La Fiscalía de Catalunya pide un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para la exconsellera de Agricultura y diputada de ERC Meritxell Serret, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional por facilitar la celebración del referéndum del 1-O. Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración de independencia de 2017, regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo.
En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ante el que Serret es aforada, la Fiscalía sostiene que la exconsellera “intervino en la adopción de algunas de las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar” el referéndum del 1-O, como miembro del Govern de Carles Puigdemont.
El ministerio público le acusa de desobediencia grave por, entre otros actos, haber aprobado el presupuesto de la Generalitat en mayo del 2017 que preveía partidas por el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria de la votación pese a recibir las advertencias del Tribunal Constitucional.