La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel para ocho de los 12 activistas de los Comités de la Defensa por la República (CDR) por los delitos de organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas e intento de estragos de terroristas. Para los otros cuatro acusados la pena solicitada es de ocho años de prisión tan solo por el primer delito.
Pese a que la propia Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva, la Fiscalía viene insistiendo a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados. Su escrito de acusación de este viernes no es una excepción.
En su escrito, la Fiscalía considera que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que habrían conformado “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.
Según el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados presentaban una “gran radicalidad” y sus planes se habrían concretado en un intento de ocupación del Parlament de Catalunya coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O “bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros”.
El fiscal describe un reparto de roles entre los acusados, con funciones de liderazgo y ejecución de las acciones. Ocho de los procesados se habrían dedicado a “labores de elaboración de la sustancia denominada termita”, un producto deflagrante empleado supuestamente para fabricar explosivos, mientras otros obtenían “material y financiación” para las actividades.
Los acusados, expone el fiscal, crearon un grupo llamado 'Batcueva' y que sería el encargado de “la fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias” en el domicilio de uno de los encausados. En las casas de tres de los acusados se incautaron abundantes materiales químicos, además de mapas de carreteras sobre posibles objetivos y manuales sobre la confección de explosivos.
“Además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario Termita -ahonda el fiscal- los acusados realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y/o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita”.
El fiscal también destaca la coordinación y el “permanente contacto” de los acusados a través de grupos de la aplicación de mensajería Signal llamados “ball de bastons”, “resistencia”, “las tortugas ninja”, “batman”, “Sociedad Alkoholica”, “GaarRapata” y “no surrender”.
En estos grupos, según la tesis del fiscal, los acusados utilizarían lenguaje en clave y se referirían a una “verbena”, a “fuegos artificiales” y a un “grupo de diablos” cuando en realidad hablaban de acciones violentas.
Según el fiscal, el grupo tenía como objetivos de los que había tomado imágenes o había realizado vigilancias varios edificios, como la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía Superior de Catalunya, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, torres de alta tensión o autopistas y peajes.
Los 12 CDR procesados habían sido uno de los nudos a resolver en las negociaciones sobre la amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas debido a la acusación por terrorismo. En la ley registrada en el Congreso, este caso también estaría incluidos en la futura amnistía, ya que los casos de terrorismo solo se excluyen de la norma si tienen sentencia firme, algo que no ocurre con los CDR, que todavía no han sido juzgados.
Todos los 12 procesados permanecen en libertad a día de hoy. El sumario de los CDR saltó a la palestra pública con la operación que provocó la detención y encarcelamiento preventivo de seis de los investigado en septiembre de 2019 ante la sospecha del juez de que los procesados llevaran a cabo acciones contra la sentencia del procés o por el aniversario del 1-O.
Pese a rechazar archivar el caso, durante la fase de instrucción la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en duda “la existencia de una organización terrorista”, en referencia a los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), la supuesta célula de los CDR de la que habrían formado parte los procesados para llevar a cabo acciones como la ocupación del Parlament. Las defensas se servirán de estas dudas para intentar la absolución de los CDR si el juicio llega a celebrarse.