Cobrar sobornos a migrantes en situación irregular a cambio de expedientes de residencia. Esto es de lo que acusa la Fiscalía a un subinspector de la Policía Nacional, jefe de extranjería de la comisaría de Terrassa (Barcelona) en el juicio por jurado popular que ha arrancado este lunes en la Audiencia de Barcelona. El Ministerio Público pide para el agente 17 años de cárcel y 24 años de inhabilitación para ejercer de policía por cohecho, falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
A petición de su defensa, el subinspector -ya jubilado- no declarará hasta la semana que viene, cuando ya habrá oído los testimonios de los agentes de Asuntos Internos que le incriminan. En su alegato inicial para empezar a convencer al jurado, la defensa del policía ha dicho que todos los atestados que confeccionó fueron “veraces”, y ha alegado que algunas de las supuestas víctimas fueron en realidad expulsadas de España.
Por contra, en su intervención con la que ha arrancado el juicio, el fiscal Manuel Sancho ha acusado al subinspector de exigir sobornos a migrantes “en situación desesperada” a cambio de regularizar su situación. Según el Ministerio Público, entre los años 2014 y 2017 el subinspector reclamaba entre 7.000 y 10.000 euros a los migrantes “por la gestión y obtención del permiso de residencia en territorio nacional”.
A cambio, el uniformado confeccionaba atestados falsos en los que aseguraba que los migrantes habían sido víctimas de un red de tráfico ilegal para llegar a España, uno de los supuestos que la ley de Extranjería contempla para otorgar la residencia. Los migrantes “no consta que estuvieran al tanto de la conducta defraudatoria” del agente, remarca el fiscal.
Tras confeccionar “mendazmente” los atestados, continúa el fiscal, el subinspector los presentaba ante el juez, con lo que resultaban cumplidos los requisitos para la propuesto y concesión administrativa del permiso de residencia a los migrantes como colaboradores en la persecución de redes de tráfico de personas que en realidad no existían.
En conjuntó, según la Fiscalía, el inspector, junto a otros tres acusados, obtuvo 55.500 euros de los diez migrantes a los que pidió dinero a cambio de tramitar su residencia. No era el policía quien intermediaba con los migrantes, sino que “utilizaba” a tres personas de la comunidad extranjera que sí conocían la “actividad defraudatoria” del agente y se aliaron con él, repartiéndose presuntamente el dinero. Para estos tres acusados el fiscal pide cinco años de cárcel.
Los tres intermediarios “actuaban en todo momento bajo la dependencia” del acusado, que según el fiscal, “indicaba qué gestiones debían llevar a cabo” los migrantes para obtener la residencia así como “las retribuciones concretas que les correspondería pagar por ello”.
El resultado de la supuesta trama fue que un mínimo de 10 migrantes accedieron a pagar dinero a cambio de la residencia. Dos de las víctimas habrían pagado 9.000 euros; una 8.000 euros; otra 7.500 euros; otras cuatro 5.000 y 3.000 euros respectivamente; otra 4.500; y la última 1.500 euros y dos coches. El juicio se retomará el miércoles y el jurado está previsto que entregue su veredicto el 2 de diciembre.