar influir presuntamente en el reparto de los fondos europeos de recuperación, al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Fernando Maldonado se ha adherido al recurso presentado por la defensa de Madí contra la decisión del juez instructor de enviar a la Fiscalía Europea una conversación del empresario con el apoderado de una consultora sobre el reparto de los 140.000 millones de euros en fondos de reconstrucción destinados a España.
En esa conversación de octubre del año pasado, que el juez cree apunta indicios de un intento de influir en el reparto de fondos, Madí asegura tener información de cómo se van a distribuir las ayudas europeas y haberse reunido en “pequeño comité” con el exdirector de gabinete de Presidencia del Gobierno Iván Redondo.
La conversación fue intervenida en el marco del caso Volhov, que investiga por desvío de fondos al entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont y a empresarios que formaron parte del “Estado mayor” que organizó el 1-O, entre ellos el propio Madí o el exconseller de ERC Xavier Vendrell.
La Fiscalía, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de “Volhov” -aunque la Audiencia de Barcelona las avala-, sostiene en su escrito que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”.
Para Maldonado, en la conversación Madí hace referencia a “únicamente las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”.
“Máxime si tenemos en cuenta que en la fecha de la conversación ni tan siquiera se habían transferido dichos fondos europeos para la recuperación económica”, añade el escrito, que ha avanzado este viernes La Vanguardia.
Por ese motivo, el fiscal cree que “no debe iniciarse una investigación penal cuando ni siquiera los hechos controvertidos constituyen delito, so pena de convertirse en una investigación prospectiva ajena a un estado de derecho”.
Ello conculcaría, según el Ministerio Público, “los más elementales derechos de toda persona a no ser investigada por mera arbitrariedad de los poderes públicos titulares de la investigación penal”.
En consecuencia, el Ministerio Público pide que se revoque el auto en el que el juez acordó enviar a la Fiscalía europea la conversación sobre los fondos de reconstrucción, una cuestión que ahora deberá dirimir la Audiencia de Barcelona.