Organización criminal, fraude a la administración, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Es la pluralidad de delitos a los que se enfrentan la treintena de acusados por el caso 3% de Convergència, entre los que destacan el extesorero Andreu Viloca y el exconseller Germà Gordó y pesos pesados del mundo empresarial catalán como el constructor Jordi Sumarroca. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 21, 18 y 10 años de cárcel respectivamente.
Los antiguos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) afrontan el juicio del caso 3% divididos: mientras Viloca y Gordó han rechazado confesar la trama y se enfrentan a decenas de años de cárcel, otros exresponsables del partido como el extesorero Daniel Osàcar y el exjefe económico Francesc Sànchez sí han admitido los hechos y han logrado evitar ya antes del juicio su ingreso en prisión. El fiscal pide para ellos que paguen una multa y que realicen trabajos en beneficio de la comunidad.
En su escrito, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal José Grinda pide además que Convergència actualmente en fase de liquidación, y su sucesora, el PDeCAT, paguen tres millones de euros en multas como responsables del sistema de financiación ilegal de la formación nacionalista.
Más de dos años después de que Gordó y los demás investigados del caso fueran procesados, la Fiscalía ha formalizado su acusación. En los últimos meses Anticorrupción ha mantenido conversaciones con algunos de los imputados, que han logrado sustanciales rebajas de pena a cambio de confesar su participación en la trama.
Del total de 30 acusados, diez han llegado a pactos con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de evitar su ingreso en prisión. Entre ellos destacan Osàcar, ya condenado por el caso Palau y que confesó en el 3% para lograr el tercer grado, y Sànchez. De ambos el fiscal destaca además que han aportado datos para “esclarecer otros hechos investigados en piezas separadas”, en referencia a la manta de la que tiró Osàcar en relación al blanqueo de capitales de donaciones.
Destaca el fiscal que Gordó tuvo un papel de “dirección” en la trama, que luego ejecutaban los extesoreros y los trabajadores del partido. El esquema de “financiación ilegal”, según el relato del fiscal, tenía varías ramificaciones. Por un lado, el exconseller y el resto de acusados del partido monitorizaban las obras públicas que iban a lanzar la Generalitat y varios ayuntamientos convergentes, para luego negociar con los empresarios las adjudicaciones y asegurarse que las recibían. Todo ello a cambio de una donación de los constructores a Convergència.
Pero las donaciones de constructores a Convergència no solo estaban vinculadas a un concurso concreto, sino que también se realizaban, explica el fiscal, para “crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta” para futuras obras públicas. Es decir, una suerte de peaje ilegal para poder empezar a ser considerado para construir obra pública en Catalunya.
El sistema de donaciones a cambio de obra pública estaba “normalizado” en Convergència y “se sostuvo en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados los responsables.”, abunda el fiscal. Para el fiscal, el paso de Convergència al PDeCAT en 2016 fue un mero intento de “desconectarse de las responsabilidades” penales que ya sobrevolaban al partido con el caso Palau y el 3%.
Pesos pesados de política y economía
Las obras amañadas incluyen tanto algunas que se licitaron desde el Govern de Artur Mas como de una decena de ayuntamientos convergentes, como por el ejemplo el de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias. Además de los acusados provenientes de Convergència, en el banquillo se sentarán otros pesos pesados del mundo político y empresarial catalán. Es el caso del que fuera mano derecho de Trias en el consistorio barcelonés, Antoni Vives –ya condenado en otra causa de corrupción. El fiscal pide para él seis años y diez meses de cárcel.
También están acusados el actual director general de Fira de Barcelona y exgerente de la empresa de obra pública del consistorio, Constantí Serrallonga; el expresidente del Puerto de Barcelona Sixte Cambra; los exjefes de la empresa de obra pública de la Generalitat Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell; y el constructor Jordi Sumarroca, heredero de una de las sagas empresariales históricamente vinculadas al pujolismo. Las penas solicitadas van de los 10 años de cárcel para Sumarroca y Rosell a los cinco para Cambra y Quer y a los cuatro años y medio para Serrallonga.